Es el Instituto de Vivienda del país que encabeza ese ranking comparándolo con organismos de la misma área en otras provincias. Lleva además más de 20 años intervenido por el Poder Ejecutivo.

Actualmente suman 400 trabajadores en situación irregular laboralmente, hay profesionales: asistentes sociales, ingenieros, abogados y especialistas en redes cloacales que facturan al Invico como si no tuvieran relación de dependencia.

Sin embargo, llevan entre 15 y 20 años o más, trabajando en esas condicione sin aportes sociales o previsionales.

Otro antecedente que golpeó duro a los trabajadores del ente autárquico fue en 2011. La intervención de ese entonces firmó 33 contratos para trabajadores monotributistas o “factureros”, como se los conoce. Pero esos contratos nunca se los puso en vigencia.

Y el año pasado en plena Pandemia de Coronavirus la intervención actual cesanteó a 20 trabajadores que tenían entre 20 y 27 años de servicios.

Se contrapone al maltrato hacia los empleados la incorporación constante de funcionarios con cargos jerárquicos y salarios cercanos a los $50 mil.

Este pasado miércoles 31 de marzo los trabajadores precarizados hicieron una protesta en la sede central ubicada en la esquina de las calles La Rioja y San Martín.

También se sumaron a la protesta, agentes precarizados en la sede de Obras Invico, ubicada en el Barrio Ex Aeroclub