Defensores que intervienen en la causa por presunto cohecho en la que fueron investigados el exjuez federal de Corrientes y secretarios de su estrado, solicitaron al Tribunal Federal que el 14 de junio iniciará el juicio oral, el acceso a la declaración de un narcotraficante que se presentó como arrepentido y que "hace cuatro años mantienen en la oscuridad", sostuvo el abogado Aníbal Ibarra.

"Esto es un escándalo y vamos a demostrar las irregularidades que se cometieron, comparables solo con la causa Cuadernos", dijo Ibarra en un contacto con El Litoral.

Al respecto, explicó que "la acusación se sostiene en la declaración como arrepentido del líder narco Sebastián "Morenita" Marín, pero que no fue grabada ni filmada, y hace cuatro años mantienen en la oscuridad".

Aníbal Ibarra en esta causa es el representante del exsecretario del Juzgado Federal de Corrientes, Federico Grau.

Grau, junto a su par Pablo Molina, el ex juez Soto Dávila, un grupo de abogados del foro local, entre otros, el 14 de junio próximo irán a juicio oral por supuestas maniobras de cohecho para generar alivios procesales a narcotraficantes del entorno de Marín, quien operó hasta octubre de 2018 el tráfico de marihuana en la frontera con Paraguay desde la localidad de Itatí.

"En los años que llevo en la Justicia nunca vi una causa con tal nivel de armado, manipulación y ocultamiento de pruebas", dijo Ibarra tras retirarse del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Allí solicitó el acceso a la declaración como arrepentido del líder narco, que permanece en prisión condenado en el juicio del Operativo Sapucay, entre otras causas. En ese sentido, este jueves mantendrá una audiencia con el presidente del tribunal de juicio, Víctor Antonio Alonso, para gestionar el acceso al legajo con las declaraciones de Marín, encuentro en el que también está previsto que participe la defensora de Molina, Gabriela Corbacho.

Según Ibarra, el arreglo que hizo Marín para presentarse como arrepentido "fue ilegal, ya que se arrepintió 31 de octubre de 2018 y el 7 de noviembre consiguió que sea liberada su esposa, que permanecía en prisión hace dos años por narcotráfico justamente".

"Esos arreglos, ilegales porque no están contemplados en la Ley del Arrepentido, fueron propiciados por el fiscal jefe de la Procunar, Diego Iglesias, que tampoco corroboró una sola palabra de la declaración de este arrepentido", completó Aníbal Ibarra. El Litoral