A través de un escrito, pidió a la Cámara de Apelaciones que revoque la desestimación del juez de primera instancia e indague sobre el acuerdo.



La fiscal María Paloma Ochoa le exigió a la Cámara Federal de Apelaciones que le permita investigar el memorando con Qatar, en el que había imputado a Mauricio Macri, Susana Malcorra, al extenista Gastón Gaudio y al príncipe catarí, entre muchos otros. En un escrito presentado esta mañana, le pidió que revoque la desestimación del juez de primera instancia, Daniel Rafecas.

 

Según le transmitieron fuentes judiciales a El Destape, la Fiscalía 10 planteó como prematuro cerrar la causa, ya que se trata de una investigación compleja y se debe indagar si hubo tentativa de cometer el delito y abuso de poder de parte de los funcionarios. La procuración no consiguió comenzar a tomar testimonios ni recopilar documentos.

 

La cláusula de confidencialidad que le incluyó el Gobierno al memorando de entendimiento bloqueó la transparencia. De hecho, el escrito nunca estuvo sujeto a control hasta que fue publicado.

 

Ochoa había impulsado la pesquisa sobre el protocolo firmado, investigado por El Destape, en el que el Gobierno convino enviar U$S 300 millones de los jubilados a una offshore. El país árabe planeaba aportar U$S 1.000 millones y con ello invertir en la Argentina durante al menos tres años.

 

La respuesta que brindó ANSES ante el Juzgado de Rafecas fue una carta donde alega no haber transferido fondos e intenta exculpar a los funcionarios, incluso a Gaudio, pese a que no es esa la función del organismo previsional.

 

La primera decisión de la procuradora al recibir la causa fue suspender el acuerdo. Pese a lo que figuraba en los papeles, los tribunales locales no tienen jurisdicción en países extranjeros, por lo que hubiera sido imposible conocer si se cumplía con lo firmado o se destinaba el dinero a la especulación financiera.

 

Además de las transferencias del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que viola múltiples normativas que regulan al fondo de la ANSES, los funcionarios involucrados en las negociaciones le reenviaron las comunicaciones a Gaudio, aparente intermediario de oficio.

 

A su vez, el ex profesional del tenis se lo mandó a su amigo Diego Nicolás Rosendi, quien tenía intenciones de gestionar la sociedad binacional, según le consta a este portal de noticias. Esto podría constituir una violación a secretos de Estado, en caso de que ninguno haya sido contratado por las partes para realizar sus tareas.

 

Tras las publicaciones, Luis María Blaquier renunció al FGS y, por el contrario, Horacio Reyser consiguió un ascenso desde su cargo de asesor presidencial a secretario de Relaciones Económicas Internacionales, en el Ministerio de Exteriores. Además, la ANSES hizo público en diciembre el documento mostrado por este medio en noviembre.

 

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático denunció al Presidente, la canciller, Gaudio, Rosendi, Reyser, Blaquier, Emilio Basavilbaso (titular de ANSES) y otros funcionarios argentinos, al emir catarí y al titular de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, por sus iniciales en inglés). Esta presentación fue ampliada poco después por Guillermo Carmona y un grupo de diputados del Frente Para la Victoria.

 

Ochoa imputó a todos los involucrados y el jueves pasado Rafecas desestimó la causa por no haberse consumado el delito firmado entre los países. Ahora la Cámara Federal deberá dirimir si avala el pedido de la Fiscalía 10 o cierra la investigación.