La decisión de Agricultura liberar el trigo HB4 fue bien recibida por los desarrolladores de la tecnología y el sector biotecnológico, pero genera preocupación entre productores y acopiadores.

La liberación comercial en Argentina del primer trigo transgénico envolvió al sector agropecuario en un debate acalorado sobre las posibles consecuencias de la decisión. En general, las posiciones tendieron a polarizarse entre los que destacan el aporte de científicos argentinos al desarrollo tecnológico y empresarial, y los que advierten o se preocupan por el posible impacto comercial. La polémica trae una pregunta urgente sobre la necesidad de mejorar las capacidades regulatorias y de coordinación del Estado.

Para sorpresa de gran parte del sector agrícola, el pasado 11 de mayo el Ministerio de Agricultura resolvió liberar comercialmente el trigo HB4. La decisión fue muy bien recibida por los desarrolladores de la tecnología, los representantes del sector biotecnológico y funcionarios vinculados a la promoción de la ciencia y la tecnología, entre otros. Sin embargo, actores de la cadena comercial triguera —como productores y acopiadores— expresaron su rechazo al considerar que implica una amenaza a la comercialización de la producción argentina. En cualquier caso, la intensidad del conflicto no terminó escalando ya que Bioceres —la empresa nacional corresponsable de este desarrollo— aclaró que todavía no va a comercializar variedades de trigo HB4, por lo que la semilla no va a estar disponible para sembrar en esta campaña (solo lo va a hacer bajo el sistema de identidad preservada del que participan 250 productores).

Desde una perspectiva desarrollista existen muchos motivos para entusiasmarse con el avance de esta tecnología. Fueron largos años de esfuerzos e inversiones públicas y privadas para que una empresa nacional logre competir en un segmento que hasta ahora estaba dominado por multinacionales. Argentina es el tercer país productor de transgénicos: sin dudas este desarrollo es un movimiento hacia una mayor soberanía tecnológica en la materia. A su vez, la resistencia al estrés hídrico es una de las cualidades más buscadas por los desarrolladores de semillas en la actualidad: las proyecciones indican sequías recurrentes en los próximos años. Además, si el trigo HB4 tiene éxito comercial, podría garantizar un incremento en las exportaciones e ingresos al país por venta de semillas y pago de regalías a los titulares de las patentes, entre los que se encuentran instituciones públicas del sistema científico-tecnológico en alianza con una empresa nacional.

Los reparos de parte de la cadena triguera son atendibles y existen antecedentes que justifican la preocupación; también es cierto que existen resistencias del sector en adaptar las rutinas comerciales a nuevos desarrollos. La decisión del MAGyP representó un giro poco fundamentado respecto a lo que había sido hasta el momento la posición oficial, la cual supeditaba la aprobación en Argentina a la obtención del permiso de importación en Brasil, que a fines de 2021 había aprobado las importaciones de harina de trigo HB4, pero no la semilla o el grano. Esta condicionalidad a lo que haga un país importador de granos argentinos no es algo excepcional: para aprobar cualquier transgénico es necesario pasar por una evaluación de los posibles impactos comerciales. El temor de muchos productores radica en que una falla en la segregación de los granos puede generar cierta reticencia en los mercados y los socios comerciales podrían imponer sanciones, desde primas sobre los precios a bloqueos de los embarques. Estas sanciones, a su vez, se traducirían en un recorte del valor percibido por algunos actores de la cadena, típicamente trasladados hasta el productor. De fondo hay una discusión más amplia, que atraviesa a la industria agroalimentaria, sobre quién se hace cargo de las inversiones necesarias para asegurar la trazabilidad de los alimentos: productores, intermediarios, empresas de comercialización, o el Estado.

Más allá de los intereses que se oponen a la decisión, las expresiones de rechazo revelan una desconfianza sobre los procesos regulatorios y la forma en la que se toman las decisiones. La aprobación de transgénicos tiene mucho para mejorar, especialmente en el área de análisis de impacto comercial. La desconfianza se puede reducir sensiblemente si se genera más información sobre los posibles impactos comerciales a lo largo de la cadena y si esta información se presenta de manera accesible al público. Un Estado más legitimado en sus capacidades de decisión y regulación de la biotecnología agrícola es fundamental para insertar al país entre los pocos desarrolladores de esta actividad a nivel mundial.

(*) Economista, investigadora del Área de Recursos naturales de Fundar.

(**) Economista y politólogo, coordinador del Área de Recursos naturales de Fundar.

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Innovación controvertida

Por María Soledad Córdoba (***) y Gisele Bilañski (****)

Argentina es uno de los siete principales exportadores de trigo, abasteciendo un 7 por ciento de la demanda mundial. Esto representa exportaciones por 4.500 millones de dólares y una contribución fiscal de 1.450 millones de dólares al Estado. Desde que el gobierno autorizó el trigo HB4, tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio, se abrió un nuevo foco de controversias para la crítica ambiental pero también para los intereses económicos de la misma cadena triguera (el rechazo de la Federación de Acopiadores y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa son ejemplos). En contraste con la experiencia de la soja resistente al glifosato que, en ausencia de debate ciudadano, se instaló hace 26 años transformando la ruralidad, los territorios y los paisajes; el trigo HB4 encontró una sociedad más informada sobre los impactos ambientales de los herbicidas, y productores que han constatado el incremento de malezas resistentes o la pérdida de calidad proteica de las semillas transgénicas.

A esta altura de la “sojización”, negar estos impactos es caer en la utopía positivista de considerar toda innovación tecnológica como una fuente ineludible de progreso y desarrollo. Sin embargo, la reducción a dos polos antagónicos pro y anti transgénicos obtura la posibilidad de avanzar hacia un debate más profundo sobre los límites sociales y medioambientales, las oportunidades comerciales y el rol que podrían asumir la ciencia y la tecnología locales para el desarrollo del país.

Producir, patentar y aprobar la comercialización de una semilla transgénica demanda muchos años y millones de dólares. El 90 por ciento de los eventos aprobados para comercializar en el país son desarrollos patentados por multinacionales como Monsanto, Bayer y Syngenta. Para utilizar esas semillas, se debe pagar la licencia e importar sus insumos. El HB4 es un desarrollo del INDEAR, un consorcio público-privado conformado por empresas nacionales, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Este desarrollo evidencia las capacidades de la ciencia nacional, el potencial de la vinculación público-privado para el desarrollo de innovaciones y la posibilidad de generar alternativas competitivas a la dependencia tecnológica de los grandes jugadores mundiales, pero también, muestra que los actores privados involucrados en su desarrollo (como Bioceres), son los mismos que oficiaron de punta de lanza del modelo sojero dependiente de glifosato en Argentina.

El período transcurrido entre que el trigo HB4 aprobó las instancias regulatorias y la reciente autorización para su siembra comercial, evidencia el peso de los compradores y de los escenarios geopolíticos en la resolución de las controversias locales. La escasez de trigo agudizada por la guerra en Ucrania presionó la toma de medidas drásticas: India prohibió su exportación, la Unión Europea aprobó la importación de transgénicos, mientras Brasil, Australia y Nueva Zelanda aceptaron comprar derivados del HB4.

El desarrollo nacional de tecnología de mejoramiento vegetal abre una ventana de oportunidad para revertir la concentración de la innovación y las ganancias de pocas multinacionales, mientras que posiciona a la ciencia local en el escenario mundial de la innovación. Empresas nacionales y laboratorios públicos pueden marcar una diferencia reduciendo los costos de los insumos y sosteniendo actores más pequeños en la cadena productiva. Sin embargo, inscribir estas innovaciones en el mismo modelo de exportación de commodities difícilmente revierta la actual dependencia comercial y tecnológica o disminuya el impacto medioambiental de la producción de monocultivos intensivos. Por eso, resulta necesario inscribir la producción de tecnologías autóctonas en modelos de desarrollo que fortalezcan las economías regionales potenciando y no destruyendo sus acervos naturales, en modelos económicos distributivos y dinamizadores de una estructura productiva nacional diversificada.

(***) Doctora en Antropología Social. Profesora e investigadora de la Escuela IDAES-UNSAM

(****) Magíster y doctoranda en Sociología. Becaria CONICET y docente de la Escuela IDAES-UNSAM y UNLAM.