En la primera audiencia del proceso que se sigue en contra suyo y de varios militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, la expresidenta de facto desconoció al tribunal y culpó a Evo Morales por la violencia en 2019.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez afirmó este viernes que su llegada al Gobierno, en noviembre de 2019, estuvo lejos de ser producto de un golpe de Estado, explicó que solo se apuntó a “pacificar el país” y reiteró su convicción de que es acusada en “un juicio político” y que ella misma es “una presa política”.

Además de desconocer al tribunal que la juzga en la causa llamada “golpe de Estado II”, Áñez acusó a su antecesor Evo Morales por la violencia que se dio en el país después de las elecciones de 2019.

La exmandataria, desde hace un año en prisión preventiva, habló este viernes en una nueva audiencia del proceso que se sigue en contra suyo y de varios militares por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

"Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia, donde ya había muertos. Fui bastante clara desde el principio, cuando manifesté públicamente que me correspondía (la Presidencia) por sucesión constitucional, pero que no me iba a imponer, que si había otras opciones yo estaba para aportar a la pacificación del país", afirmó, según las agencias de noticias DPA y Sputnik y medios paceños.

La exsenadora dijo que "no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie" y hasta afirmó que no tenía “ni voz ni voto” en su propio partido, por lo que de ninguna manera puede especularse con que su llegada al Palacio Quemado fue “orquestada”.

Explicó que asumió la Presidencia "por responsabilidad", con la idea de encabezar un gobierno de transición de tres meses, pero que las condiciones impidieron esa meta.

"No lo hice sola, lo hice con todas las instituciones y las organizaciones sociales. Pacificamos al país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional", remarcó.

Insistió en la responsabilidad de Morales en las protestas y manifestaciones, porque si el entonces presidente hubiera aceptado lo que marcaba la Constitución en cuanto al límite de mandatos la situación se habría evitado.

Y aclaró que si bien nunca pidió impunidad, si acaso hubiera cometido un delito le corresponde un juicio de responsabilidades, a cargo del Congreso, y no uno a través de la justicia.

"Este es un juicio político y yo soy una presa política. Yo no reconozco a este tribunal; no reconozco a la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente. Y como exsenadora y expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades", argumentó.

Reiteró que está sometida a procesos "totalmente injustos" y reseñó que "absolutamente todos" los recursos que presentó su defensa fueron rechazados, por lo que “este es un proceso eminentemente político” en el que está “en absoluta indefensión".

“Ése que fue presidente dictador (Luis García Meza, 1980-1981) tuvo un juicio de responsabilidades; le respetaron sus derechos, derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario", añadió.

La Fiscalía señala que García Meza fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en ejercicio del poder, pero Áñez está bajo juicio ordinario por delitos previos a su condición de presidenta.

Además de esta causa, Áñez también es investigada en el caso “Golpe de Estado I”, en el que se analiza si cometió actos de terrorismo, conspiración y sedición.

La de este viernes fue la primera audiencia presencial del proceso, después de varias jornadas con problemas técnicos para la transmisión por internet.

La exgobernante pareció a punto de desmayarse cuando concluyó su declaración, lo que motivó un receso tras el cual dos médicos certificaron que estaba en condiciones de ser interrogada, aunque Áñez se amparó en su derecho a no responder preguntas.

El jueves, la Fiscalía había pedido ella y los excomandantes militares y policiales también procesados la pena máxima de 14 años de prisión.