El gobierno debe preocuparse hoy por atender dos frentes. El judicial vinculado a hechos de corrupción que comienzan a afectar ya a otras áreas del Poder Ejecutivo y la delicada situación financiera-económica del país en la que el gobernador personalmente es un alineado incondicional del presidente Mauricio Macri.

 

No es que para la provincia la situación haya variado, por el contrario, la gestión de Domingo Peppo debió atravesar esto mismo desde que asumió. Lo segundo, y lo primero. Empezando por atrás, Chaco fue discriminado con la venia de nuestro primer mandatario.

 

La delicada situación financiera que impuso el durísimo recorte que anunció el ministro Nicolás Dujovne antes de partir a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional hoy afecta el anuncio –reiterado e incumplido- de reactivación de obras de viviendas paralizadas desde la gestión de Jorge Capitanich. Esa suspensión no sería una novedad para el Chaco. Lo viene siendo desde hace dos años y medio.

 

Sin embargo estaría garantizando que durante el mandato de Domingo Peppo no sólo no se haya licitado nunca ni una sola vivienda, sino que siquiera en sus cuatro años de gobierno no habría inaugurado ni un barrio.

 

La serie interminable de fotos de funcionarios reuniéndose entre ellos –ministros con ministros, ministros con diputados, ministros con intendentes, gobernador y ministros con funcionarios nacionales- es la introducción, el acto central y el epílogo de la gestión de Domingo Peppo.

 

Y eso que la orden del gobernador en una de sus últimas reuniones de gabinete era salir a mostrar lo bueno que está haciendo el gobierno. O timbreo no es para peronistas o no hay tanto para mostrar.

 

El gobierno sabe dónde le aprieta el zapato. Una serie de carteles –de composición de los mismos que en épocas electorales les venden la foto de los candidatos y los espacios para pegarlos en la vía pública- sirvió para frenar lo que la Federación Económica del Chaco calificó de “impuestazo”. Las convicciones de la gestión de Peppo y sus funcionarios, entre ellos el ministro de Hacienda, imputado en una de las causas de corrupción, Cristian Ocampo, y el administrador de la ATP, José Valentín Benítez, no alcanzaron para imponer una suba de Ingresos Brutos al 2% de los contribuyentes chaqueños, según dijeron ellos mismos.



 

Se trataba de recuperar unos 500 millones de pesos que la provincia del Chaco deja de recaudar por el “consenso fiscal” que el Chaco viene cumpliendo a rajatablas. Pero la unidad del empresariado chaqueño cuestionó el destino que la provincia quiere darle a esos fondos “¿son para los desmanejos?” se preguntaron en no más de 10 carteles ubicados en el microcentro de Resistencia.

 

O era para eso o afectaba a las pymes del Chaco, porque finalmente el proyecto se trabó. ¿O acaso no son tan imprescindibles los 500 millones de pesos? 

 

El ajuste tendrá que venir de otro lado. Allí están sentados los funcionarios de Economía del Chaco arriba del 4 por ciento que ofrecieron para el primer semestre al sector público, cuando el primer cuatrimestre va a cerrar en cerca del 10% de índice inflacionario. Los sectores del trabajo o no tienen tantas ideas o no tienen los fondos para imprimir y encontrarle un lugar a sus carteles, o tal vez no se atreven a vincular que el ahorro que por vía de ajuste contabiliza el gobierno provincial termina en la corrupción, que todavía no se investiga completamente.

 

En la vida real todo el mundo sabe que la pauta inflacionaria nacional superará con holgura el 15% que calculó el gobierno de Macri. No es que eso no sea evidente en el Chaco sólo que aquí se ignora deliberadamente en el altar “la reducción del gasto público” que paradójicamente demandan los que viven de los negocios que hacen con el mismo estado.

 

En esos negocios se oculta la corrupción, no toda, pero buena parte. Algo quedó al descubierto, pero el público chaqueño no tiene conocimiento –todavía- de los negocios que hace la Fiduciaria del Norte.

 

Un vehículo y personal del Ministerio de Infraestructura aparecieron movilizando a la costosa abogada del detenido ex secretario de Información Pública, Paulo Buticce. Es obvio que aquí el hilo se va a cortar por lo más delgado, si es que algo pasa. A 48 horas de ese escándalo –con consecuencias judiciales- el gobierno de la provincia no ha dicho una sola palabra. Tampoco el ministro Fabián Echezarreta, protagonista de uno de los primeros escandaletes de la gestión de Peppo, tras la millonaria refacción de los baños de esa cartera.

 

La Municipalidad de Resistencia, que encabeza un extremadamente tranquilo Jorge Capitanich, salió a justificar como una normalidad que Facundo Sampayo perciba sólo de horas extras casi 70 mil pesos, y su sueldo final sea de más de 130 mil pesos. Como si esa normalidad representara la mayoría de los sueldos de los municipales.

 

La base de esa justificación es la principal defensa en la causa por Lavado de dinero. Los bienes del detenido se corresponden con una persona que tiene ingreso familiares por encima de los 150 mil pesos mensuales, dijo el uno de los abogados defensores. Ergo, no hay lavado.

 

Ayer la gestión de Capitanich le dio la derecha a ese argumento. Lo había hecho también, pero 48 horas antes el secretario de Obras Públicas, Diego Arévalo, yerno y cuñado de dos de los detenidos en la causa Lavado II.

 

Arévalo contradijo ante la Justicia lo que había declarado a los medios en 2016. Habiendo adjudicado obras a su suegro, el ingeniero Pedro Martínez, entre ellas la polémica pavimentación de la Avenida Edison, entre Avenida Chaco y Avenida Urquiza, ahora afirmó que no sólo no hubo corrupción tampoco sobreprecios en la gestión de Aída Ayala, sólo hubo diferencias.

 



 

De paso, la esposa de Arévalo fue una de las pocas que públicamente defendió la inocencia de Paulo Buticce “estamos con vos Paulo”, le dijo a través de las redes sociales ¿hablaba también por el secretario de Obras Públicas de Capitanich?

 

Jacinto Sampayo grabó un video para pedirle colaboración a los compañeros. Todavía no se sabe quién es el Gringo, que es el encargado de hacer la colecta. Por lo que dice, necesita de unos 20 mil dólares en un plazo perentorio que no debe exceder las dos semanas. Lo necesita para pagar abogados, según indicó.

 

Pero además dijo que una cifra parecida ya tuvo que desembolsar para una primera entrega. ¿Se trata de fondos en blanco que responden a pagos contra recibo? Porque un monto de esos, a casi 24 pesos por cada dólar son cerca de 500 mil pesos. Sólo por citar un ejemplo, su hijo tendría que trabajar 5 meses para hacer ese pago.

 

Grave, cuando lo que se investiga es precisamente lavado de dinero y evasión tributaria.

 

Por su lado, la familia Sampayo empieza a dudar de la lealtad de los dirigentes que quedaron en el municipio. Se verá si finalmente la colecta llega a juntar los fondos. Por lo pronto estuvo dirigida a directores y jefes de departamento a los que “Jacinto les dio una mano”.

 

Pero además, como Aída Ayala, desconfían del intendente Jorge Capitanich. ¿Qué más pueden esperar de él?