El juez jubilado Norberto Oyarbide , su novio y un amigo son el centro de una investigación que apunta a un entramado de sociedades con autos de lujo y patrimonios millonarios y que pertenecen, en los papeles, a destinatarios de planes sociales que apenas llegan a fin de mes.

 

La sospecha de los investigadores es que se montó un pantalla para esconder bienes malhabidos de Oyarbide, que fue durante 21 años juez federal y se jubiló hace dos.

 

Las novedades de la causa, que investiga su presunto enriquecimiento ilícito, no lo ayudan: este mes hubo ya 15 allanamientos en sociedades relacionadas entre sí y en ninguno de los domicilios había una empresa que funcionara normalmente. Anteayer, el fiscal Jorge Di Lello pidió que se extienda el secreto del sumario en el expediente. Además espera las respuestas a informes que pidió a organismos públicos, pero también sigue posibles huellas de Oyarbide en agencias de viajes y joyerías.

 

Según la información reunida en la causa, que incluye un informe reservado de la UIF, todos los bienes declarados de Oyarbide son el departamento donde vive, de la calle Rodríguez Peña, y un auto (un Smart cupé que conduce su novio, Claudio Blanco, a quien le extendió una cédula azul). La única cuenta que tiene es su cuenta sueldo, donde recibió 6,8 millones de pesos entre 2010 y 2017. La única tarjeta parece ser la de un supermercado. Una jubilada está habilitada para usarla. Oyarbide lo maneja todo en efectivo. No bien le depositan la jubilación, la saca y ya no hay más rastros de su dinero, dicen los investigadores. Conservar esa jubilación lo llevó a renunciar cuando el Consejo de la Magistratura lo tenía acorralado. Si el juicio político en su contra hubiera prosperado y lo hubieran destituido, la habría perdido. Mauricio Macri, no obstante, le aceptó la renuncia. El Gobierno tomó una decisión: no va a retener a ningún juez que esté dispuesto a irse. No va a correr el riesgo de no conseguir echarlo. Es el mensaje que le envió el ministro de Justicia, Germán Garavano, por ejemplo, al camarista Jorge Ballestero, uno de los jueces que liberaron a Cristóbal López, que dijo que no descartaba dejar la Justicia. "Le aceptaríamos la renuncia -dijo Garavano-. Reiteradas veces he señalado que el efecto de renuncia no difiere del de la remoción por un jury".

 

Lo que siempre temieron los jueces que estarían dispuestos a irse para dejar atrás los escándalos es que, una vez en el llano, sus excolegas avancen con las causas penales contra ellos.

 

El caso por presunto enriquecimiento contra Oyarbide se inició para determinar cómo justificaba el juez su "majestuoso pasar". Pero como él no deja rastros, la investigación no es fácil. "Fue 20 años juez federal. Tuvo miles de causas como esta. Sabe cómo hacerlo", dijo un funcionario que trabaja en el rastrillaje de los bienes.

 

El juez de la causa es Sergio Torres, que delegó la investigación en la fiscalía de Di Lello. Oyarbide rara vez se interesa por el expediente. Designó abogado a Gonzalo Gamarra, exnovio de Nazarena Vélez. El primer eslabón de la supuesta cadena para ocultar bienes es su pareja, Blanco, un ex árbitro de básquet de 40 años. La Justicia da por probado que viven juntos por lo menos desde 2010, cuando el juez hizo pública su relación en una entrevista con LA NACION. Desde entonces, Blanco registra 46 cruces migratorios, la mayoría viajes a los Estados Unidos. Ese es también el destino favorito de Oyarbide, según los registros oficiales.

 

De acuerdo con información oficial, Blanco fue beneficiario del plan social Programa Hogar, que da el Estado a hogares de bajos recursos sin acceso a la red de gas natural cuyos ingresos familiares no superen los dos salarios mínimos. Toda la actividad que se le conoce es que fue monotributista entre 2012 y 2016. Sus ingresos totales (208.853 pesos) se afectaron enteramente a manutención y consumo, según ese informe.

 

Sin embargo, tiene bienes registrados a su nombre que, se sospecha, no se condicen con su "capacidad económica". En 2010 compró un Honda Fit. En 2011 constituyó una sociedad, Consorcio Creba SA, con un capital de 2.100.000 pesos. En 2012 otra, Cuasares SRL, y después una más. En 2014 compró un Peugeot 308 por 256.999, y luego lo vendió. Blanco tuvo una extensión de una tarjeta de crédito Mastercard de Ariel Roperti, señalado como el millonario "arquitecto financiero" del patrimonio de Oyarbide. Según los investigadores, otro posible "prestanombre". También tuvo cédulas azules de dos autos de lujo: un Mercedes-Benz y un BMW de firmas bajo sospecha. Las sociedades de Blanco comparten domicilio con Mams, una empresa de Roperti, informada por la AFIP como usina de facturas apócrifas. Entre quienes aparecen como responsables de Mams -escribió Di Lello- hay gente que "no prestó su consentimiento" para eso y que no tiene "capacidad operativa". Lo mismo pasa con otras firmas de Roperti. En más de una aparece, por ejemplo, María de los Ángeles Páez Balmaceda, que era empleada doméstica por horas de Mams y nunca supo que figuraba como gerenta y presidenta de distintas sociedades. La Nación