Los trabajadores volvieron a plantear esa necesidad al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la semana pasada. En la capital provincial se aplica el nuevo sistema, desde hace un poco más de un mes.

Hablan de una modificación medular en el sistema judicial sin tener en cuenta las demandas presupuestarias que deben incluir, más personal en las dependencias judiciales.

“Lo venimos señalando desde que comenzaron las reformas procesales en los distintos fueros, puestas en marcha casi exclusivamente gracias a los trabajadores. Para muestra basta y sobra la experiencia de las últimas semanas con el nuevo Código Procesal Penal. La implementación en Capital revela a las claras -aunque a mayor escala- lo que ya venía sucediendo en el interior: improvisación y desconsideración hacia el personal de todos los escalafones, principal engranaje del servicio. Y se potencia en el Ministerio Público, donde los cambios resultan más profundos y la urgencia de más mano de obra es evidente”, expresan los trabajadores.

“Sin presupuesto especial para dotar de infraestructura adecuada y personal suficiente, las máximas autoridades del Poder Judicial decidieron avanzar los cambios. Y el precio pagan los trabajadores, con su sacrificio y tiempo, padeciendo en no pocas oportunidades los abusos del reglamento. Caldo de cultivo para profundizar estrés y situaciones rayanas en esa violencia laboral que hace años bregamos por erradicar de la institución”.

Aclaran que no se oponen a los cambios ni a la modernización del sistema judicial: “Por el contrario, dado que somos parte de la sociedad que demanda esa modernización. Pero el proceso debe contar con la planificación y los recursos adecuados para poder brindar el servicio de manera eficaz y en ambientes laborales saludables para todos”.