El juez Esteban Furnanri, del Juzgado N°2 del fuero Contencioso Administrativo, dejó sin efecto la medida cautelar de la Justicia porteña que había permitido que abrieran las escuelas pese a la prohibición del DNU emitido por Alberto Fernández para controlar la situación sanitaria por el Covid-19. La medida rige hasta que la Corte Suprema se expida sobre el tema.


El tribunal respondió al reclamo del Gobierno nacional y declaró incompetente a la Cámara de Apelaciones porteña para entender en la causa sobre la suspensión de las clases presenciales.

El magistrado pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana" y que llevaba las firmas los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavell.

El planteo había sido realizado por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, quien había solicitado en la noche del domingo, admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar los efectos del decreto firmado por el Presidente, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre.

La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una "aberración jurídica" por parte del Gobierno.

Ahora, un Juzgado Federal dispuso que la reanudación de las clases presenciales debe esperar a que falle el máximo tribunal.

En tanto, ayer, la Corte Suprema se declaró competente para analizar el caso y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión, por lo que se estima que el fallo esté listo en los próximos días.

El DNU del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.