El gremio pidió “prudencia a los diputados para evitar males mayores”.
La Asociación Judicial del Chaco manifestó su “enérgico” rechazo al proyecto de ley impulsado desde el oficialismo, que propone abonar a los damnificados del juicio del 113% con bonos a veinte años y sólo a los que hicieron juicio.
“En principio es bueno recordar que el juicio al que hacen referencia lleva en proceso de 24 años, y que en el 2008 cuando se sancionó en la Legislatura, con conocimiento y aprobación del gobernador Capitanich y de casi todos los Legisladores hoy en actividad, el blanqueo del monto en negro, no era ni más ni menos que lo que estaba en litigio en el juicio al que hoy hacen referencia, tanto uno como otro Poder tenían pleno conocimiento del mismo y de alguna manera se reconocía que se habían violado nuestro derechos”, señalaron desde la entidad.
En esa línea, subrayaron que “resulta que ahora salen a decir que ponemos en riesgo la situación financiera de la provincia y no sólo pretenden pagar con bonos sino que además pretenden vulnerar los derechos de los empleados judiciales que ingresaron antes del 2008 momento en que se blanqueo el monto en negro, cuando ya desde el 2008 podían prever una forma de pago de una deuda de la que tenían pleno conocimiento”, y recordaron que “ya en junio del 2014 fue notificado el Ejecutivo de la primera liquidación”.
Por otro lado, sostuvieron que “con la causa MULLER GUSTAVO ADOLFO C/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S/O PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” Expte 55455/04, que anula la acordada que generó el juicio; y al igual que el juicio anterior del 25% deben cobrar todos los empleados judiciales, ya que no es una cuestión de que si iniciaron juicio o no, sino que fue vulnerado un derecho constitucional y sería de mayor gravedad si se les paga a uno sí y a otros no, cuando le corresponde a todos los que ingresaron antes del 2008”.
“Pero entendemos que lo más grave es que con una Ley quieran violar un derecho establecido en la Constitución. Además entendemos que como, reitero lo dice la Constitución, si la Provincia no se encuentra en condiciones de ofrecer ningún tipo de pago razonable, es el Gobierno Nacional quien debe responder”, añadieron.
Además, remarcaron que “prácticamente el 50% de los que hicieron juicio son fallecidos, y los vivos son personas mayores con serios problemas de salud y quieren pagar a veinte años”.