Así lo afirma el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del examen preliminar comenzado en febrero de 2018 ante las denuncias recibidas.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados.

“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan.

La Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

El informe, fechado 15 de junio y publicado este martes, señala que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.

Entre los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista el informe cita casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.

Responsables de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.

Según la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de violaciones. Esto cumpliría con el principio de complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal.

“Las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.

Fatou Bensouda dijo el 8 de junio a Efe que esperaba anunciar si abriría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño, que se quejó de trato “discriminatorio” y “desigual”.

Sin embargo, dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto. El caso está ahora en manos del fiscal Karim Khan, quien sustituyó a Bensouda el pasado 15 de junio.