(CNN) -- Israel comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia esta semana en un caso de alto riesgo que podría determinar el curso de la brutal guerra en Gaza.

Es un caso sin precedentes. Los expertos dicen que es la primera vez que el Estado judío es juzgado bajo la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, que fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial a la luz de las atrocidades cometidas contra el pueblo judío durante el Holocausto.

El Gobierno sudafricano, sucesor del régimen de apartheid que fue convertido en paria en el escenario internacional hace tres décadas, presentó el caso contra Israel, acusándolo de haber violado sus obligaciones bajo la convención en su guerra contra Hamas en Gaza.

Israel ha rechazado firmemente la acusación y el primer ministro Benjamín Netanyahu la calificó de “acusación falsa”.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo el martes que su país presentará un caso "utilizando la autodefensa" para demostrar que está haciendo "todo lo posible" en "circunstancias extremadamente complicadas" para evitar víctimas civiles en Gaza.

Eliav Lieblich, profesor de derecho internacional en la Universidad de Tel Aviv, dijo a CNN que el caso es importante desde el punto de vista político y legal. "Una acusación de genocidio es la acusación legal internacional más grave que se puede hacer contra un Estado", dijo.

Esto es lo que sabemos sobre este caso.

Una mujer (derecha) llora a su marido, muerto cuando la tienda donde se refugiaban las familias Salah y Abu Hatab fue alcanzada por un aparente bombardeo israelí, en la morgue del centro médico Nasser en Khan Younis, en el sur de Gaza, el 4 de enero. (AFP/Getty Images)

¿Qué dice Sudáfrica?

Sudáfrica está llevando a Israel ante la CIJ, también conocida como Corte Mundial, por acusaciones de que está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza y no logra prevenir el genocidio.

"Lo que es aún más grave es que Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir participando en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", dijo Sudáfrica en su presentación de 84 páginas ante el tribunal.

Sudáfrica dice que los actos de Israel en Gaza son genocidas “porque tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino”.

"Los actos en cuestión incluyen matar a palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y mentales e infligirles condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física", dice el documento.

Más de 23.000 personas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas.
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Las Naciones Unidas definen el genocidio como un acto “cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”

La ONU dice que fue desarrollado “en parte como respuesta a las políticas nazis de asesinato sistemático del pueblo judío durante el Holocausto”.

En ocho páginas, el expediente presentado ante la CIJ detalla lo que Sudáfrica describe como “expresiones de intención genocida” por parte de líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu y miembros de su gabinete.

Sudáfrica también pidió al tribunal que emita “medidas provisionales” que ordenen a Israel detener su guerra en Gaza, que dijo que era “necesaria en este caso para proteger contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino”. Una medida provisional es una orden temporal para suspender acciones, o una orden judicial, en espera de una sentencia definitiva.

La Organización de Cooperación Islámica, una agrupación de 57 países musulmanes, así como Jordania, Turquía y Malasia, han respaldado hasta ahora el caso.

¿Qué es la Corte Internacional de Justicia?

La CIJ tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y fue creada en junio de 1945 por la Carta de las Naciones Unidas.

Vista exterior de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, o el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, en marzo de 2022. (Michel Porro/Getty Images/File)

El tribunal CIJ juzga a los Gobiernos, mientras que la Corte Penal Internacional (SPI), también en La Haya, procesa a individuos. Israel no reconoce a la CPI, por lo que la corte no tiene jurisdicción sobre ella. Sin embargo, Israel es signatario de la Convención sobre Genocidio, que otorga a la CIJ jurisdicción sobre Israel.

Los Estados miembros de la ONU y aquellos que han aceptado la jurisdicción de la CIJ pueden presentar casos. El tribunal acepta casos en los que cada uno de los Estados implicados ha aceptado su jurisdicción. La CIJ está compuesta por 15 jueces que sirven mandatos de nueve años. Los jueces actuales son de Estados Unidos, Rusia, China, Eslovaquia, Marruecos, Líbano, India, Francia, Somalia, Jamaica, Japón, Alemania, Australia, Uganda y Brasil. Cada tres años se eligen cinco escaños, sin límite de mandatos consecutivos.

Cuatro nuevos jueces ocuparán sus puestos en febrero, uno de los cuales es Dire Tladi de Sudáfrica.

Las partes pueden nombrar jueces ad hoc en casos contenciosos (entre dos Estados), en este caso Israel y Sudáfrica, lo que eleva el número de jueces en el caso a 17. Sudáfrica ha designado a Dikgang Moseneke, exvicepresidente del Tribunal Supremo del país, e Israel ha nombrado a Aharon Barak, expresidente del Tribunal Supremo del país.

Los expertos dicen que un fallo final podría tardar años.

¿Cómo ha respondido Israel?

Israel ha calificado el caso de “difamación de sangre” por parte de Sudáfrica, una acusación apenas velada de antisemitismo, y Netanyahu, a su vez, ha dicho que Hamas ha cometido genocidio, añadiendo que el ejército israelí está actuando de “la manera más moral” y “hace todo lo posible para evitar dañar a los civiles”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, encabeza una reunión semanal del gabinete en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv el 7 de enero. (Ronen Zvulun/Pool/AFP/Getty Images)

“Y pregunto: ¿dónde estaba usted, Sudáfrica, y el resto de los que nos calumnian, dónde estaba usted cuando millones fueron asesinados y desplazados de sus hogares en Siria, Yemen y otros escenarios? No estaba allí”, dijo el primer ministro.

No obstante, Israel comparecerá ante el tribunal.

Esto se debe a que es signatario de la Convención sobre Genocidio de 1948 de la ONU, que fue redactada después del Holocausto. El tratado otorga a la CIJ la autoridad para fallar en casos que pueden ser presentados por partes no directamente afectadas por el presunto genocidio en cuestión.

“Dado que el tribunal claramente tiene jurisdicción, sería extraño que Israel simplemente no compareciera”, dijo Lieblich. “Además, el genocidio es una acusación grave y los Estados normalmente quieren exponer sus argumentos”.

La opinión del público israelí sobre el caso refleja los desacuerdos políticos en el país, dijo Lieblich. “Algunos ven el proceso como un caso más de parcialidad internacional contra Israel. Muchos otros están enojados porque piensan que el caso sólo fue posible gracias a declaraciones irresponsables de políticos de extrema derecha, que en su opinión no representan una política real”.

Pero dijo que pocos en la corriente principal israelí están dispuestos a aceptar las acusaciones de genocidio. "En su mayoría ven la guerra como una guerra de autodefensa contra Hamas, que debido a las tácticas de este último resulta en daños amplios pero no intencionados a los civiles".

Las encuestas muestran que los israelíes apoyan abrumadoramente la guerra.

Citando un cable diplomático israelí, Axios informó que Israel ha movilizado a sus diplomáticos para presionar a las naciones anfitrionas para que respalden su posición y creen presión internacional contra el caso. Su “objetivo estratégico”, dijo, es que el tribunal rechace la solicitud de una orden judicial, se abstenga de acusar a Israel de cometer genocidio y reconozca que está operando de acuerdo con el derecho internacional.

“Un fallo del tribunal podría tener implicaciones potenciales significativas que no sólo se encuentran en el mundo legal sino que tienen ramificaciones prácticas bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad”, dijo Axios citando el cable.

El portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, dijo que Pretoria es “cómplice criminal de la campaña de genocidio de Hamas contra nuestro pueblo”.

También lo acusó de aplicar dobles raseros y de respaldar al expresidente de Sudán Omar al-Bashir, quien enfrenta una orden de arresto emitida por la CPI.

“Qué trágico es que la nación arcoíris que se enorgullece de luchar contra el racismo luche pro bono por los racistas antijudíos”, dijo en un discurso del 2 de enero publicado en X. “Aseguramos a los líderes de Sudáfrica: la historia los juzgará. Y os juzgará sin piedad”.

Lieblich dijo que Sudáfrica parece estar posicionándose en oposición al dominio de Estados Unidos en el orden internacional.

"Mientras lleva adelante el caso contra Israel, Sudáfrica ha criticado la orden de arresto de la CPI contra Vladimir Putin, y también se ha abstenido en el pasado de arrestar a Omar al-Bashir", dijo. “Así que aquí hay una declaración internacional clara. Sudáfrica ha expresado mucho sobre lo que considera “dobles estándares” occidentales y este caso es parte de esa campaña”.

¿Por qué es significativo este caso?

Si bien la CIJ se ha pronunciado contra Israel en el pasado, lo hizo a través de “opiniones consultivas” no vinculantes solicitadas por órganos de la ONU como la Asamblea General.

Esta es la primera vez que Israel es demandado ante la CIJ en lo que se conoce como un “caso contencioso”, donde los Estados plantean directamente casos entre sí.

En 2004, la CIJ emitió una opinión consultiva en la que declaraba que la barrera de separación de Israel en la Ribera Occidental ocupada violaba el derecho internacional y pedía que fuera derribada. Israel ignoró esa decisión.

Si la CIJ finalmente dictamina que Israel es directamente responsable del genocidio, será la primera vez que determine que un Estado ha cometido genocidio, dijeron los expertos.

“Esto sentaría un precedente significativo, en primer lugar porque la CIJ nunca dictaminó, hasta ahora, que un Estado haya cometido realmente genocidio”, dijo Lieblich. “Lo más lejos que llegó fue dictaminar que Serbia no logró impedir el genocidio perpetrado por las milicias en Srebrenica. En este sentido, tal fallo sería un territorio jurídicamente inexplorado”.

Si bien el tribunal no ha declarado que ningún Estado sea directamente responsable de genocidio, tanto Myanmar como Rusia se han enfrentado a medidas provisionales en casos de genocidio en los últimos años.

Todas las sentencias de la CIJ son definitivas, inapelables y vinculantes.

Pero la CIJ no puede garantizar el cumplimiento. En marzo de 2022, por ejemplo, el tribunal ordenó a Rusia que detuviera inmediatamente su campaña militar en Ucrania. Kyiv, que presentó el caso, cuestionó los motivos de la invasión rusa y pidió medidas de emergencia contra Rusia para detener la violencia antes de que el caso fuera visto en su totalidad.

La gente inspecciona los escombros de un edificio donde se refugiaba la familia palestina desplazada Jabalieh después de que fuera alcanzado por un aparente bombardeo israelí en Rafah, en el sur de Gaza, el 3 de enero. (AFP/Getty Images)

¿Qué sucede si la CIJ ordena a Israel que detenga la guerra?

Israel comparecerá el viernes en audiencias públicas ante el tribunal para impugnar las acusaciones de genocidio de Sudáfrica.

Podría tardar años en probarse un fallo sobre genocidio, pero la orden judicial sobre la guerra de Gaza que Pretoria ha solicitado a la CIJ podría llegar mucho antes.

Daniel Machover, abogado radicado en Londres y experto en justicia internacional, dijo a CNN que una medida provisional debería ser una decisión rápida que se tomaría antes de que haya un fallo final sobre genocidio.

Sudáfrica, dijo, solo necesita demostrar que tiene legitimación activa para presentar el caso, que ha cumplido con su deber de prevenir el genocidio, que existe un “argumento legal plausible” de que se están produciendo o pueden estar produciéndose violaciones de la Convención sobre el Genocidio y que existe un riesgo real e inminente de que se cause un perjuicio irreparable a los residentes de Gaza antes de que el tribunal dicte su decisión final, de modo que el tribunal deba ordenar a Israel que detenga la guerra.

Francis Boyle, un abogado estadounidense de derechos humanos que ganó dos solicitudes ante la CIJ en virtud de la Convención sobre el Genocidio contra Yugoslavia en nombre de Bosnia y Herzegovina, dijo a Democracy Now que, basándose en su revisión de los documentos presentados por Sudáfrica, cree que Pretoria efectivamente ganará “una orden contra Israel para que cese y desista de cometer todos los actos de genocidio contra los palestinos”.

Boyle, basándose en su experiencia en el caso de Bosnia, dijo que la orden podría llegar dentro de una semana de la audiencia de esta semana.

Lieblich duda de que Israel cese los combates por completo si el tribunal dicta una orden judicial sobre la guerra. En cambio, podría atacar la legitimidad del tribunal y sus jueces, “considerando que algunos de ellos provienen de Estados que no reconocen a Israel”. También importaría si la decisión es unánime, añadió.

"Las consecuencias del incumplimiento podrían variar desde daños a la reputación y presión política hasta sanciones y otras medidas por parte de terceros Estados o nuevas resoluciones en la ONU", dijo. "La clave para Israel probablemente sería cómo actuarían sus aliados clave en tal caso".

Añadió que si bien el umbral para una orden judicial es relativamente bajo, en el caso principal, demostrar genocidio requiere dos elementos: prueba de que se cometieron ciertos actos ilegales y que estos actos se cometieron con la intención específica de destruir a un determinado grupo.

"En casos anteriores de la CIJ, el tribunal exigía un umbral elevado para probar tales acusaciones", afirmó. “Aquí el desafío para Sudáfrica sería demostrar que las declaraciones de algunos funcionarios israelíes en realidad reflejan la 'intención' del Estado en su conjunto, y también que las acciones de Israel sobre el terreno fueron ilegales y en realidad estaban ligadas a la intención de destruir al grupo como tal."

¿Podría un fallo tener implicaciones fuera de Israel?

Según los expertos, las consecuencias de un fallo de la CIJ podrían extenderse más allá de Israel. No solo avergonzaría al aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, sino que también podría considerar a Washington cómplice de la supuesta violación de la Convención sobre Genocidio.

“Aunque la solicitud sudafricana se centra en Israel, tiene enormes implicaciones para Estados Unidos, especialmente para el presidente Joe Biden y sus principales lugartenientes”, escribió John Mearsheimer, un politólogo estadounidense.

"¿Por qué? Porque hay pocas dudas de que la administración Biden es cómplice” de la guerra de Israel, dijo.

Una columna de humo surge sobre Khan Younis desde Rafah, en el sur de Gaza, durante el bombardeo israelí el 8 de enero. (AFP/Getty Images)

Biden ha reconocido que Israel está llevando a cabo bombardeos “indiscriminados” en Gaza, pero también ha prometido proteger el país. Estados Unidos ha eludido al Congreso dos veces para vender equipo militar a Israel durante la guerra.

“Dejando de lado las implicaciones legales de su comportamiento, el nombre de Biden –y el nombre de Estados Unidos– quedará asociado para siempre con lo que probablemente se convierta en uno de los casos de intento de genocidio que aparecen en los libros de texto”, escribió Mearsheimer.

Incluso si Israel ignora una orden de la CIJ, habrá una obligación legal entre los demás signatarios de cumplirla, dijo Machover. “Por lo tanto, cualquiera que ayude a Israel en ese momento violará esa orden”.

"Podríamos tener litigios mundiales si los Estados no dejan de ayudar a Israel... habrá repercusiones legales en todo el mundo", dijo.

El caso también podría tener un impacto en el público israelí, afirmó Machover. Cree que un número significativo de israelíes “no se han mirado en el espejo” y no son conscientes del impacto real de la guerra sobre los palestinos en Gaza.

El abogado Daniel Machover, experto en justicia internacional, espera que el caso de la CIJ impulse al público israelí a participar en “algún tipo de autorreflexión”.