El Gobierno de Axel Kicillof volvió a prorrogar el plazo para adherir a la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones, con la mirada puesta en "intensificar el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta". Es una pulseada clave para el resto de las provincias.


Con la mirada puesta en profundizar las conversaciones con los acreedores y ya con el viento a favor generado por el acuerdo nacional del 4 de agosto, el Gobierno de Axel Kicillof extendió hasta 11 de septiembre el plazo para sumarse a la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones, que expiró el pasado viernes.


“La Provincia y sus asesores han intensificado el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta. ”, aseguraron a Ambito desde filas de la cartera de Hacienda y Finanzas, que conduce Pablo López.


"En este periodo continuaremos manteniendo conversaciones con los acreedores, a quienes les reiteramos el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulten sostenibles en el tiempo", remarcaron, además de resaltar que "las conversaciones incluyen un número grande de acreedores y diferentes tipos de deuda, que no tienen una única voz".

Se trata de la sexta prórroga que aplica en el marco del canje ofertado el pasado 23 de abril, de la mano de todo un proceso hilvanado en sus detalles finos en sintonía con el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán.

La última extensión del canje provincial se había conocido precisamente horas antes de que Guzmán cerrara el 4-A el entendimiento por la deuda por u$s 66.300 millones.

La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.

Pero luego desde la cartera de López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda.

La pulseada bonaerense es seguida de cerca por los otros gobernadores que avanzan en procesos de reestructuración.

En el marco de una estrategia consensuada con Nación -con el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, como ejecutor-, los mandatarios apuestan a conseguir mejores plazos y tasas luego del acuerdo nacional, respecto de un volumen de deuda que involucra unos $ 11 mil millones.

Pero además se vuelve ahora clave la negociación de Kicillof, que involucra la mayor tajada de ese monto. “Hay que ver cuál será la propuesta final de cierre y en función de eso creemos que va a ser Buenos Aires la que va a marcar el piso de valores de oferta para el resto de las provincias”, evaluó días atrás el director de Aerarium, Paulino Caballero, ante este diario.

En paralelo a esa puja vidriera, avanzan las conversaciones con los acreedores en Mendoza (el radical Rodolfo Suarez viene de extender el plazo para adherir hasta el 28 de agosto) y Río Negro (Arabela Carreras busca reestructurar un título de u$s 300 millones).

En paralelo, el pasado viernes el gobernador cordobés Juan Schiaretti lanzó formalmente el diálogo con los tenenedores de tres títulos bajo legislación extranjera por u$s 1.700 millones.

Y hay expectativa por las propuestas del entrerriano Gustavo Bordet (en torno a un título de u$s 500 millones) y del jujeño Gerardo Morales (con foco en los u$s 210 millones del “bono verde” para energía fotovoltaica).

El lote de Ejecutivos con impulso a reestructuraciones incluye también al chaqueño Jorge Capitanich (u$s 250 millones), el riojano Ricardo Quintela (un bono de u$s 200 millones), el fueguino Gustavo Melella (u$s 200 millones), el neuquino Omar Gutiérrez (u$s 900 millones), el salteño Gustavo Sáenz (u$s 388 millones) y el chubutense Mariano Arcioni (u$s 700 millones).