“Queremos que se investiguen las irregularidades cometidas durante los últimos años”, disparó un delegado. Los referentes de los trabajadores quieren iniciar una ronda de diálogo con los candidatos para las elecciones de este año. En tanto esperan una resolución del amparo judicial por los feroces descuentos sufridos entre $2.5000 y $3.000 por los dos meses de protesta que inmovilizaron la obra social.

 

Los empleados del IOSCOR decidieron, tras una asamblea, comprometer a los principales referentes políticos para que, a través de una auditoría, efectúen investigaciones por denuncias de supuestas irregularidades cometidas dentro de la institución durante los últimos años.

 

“En las próximas reuniones que vamos a tener con los políticos, a muchos que pretenden ser candidatos, les pediremos que asuman el compromiso de hacer una auditoría en la obra social”, insistió Eduardo Sánchez, uno de los delegados de la entidad.

 

Entre las denuncias formuladas en estrados judiciales se encuentran préstamos a empresas privadas. Como una importante cifra que se le dio a un centro de tomografía computada que será devuelta solamente con “servicios”.

 

“También hay una denuncia penal contra una contadora que ya no está en el IOSCOR pero que favorecía a la empresa de su pareja, lo que llamó poderosamente la atención porque siempre ganaba las licitaciones”, recordó Sánchez.

 

“Defendemos nuestra obra social y a los afiliados, por eso queremos que haya una investigación profunda para que se aclare todo esto, queremos transparencia”, sostuvo.

 

Se mantienen expectantes a una resolución judicial en torno al amparo que presentaron ante el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº2 a cargo de María Belén Güemes; donde solicitan el cese de los descuentos en sus haberes.

 

“Los descuentos que estamos sufriendo son ilegales, además de la persecución laboral con traslados y cambio de horarios de los compañeros”, expresó Sánchez.

 

El año pasado, durante 75 días se desarrollaron asambleas, cortes de calle y paros con movilizaciones que tuvieron un punto final el 14 de octubre en el que se firmó un acuerdo salarial con el gerente de la entidad Gustavo Vega.

 

Los meses siguientes la intervención encabezada por Raúl Esquercia descontó los días no trabajados, lo que generó un nuevo foco de conflicto con los empleados.