El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó a juzgar este lunes a 10 exmilitares y exgendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23, en el décimo juicio por delitos de este tipo que se realiza en esa provincia y el de mayor cantidad de víctimas y acusados. Durante tres meses, 30 personas darán sus testimonios y se juzgarán tormentos, desapariciones, homicidios y la privación ilegítima de la libertad de dos niños.
En la zona del tribunal, referentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes se concentraron para seguir el juicio y exigir «justicia y condena a los genocidas». La manifestación incluía a víctimas y familiares y la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Pietragalla ingresó al edificio judicial sin hacer declaraciones, acompañado por el senador provincial José «Pitín» Aragón (PJ), y saludó a los manifestantes y al subsecretario de Derechos Humanos de la la provincia, Manuel Cuevas.
El referente de la Agrupación HIJOS Daniel Cian dijo en diálogo con la prensa que los imputados «ocupaban cargos muy importantes, capitanes, tenientes y coroneles que estaban a cargo de las órdenes represivas en todo el nordeste».
«Somos muchos y vamos a estar acompañando a las víctimas el tiempo que dure el juicio», indicó el referente.
El proceso es contra diez represores por 104 casos de privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, en los que se condensan secuestros, alojamientos en centros clandestinos y torturas. Se juzgan además ocho casos de personas que aún permanecen desaparecidas, dos homicidios y dos hechos de niños privados de libertad con sus madres, uno de ellos nacido en cautiverio.
El juicio abarca los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y con responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de la propia Corrientes: los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención. Uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
Inicialmente se juzgaría a 21 personas que formaban parte de la Brigada de Infantería VII, sin embargo, sólo se sentarán en el banquillo 10 imputados, debido a que algunos fueron apartados de la causa y otros fallecieron.
Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los exintegrantes de Gendarmería Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Mientras De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones, el resto serán juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad.
Pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate. No llegaron a ser juzgados y “fueron beneficiados por la impunidad biológica”, según indican las organizaciones de Derechos Humanos, el coronel Cirys Dalmys Marcelo Feu; el ministro de Justicia, Eduardo Ernesto Gómez; el coronel Juan Carlos Ibarrola; el teniente Aldo Sergio Solís Nefa, y el coronel Roberto Romero Bin. Lo mismo ocurrió con efectivos de la policía provincial: el comisario Jorge Levatti; el comisario Oscar Maidana, y el oficial Oscar Guastavino.
Viajé a Corrientes para acompañar a víctimas y familiares durante el inicio del juicio VII Brigada de Infantería, en el que la @SDHArgentina es querellante. Están acusados 10 ex militares y ex gendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas. pic.twitter.com/NyZ1oCYpL3
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) August 7, 2023
Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Por el Ministerio Público actuará el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.
María Isabel Sanauria, secretaria general del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9, habló con elDiarioAR y explicó que la causa “va a poner al descubierto que una de las herramientas que usó la dictadura fue la cuadriculación territorial” para operativizar el plan represivo.
“La dictadura no podía tener un control de todo lo que era territorialmente Argentina, entonces hacen cabeza a determinadas jurisdicciones para que adapten el plan, pero también para que determinen el blanco. El que está acá es quién dice: vamos a detener a los estudiantes, vamos a detener a los sindicalistas. Es lo que hace el trabajo de inteligencia de la zona. Entonces, era darle la forma a ese plan que venía desde allá arriba”, indicó.
Este litigio busca determinar la clave de la sistematicidad y metodología del aparato represivo llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales y federales, organizadas bajo la órbita de la Brigada de Infantería VII. A partir de las 104 imputaciones mencionadas, y con el trabajo de casi una década, el proceso es una continuidad y ampliación de la causa conocida como RI9 (Regimiento de Infantería IX) que fue el primer de lesa humanidad en el interior del país y punto de partida para a armar el mapa represivo no sólo de Corrientes si no también de la región.
Se espera que el juicio dure hasta octubre. A partir de este lunes, habrá dos audiencias por semana durante los próximos tres meses, en las que desfilarán 30 testigos. Los imputados escucharán desde distintos puntos del país; tres lo harán desde la Casación Penal en Comodoro Py, uno lo hará desde una sala del Juzgado Federal de Orán, Salta, y otro desde Mendoza. Las expectativas de la querella es que se pueda dictar una sentencia antes de fin de año.