Los diputados del oficialismo presentan un proyecto de ley “en defensa del patrimonio del Estado”.
Así lo anunciaron en conferencia de prensa este jueves. Dijeron que comparten la preocupación planteada por el Fiscal de Estado, Jorge Alcántara, días pasados y que es necesario "tener previsibilidad" para no afectar las arcas. 

Reconocen que la deuda se debe pagar "pero es necesario interven ir ante esta situación", dijeron. 

Se debe indicar que ya hay un paga de $8 millones dispuesto por la Justicia en marzo pasado.

“Compartimos lo dicho por el doctor Alcántara y ratificamos todo su proceder jurídico en orden a la defensa del patrimonio del Estado”, expresó en la conferencia de prensa Ricardo Sánchez, jefe de la bancada justicialista.

En ese sentido pronunció que los legisladores del oficialismo “tomamos la decisión de llevar adelante una iniciativa parlamentaria”, y apuntó: “Estamos con las puertas abiertas para dialogar con los sectores de la oposición, incluso con nuestro propio Gobierno porque es necesario intervenir ante esta situación, que reitero, a pocos días de la asunción de Domingo Peppo como gobernador, a pocos días de terminar el mandato de Jorge Capitanich tenemos un problema realmente importante”, definió.

Señaló que el Bloque del PJ, con la firma de todos los diputados, “en consenso de todos los legisladores hemos presentado este proyecto de ley que crea un mecanismo a través del cual se instrumenta el pago de todos estos juicios que hablando en criollo estamos hablando de  cerca de 2 mil millones de pesos”, especificó.

“Realmente –continuó- una cifra que puede complicar la caja pública e incluso el pago de gastos corrientes y el gasto salarial”, añadió Sánchez.

“Propiciamos una imputación presupuestaria para 2016 de $200 millones y así sucesivamente cada año, en función de que las sentencias estén firmes”, dijo el legislador que se propone en la iniciativa legislativa como modo de pago de esas demandas judiciales, que aclaró no todas están en la misma situación procesal.

“Las sentencias –para abonarlas- tienen que estar firmes, consentidas, y en muchos casos ya hay ejecución de sentencia”, aclaró. “Estamos hablando de facultar a la Fiscalía de Estado y a la Contaduría General de la provincia para que lleven adelante en orden a las facultades concedidas en esta ley todo lo que tenga que ver con procedimientos de negociación, es decir una espera, un pago en cuotas, todo fiscalizado por Contaduría”, añadió.

Crítica a los jueces

Precisó que “se busca que la ley le de tranquilidad al gobierno”, apuntó, y graficó que “aunque parece que esto es redundante a algunos jueces hay que contarles que la Constitución existe y que no puede ser vapuleada por interpretaciones antojadizas en función de cuestiones corporativas”, tiró.