Días después de terminar su mandato como comisionada de la CIDH, la reconocida experta en violencia sexual repasa los cuatro años en la institución e incide en la importancia de los derechos de las mujeres como “medidor de las democracias”.

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Es imposible despegar la carrera de Julissa Mantilla (Lima, 55 años) de la defensa de los derechos de las mujeres. Esta abogada peruana lleva más de tres décadas dedicándose de lleno a ello desde todos los frentes posibles. La academia, los juzgados, la investigación... El último escenario fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que se vinculó como comisionada en 2019 y en la que ejerció la presidencia en 2022. Su rostro es uno de los más conocidos de la institución por su transparencia y compromiso firme y vocal con el derecho al aborto y la erradicación de la violencia sexual y el feminicidio. “Estas siempre han sido muertes evitables. Son homicidios en los que el Estado pudo haber hecho algo y no lo hizo”, afirma desde su despacho de Lima en una videollamada con América Futura.



Su vehemencia también le ha costado críticas de las voces más conservadoras del continente. Para muchos expertos y periodistas peruanos, también el puesto. Una semana después de la conversación, dejará su cargo en la Comisión después de que el Gobierno de Dina Boluarte retirara su nombre como candidata a la reelección el 28 de abril, sin dar apenas explicaciones. Mantilla no esconde la incomodidad y nostalgia que le provoca. “Me hubiera encantado haber seguido trabajando en muchos asuntos importantes para la región”, repetirá en varias ocasiones. “Si respetar el reglamento tuvo un costo para candidatura, que no lo sé y no puedo afirmarlo, lo pago”.



Junto a Mantilla, se despiden de la CIDH Esmeralda Arosemena de Troitiño y Margarette May Macaulay. Y entrarán en su lugar, tres magistrados nuevos (Gloria Monique de Mees, Christopher Arif Bulkan y Andrea Pochak) y uno reelecto, Edgar Stuardo Ralón Orellana. Tanto Mees como Ralón han sido fuertemente criticados por el panel independiente por falta de experiencia y por presentar un “retroceso respecto a los estándares de protección de derechos”, respectivamente. Algo que a Mantilla dice no “preocuparle”: “La posición mayoritaria es la jurídicamente correcta”. Además, por primera vez en los 60 años de historia de la institución, la Comisión contará con tres de los siete comisionados de países pequeños de la región (Guyana, Surinam y Barbados). “Es una gran oportunidad para que ratifiquen muchos tratados y para que la Comisión también incorpore y aprenda de un contexto tan diferente”, reconoce.



En este repaso a los cuatro años de mandato, Mantilla se muestra satisfecha e insaciable. Aunque deja el cargo, prefiere no opinar sobre la liberación de Alberto Fujimori, pero alerta de la deriva autoritaria en varios países de la región, en especial Guatemala, Argentina o Nicaragüa. “Hay que preguntarse qué les pedimos a las democracias”. Mantilla, quien nunca dejó la docencia, no le teme al ¿y ahora qué?: “Seguiré defendiendo los derechos humanos desde el feminismo y en las aulas”.



Pregunta. ¿Sabe hoy algo más de la decisión de Boluarte?

Respuesta. Hasta ahora nadie me ha dado una respuesta oficial. Yo me enteré de esta decisión por redes sociales. Estaba en una reunión con Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y había apagado mi celular. Al salir, recibí muchos mensajes de colegas de la Comisión y amigos y todos me decían que lo lamentaban mucho. Te juro que pensé que había fallecido alguien. No puedo afirmar nada, lo que sí te puedo decir es que yo nunca violé mis principios como comisionada. Nunca compartí ninguna información sobre los casos que estaban llevándose a cabo sobre el Perú. Primero porque no tenía la información y, segundo, porque, si la hubiera tenido, no la habría dado.

P. ¿Cree que el Gobierno esperaba que no fuera tan imparcial sobre ciertos asuntos?

R. No puedo afirmar que el Estado esperara eso de mí. Lo que sé es que jamás brindé información. Jamás. Pero sería interesante preguntarle esto a los funcionarios peruanos.

P. ¿Qué cree que signifique que el Estado de Guatemala, que ha sido bastante crítico con la Comisión e incluso con usted personalmente, reelija a alguien como el comisionado Ralón?

R. No conozco qué se le pasó por la cabeza al presidente [Alejandro Giammattei], pero sí sé que lo han apoyado al 100%. Antes y en su reelección. Yo le le guardo respeto como a todos mis colegas, aunque hemos tenido divergencias fundamentalmente en estos temas. La elección de Guatemala es legítima, pero es un reflejo de lo que está pasando regionalmente.

P. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los países de la región? ¿Tendrían que ser más vocales?

R. Para mí sí, habría que ser más vocal. Deberían de poner sobre la balanza realmente qué quiero para la población. Los Estados no pueden esperar a que la crisis llegue al final, como en el caso de Guatemala. Ahora hay un consenso sobre los problemas de debido proceso y acceso a la justicia, pero la Comisión viene alertando sobre eso hace varios años. Y la región ofrece ahora posturas muy preocupantes, de negacionismo, retrocesos democráticos, de utilización de estados de excepción como herramientas de política criminal…

P. El rol de la Comisión es garantizar los derechos en los Estados y elegir qué casos entran en la Corte IDH. Durante su mandato, se han priorizado notoriamente los derechos de las mujeres, a pesar de que no todos los comisionados tenían la misma visión progresista. ¿Ha sido difícil internamente?

R. Cuando yo llego a la Comisión, teníamos a Flavia Piovesan y Antonia Urrejola y fuimos la primera junta de mujeres de la historia de la comisión. Éramos tres mujeres trabajando en esa línea y fue sencillo. Cuando ellas salen, no puedo decir que fue más difícil, pero sí que se tuvo que hacer un gran esfuerzo de deconstrucción y adaptación de los enfoques diferenciales. Siempre hay dificultades con los temas, pero en el caso de los derechos de las mujeres siempre hay mayores resistencias. Yo respeto todas las posturas personales, pero cuando una postura personal atenta contra un estándar, me preocupa.

P. ¿Qué le quedó pendiente?

R. Mucho. (Risas). Avanzamos mucho sobre las mujeres buscadoras, pero quedó pendiente una resolución al respecto. También, me gustaría haber hecho más con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, sobre todo en el macro caso de violencia sexual… Si bien se hizo mucho por las mujeres privadas de libertad, quisiera haber hecho más sobre niños que nacen en prisión. O trabajar en que los testimonios de Nicaragua puedan servir de base para una Comisión de la Verdad…

P. Uno de los casos en materia de derechos de las mujeres más importantes que está estudiando la Corte IDH es el de Beatriz vs El Salvador. Y este ha suscitado todo tipo de reacciones ultraconservadoras en la región. Hasta el presidente Rodrigo Chaves dijo recientemente que en caso de que se falle a favor de la causa abortista, “Costa Rica no tiene ninguna opción más que salirse del tratado”. ¿Por qué asusta tanto el derecho sobre nuestros cuerpos?

R. Este es uno de los muchos casos que llamamos “falsos dilemas”. Por ejemplo, cuando defiendes los derechos de las personas privadas de la libertad, parece que estás a favor de los criminales, cuando no es así. Con esto sucede algo parecido: se está entendiendo que cuando se permite la interrupción del embarazo se está violentando la vida del que está por nacer. Y lo que hay que entender es que esta protección no se consigue con la criminalización del aborto. En El Salvador, Honduras o Nicaragua que, además, no es casualidad que sea en países en los que hay un absoluto control en el Gobierno, la penalización absoluta no protege la vida de nadie. Lo que hay que hacer es desarrollar políticas de salud, de control, alimentación, anticonceptivos, educación sexual… Tenemos que empezar a medir los índices de democracia de un país en función de si respetan o no los derechos de las mujeres.

P. ¿Cómo?

R. Yo no soy punitivista, pero ¿por qué no le invertimos a prevenir el embarazo adolescente? Uno de los grandes fallos es que le estamos exigiendo al derecho penal lo que solo nos pueden dar las políticas públicas. Uno tiene que empezar a mirar el feminicidio o el embarazo adolescente más allá y preocuparse por la niña nacida y no solo por el que está por nacer. La respuesta de la criminalización y el ejército en las calles es efectista, solo para la tribuna. Para que todo el mundo diga que estás haciendo algo. Lo más efectivo es tratar de prevenirlo.

P. Nicaragua salió de la OEA, Guatemala y El Salvador han puesto en entredicho la rigurosidad de la institución. ¿Por qué se les está criticando tanto?

R. El sistema está haciendo su trabajo. La pregunta no es qué está pasando con la Comisión, sino qué está pasando con los Estados. Ni Nicaragua ni Guatemala tomaron estas decisiones de la noche a la mañana, hubo previas. Y la Comisión pudo haberle bajado un poco a Nicaragua para que no se saliera, pero no fue así. La CIDH se creó hace 60 años para evitar las violaciones a los derechos humanos. Llevamos años viendo lo que pasa en la región. O en Cuba, por ejemplo: somos la única esperanza para la gente cubana. Nos reunimos, tenemos audiencias, nos escribimos con ellos… Somos la única esperanza y hay que defenderlos.

P. ¿Y de qué manera puede la CIDH ayudar a la isla [expulsada de la OEA en 1962]?

R. Lo que puede hacer con Cuba, Nicaragua o Venezuela… quienes le dan la espalda al sistema, es seguir escuchando a las víctimas. La historia nos ha mostrado que se pueden cambiar las cosas.

P. Las mujeres encarceladas representan el 8% en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años, en un 56,1% principalmente por la guerra contra las drogas. Usted siempre cita a la jueza Patricia Pérez cuando dice que a los hombres se les encarcela por cometer delitos y a las mujeres por cometer pecados…

R. Sí, acá tengo el libro [lo muestra a cámara]. Ella analiza así el encarcelamiento en general, desde cómo se encerraba en conventos o en la casa a las mujeres por tener hijos fuera del matrimonio o “díscolas”, mientras que a los hombres solo los encarcelaban por delitos. La perspectiva de género es simplemente una metodología de análisis, para entender que se puede cuestionar todo desde una mirada de igualdad. Y tiene que ver con los roles de género y con el poder. Hemos crecido en sociedades patriarcales donde hay espacios privados para las mujeres y públicos para los hombres. La perspectiva de género viene a ofrecerte más opciones.

P. Tengo entendido que va a volver a la academia ahora. ¿Cómo se pueden seguir defendiendo los derechos humanos desde ahí?

R. Siempre desde el feminismo. Quiero escribir desde el derecho y desde mi propia experiencia de todos estos años. Tengo la suerte de poder haber estado en los dos lados, como bisagra, he aprendido mucho y salgo muy fortalecida y muy firme en lo que te dije: jamás violé el reglamento. Si respetarlo tuvo un costo para candidatura, que no lo sé y no puedo afirmarlo, lo pago.