Con la intervención del Fiscal General ante el TOF de Corrientes, Carlos Schaefer, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, el próximo 7 de febrero comenzará el juicio oral y público contra once integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país, mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.
Los imputados son Carlos Elías Pacheco, José Alberto Velazco, Carlos Alberto Pereira, Osvaldo Jorge Villán, William Hurtado Suárez, Edison Fernando Álvez Dzwieleski, Gabriel Pirro Mori, Noelia Rocío Brítez, María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz y Horacio Rubén Acosta.
La investigación se inició en noviembre de 2013, cuando el Jefe del Escuadrón N°57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional informó al Juzgado Federal de Paso de los Libres que en el establecimiento ganadero “Santa Úrsula” –ubicado a 110 kilómetros de dicha localidad correntina- los días miércoles y jueves aterrizaba una avioneta que permanecía en el lugar 45 minutos, y la cual era custodiada por hombres fuertemente armados. Así, el 14 de noviembre de ese año, se ordenaron una serie de allanamientos, que concluyeron con el arresto de Carlos Pacheco.
En el procedimiento realizado en la Estancia “Santa María del Aguapey” se advirtió la existencia de una pista de aterrizaje rudimentaria, al tiempo que se encontraron una avioneta, distintos vehículos, una cisterna con combustible para aeronaves y un acoplado con doce bultos, cada uno de los cuales contenía veinticinco paquetes de clorhidrato de cocaína, por un pesaje total de 329,872 kilogramos. Asimismo se procedió a la detención de Pereira, Villán, Hurtado Suárez, Álvez Dzwieleski, Pirro Mori, Brítez y Velazco y al secuestro de documentación de interés para la investigación, teléfonos celulares y armamento.
También se allanó la Estancia “Santa Úrsula”, en la que se encontraron piezas de aeronaves y, ocultas entre la vegetación, dos avionetas, en cuyo interior se encontraron documentos. Un año después, en febrero de 2014, se practicó un procedimiento en la vivienda de Calabrese, donde se la detuvo y se secuestró un vehículo de alta gama, teléfonos celulares y documentación.
Por su parte, Niemez quedó detenido al presentarse espontáneamente en el Juzgado, el 7 de abril de 2014, mientras que Acosta fue apresado en la noche del 25 de abril de ese año, cuando realizaba los trámites migratorios para cruzar el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación (Paraguay).
En 2015, los acusados fueron procesados en orden al delito de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, agravado por la organización y cantidad de intervinientes, en concurso real con el delito de asociación ilícita. Sin embargo, Calabrese logró evitar la prisión preventiva, lo que motivó una presentación de los fiscales Schaefer e Iglesias y la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló la decisión de la Cámara Federal de Corrientes que la mantenía en situación de libertad.
“Con anterioridad al día 14 de noviembre del año 2013 han conformado una asociación ilícita, poniendo en marcha una organización criminal, con componentes internacionales, dedicada al tráfico ilegal de estupefacientes; cumpliendo para ello varios roles distintos, desplegando su accionar por diferentes puntos geográficos de la Argentina y de países vecinos (Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil), con epicentro en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, donde utilizando la infraestructura de establecimientos rurales, situados en una zona limítrofe con Brasil y Paraguay, como ser las estancias ‘Santa Úrsula’ y ‘Santa María del Aguapey’ (propiedad de Calabrese) recibían proveniente del exterior una importante cantidad de sustancia estupefaciente –cocaína- que luego de ingresar al territorio nacional a bordo de aeronaves particulares que aterrizaban en esos predios, era acopiada transitoriamente en diferentes ámbitos físicos de las estancias, para luego nuevamente ser trasladada hacia otros lugares de Argentina y de países fronterizos”, sostuvo la fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio.
Ahora, los once imputados serán sometidos a juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en orden a los delitos de “transporte y almacenamiento de estupefacientes y organización para llevar a cabo ambos delitos, agravado por la cantidad organizada de intervinientes, en concurso real con asociación ilícita; con la especificación respecto de Carlos Elías Pacheco, Florentino Niemiz e Hilda Calabrese de ser organizadores de la mencionada asociación ilícita y organizadores en el hecho de transporte y almacenamiento; de la imputada Noelía Rocío Britez de ser partícipe necesario de los delitos de tráfico indicados; y de todos ellos –a excepción de Acosta- de ser coautores por división de funciones de los delitos de tráfico señalados precedentemente”.
Otras investigaciones
En virtud de que se secuestraron armas de guerra y gran cantidad de municiones se solicitó investigar sino habían incurrido en el delito de tenencia de arma. También se pidió ahondar la pesquisa en relación a si se violaron las disposiciones del Código Aeronáutico.