Hacía tiempo que el debate sobre la necesidad de un gesto firme por parte de la Unión Europea hacia el actual Gobierno israelí estaba flotando en el ambiente político de Bruselas, pero todo se quedaba en el tintero ante la certeza de que esta cuestión divide profundamente a los distintos gobiernos e impide la formulación de una posición común. La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que implica la emisión de una orden de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu , ha evitado a los europeos tomar una decisión incómoda sobre el caso, pero les lleva a una divergencia profunda sobre un tema complejo y muy escabroso. Entre los países que afirman que cumplirán escrupulosamente con el mandato del tribunal y aquellos que aseguran que lo ignorarán completamente, se ha abierto una zanja que amenaza con bloquear a toda la UE como actor en el conflicto porque hay países como Hungría o Italia que se han comprometido a invitar al dirigente israelí para exhibir su discrepancia con el tribunal, mientras que otros como Holanda, Irlanda, Bélgica, Austria o España, anuncian que si viniera a su territorio lo mandarían detener.El principal impulsor de la introducción del debate sobre Israel ha sido el todavía Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, que hace meses que intenta mover las cosas para que la UE suspenda el diálogo político con Israel, basándose en las provisiones del Acuerdo de Asociación con este país. Un acuerdo de Asociación es probablemente la fórmula más intensa de relaciones con Europa y prevé, como es natural, que el país beneficiario se compromete a cumplir con determinados estándares democráticos. Borrell ha intentado que la Comisión redactase un informe sobre ello para cimentar la decisión de suspender el diálogo político, que por otro lado es prácticamente inexistente en la actualidad.Noticia Relacionada Guerra en Gaza estandar Si Netanyahu ignora la orden de arresto y sigue con la ofensiva: «No cederemos a las presiones» C. PérezEspaña e Irlanda por un ladoSe puede ver que los países que han apoyado a Borrell en este campo con más intensidad son los dos que han reconocido este año a Palestina como Estado, es decir, España e Irlanda, pero se han encontrado con la oposición de otros gobiernos tradicionalmente muy cercanos a Israel, como Alemania. El lunes pasado, la más reciente reunión de los ministros europeos de Exteriores, que además era también la última que presidía Borrell como Alto Representante, llevó este tema en el orden del día, pero fue prácticamente ignorado por gran parte de los ministros, más interesados en otros asuntos de la actualidad internacional, como la guerra de Ucrania.En cuanto este jueves se conoció la noticia de la emisión de esta orden de detención, el propio Borrell publicó un mensaje en redes sociales en el que venía a apelar a la responsabilidad de todos los Gobiernos europeos. Borrell dijo que tomaba nota «de la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Netanyahu, el exministro Gallant y el líder de Hamás Deif» y aprovechaba para recordar que «estas decisiones son vinculantes para todos los Estados parte del Estatuto de Roma, lo que incluye a todos los Estados miembros de la UE». Es decir, la UE como tal «toma nota» de la decisión de los jueces, pero él como Alto Representante y partidario de lanzar una señal grave a Israel por lo que está sucediendo en Gaza o en Líbano, recuerda abiertamente a los países que están obligados a aplicarla, a pesar de que con esta decisión radical por parte del CPI el resultado es que se hace más complejo aplicar una posición común entre los Veintisiete.Hasta ahora, el Gobierno más firmemente proisraelí en la UE ha sido siempre el de Alemania, bajo cualquier partido que sea, por razones históricas que todo el mundo puede comprender. Pero también es un Ejecutivo tradicionalmente muy respetuoso con la legalidad y por ello esta disyuntiva pone a prueba su posición tradicional en un momento en el que la coalición que forma la mayoría parlamentaria ha saltado por los aires y el país se prepara para unas elecciones anticipadas en febrero. La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock , publicó un comunicado en redes sociales para decir que una vez que han tenido conocimiento de la decisión de la CPI «estamos analizando cuales son las implicaciones para nuestra política exterior», lo que es probablemente reflejo de esas dudas.Nada que ver con lo que ha expresado el primer ministro húngaro Viktor Orbán que ha descalificado tajantemente la orden de la CPI. «La decisión adoptada por la Corte Penal Internacional de intervenir en un conflicto en curso con fines políticos en realidad es escandalosamente descarada, yo diría cínica, desacredita el derecho internacional y también puede echar más leña al fuego» por lo que «no hay otra alternativa que oponerse a esta decisión», que él garantiza que no tendrá ningún efecto en su país. En consecuencia anunció que «hoy mismo invitaré al primer ministro israelí a visitar Hungría».Países que la aplicaránPor lo que han declarado sus respectivos gobiernos, si Netanyahu pisara suelo español, irlandés, holandés, belga, austriaco o esloveno, sería detenido. En casos como el del primer ministro de Irlanda, Simon Harris, a la pregunta de si ejecutarían la orden de detención, respondió con todo entusiasmo que «por supuesto, absolutamente, nosotros apoyamos a los tribunales internacionales y aplicamos sus órdenes judiciales». Sin embargo, Francia, que se toma muy en serio cada paso que da en este terreno, ha respondido con un comunicado en el que da a entender que el debate no le conviene. Por ello aclara que se mantiene «fiel a su compromiso duradero en el tiempo de apoyar la justicia internacional y reitera su compromiso con el trabajo independiente de la Corte, de conformidad con el Estatuto de Roma» pero al mismo tiempo aclara que lo que se ha adoptado «no se trata de una sentencia, sino de la formalización de una acusación» y el Gobierno de París «toma nota de esta decisión».La cuestión es tan poliédrica que ha sembrado incluso la división en el seno de algún Gobierno, como es el caso de Italia. En Roma, en efecto, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, considera que su país «apoya a la CPI», a la que al mismo tiempo reprocha que «debe desempeñar un papel legal y no político», por lo que en paralelo a su colega alemana, pide tiempo «para interpretar» la decisión de los jueces. Por su parte, el ministro italiano de Defensa , Guido Crosetto , hace otra lectura y entiende que la decisión del tribunal internacional «es incorrecta», pero sigue obligando a su país por lo que «si Netanyahu o Gallant vinieran a Italia, tendríamos que arrestarlos». Aunque para ello tendría que convencer al viceprimer ministro Matteo Salvini, que apoya plenamente al primer ministro israelí hasta el punto de que si viniera a Italia, «sería bienvenido» porque a su juicio «los criminales de guerra son otros».