Pidió al Congreso aprobar “un régimen unificado de control patrimonial” y solicitó a jueces de todo el país que informen las causas en trámite que involucren a partidos, funcionarios y candidatos.

En la previa a las PASO de agosto y las generales de octubre, la Cámara Nacional Electoral resaltó la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas. Así, pidió a los gobernadores de todo el país a coordinar esfuerzos y a los jueces de todo el país que les informen sobre las causas en trámite por estos delitos donde se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos.

Mediante la Acordada Extraordinaria N° 45/2023, firmada por sus tres integrantes -Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas- la Cámara solicitó información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico, en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas. El pedido de información fue elevado a las Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los Tribunales Superiores de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Del mismo modo, el Tribunal señaló que la experiencia comparada indica que los intentos del narcotráfico para influir –con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional. Sucede que el control federal se aplica a las campañas nacionales, mientras que en las provinciales, la supervisión del financiamiento partidario es responsabilidad de cada jurisdicción.
Sobre el punto, se explica que los avances que se han hecho en materia de transparencia y control del financiamiento político partidario, deben profundizarse con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito. En este punto, sugirió al Congreso Nacional establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.
Hasta tanto eso ocurra, la CNE propuso a los gobiernos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacer acuerdos inter jurisdiccionales e impulsar acciones legislativas, operativas y de cooperación, para el adecuado control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, con una perspectiva integral que coordine los esfuerzos de las autoridades competentes en los distintos órdenes jurisdiccionales.

La intención de la justicia electoral es controlar -según las reglas de la ley 26.215- el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas, ya sea a nivel nacional, donde tienen jurisdicción, como prestar colaboración a nivel local. Los jueces destacaron que hay que promover y diseñar políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas.
El mes pasado, el máximo tribunal en cuestiones electorales mantuvo una reunión con todos los representantes de los partidos políticos de alcance nacional para analizar el sistema operativo de los comicios de este año. Allí, los jueces alertaron sobre la necesidad de ajustar los controles en las provincias para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito para las campañas.
El caso es que las elecciones de este año presentarán varios escenarios de desdoblamiento y la preocupación radica en que en muchas de las provincias no hay una legislación vigente para el control y fiscalización de las campañas. Por lo tanto, cada distrito debería controlar el origen de los fondos de financiamiento político, sin rendición de cuentas provinciales.