Se viene una seguidilla de movilizaciones y protestas en repudio a la gestión del Gobierno en diferentes frentes. El sector educativo, claramente motorizado por las universidades nacionales y contando con el apoyo de la CGT, saldrá a la calle el 23 de abril. Como en tiempos lejanos de la historia política argentina, el frente obrero-estudiantil se une y recompone para hacer públicos sus reclamos.



Pese a los intentos del oficialismo por contener la protesta obrera, las trabajadoras y los trabajadores decidieron conmemorar el 1° de mayo con una movilización que se presume multitudinaria alimentada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero sobre todo por la caída del empleo debido a despidos en el Estado por “el ajuste” y en el sector privado como consecuencia de la recesión.



No conforme con este gesto, y apurada por los reclamos de las bases, la dirigencia de la CGT le puso fecha a un paro general para el 9 de mayo.



En todas estas manifestaciones habrá además presencia de movimientos sociales y organizaciones comunitarias que reclaman por alimentos y subsidios que el Gobierno recorta o directamente suprime en búsqueda del pregonado “déficit cero”. Allí aparecerán también jubiladas y jubilados, las principales víctimas del ajuste dispuesto por el ministro Luis “Toto” Caputo.



Salvo excepciones, la mayoría de la dirigencia política sigue sin decir presente. Motivos varios.



El cronograma de la protesta no es una novedad. Lo es sí la concurrencia de sectores y grupos que son víctimas del ajuste. No quiere decir que entre quienes demandan hayan desaparecido las diferencias. La coincidencia se da en lucha por los derechos conculcados y en rechazo a los atropellos del Gobierno. No habría que dejar de lado también una consideración sobre la violencia de las formas y la incapacidad para la política de los operadores oficiales. Por todo ello no estaría mal decir que “Milei lo hizo”. Esto a pesar de que el Presidente recurra a sondeos y encuestas que le resultan favorables y en donde aún mantiene alto su nivel de respaldo, para decir que “si hoy hubiera una elección ganaría en primera vuelta”. No opina, sin embargo, sobre los quiebres en su frente interno, donde las operaciones de “la jefe” Karina generan fracturas, contradicciones y enfrentamientos entre los propios. Mientras esto pasa, Milei se dedica a los suyo: uso intensivo de las redes sociales digitales para agredir y seguir construyendo enemigos locales (también a nivel mundial), mientras busca cosechar aplausos internacionales de la ultraderecha del mundo, aunque solo le sirvan para mejorar su autoestima.



Una pregunta que puede comenzar a encontrar una respuesta en las próximas semanas es si llegó la hora de la calle, de la movilización callejera, como herramienta de resistencia y de lucha contra el ajuste. Lo que suceda con el cronograma previsto de protestas no dará respuestas definitivas, pero sí indicios ciertos de cómo continuará la confrontación política y social en el país y quienes serán sus actores protagónicos.



También porque el tan publicitado “protocolo antipiquetes” de la ministra Patricia Bullrich tendrá que pasar por un examen de otras dimensiones, dadas las características, la masividad y la entidad de las manifestaciones previstas. Probablemente no alcance con los despliegues de fuerzas represivas. Pero nada sería extraño. Ni la posible represión (con consecuencias tan imprevisibles como graves), ni el “repliegue” táctico de la “comandante Pato” si la fortaleza de la protesta alcanza una magnitud que la obligue a “meter violín en bolsa”. Todo está por verse y es mucho lo que se está poniendo en juego.



La primera “batalla” será la de la educación, motorizada por las universidades (autoridades, estudiantes, docentes y no docentes). Un estudio reciente (10 y 11 de abril) de la consultora Zuban Córdoba y asociados pronosticó que “la educación pública es probablemente la categoría en la que más problemas puede tener el Gobierno en términos de opinión pública”. En el mismo trabajo se afirma que “un abrumador y mayoritario 86 por ciento (de las personas consultadas) coincide con la idea de que se trata de un derecho que debe ser defendido”. La educación y, en particular la educación pública, es un tema sumamente sensible para la sociedad argentina. Sobran ejemplos de la capacidad de reacción que el sector educativo ha tenido cuando, distintos gobiernos, pretendieron avanzar sobre ese derecho que gran parte del pueblo argentino tiene incorporado a su haber.



Por esa realidad, por principios y por condición de juventud, las y los estudiantes tienen un potencial de lucha y de protesta superior a otros sectores de la sociedad. Mucho más cuando –como en este caso– no solo ponen en agenda sus demandas, sino que cargan con las de otros sectores golpeados por la crisis. Todo se potencia por la confluencia de estudiantes y trabajadores. Así lo entendieron los dirigentes sindicales cuando decidieron ser parte de la movilización del 23 de abril.



Será una prueba “piloto” y lo que allí ocurra tendrá una significación trascendental para la continuidad del plan de lucha.



Asumiendo que el presupuesto educativo puede transformarse en detonante de las reacciones frente al plan de ajuste del Gobierno, hay otra agenda de temas a los que habrá que prestar atención. Si bien la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios sigue siendo una cuestión preocupante, crece la inquietud por el aumento del desempleo y ese puede ser a corto plazo un movilizador clave del desencanto y del rechazo a Milei. También porque si bien hasta ahora los principales perjudicados son trabajadoras y trabajadores del Estado, la mancha venenosa se extiende cada vez con mayor rapidez hacia el sector privado afectado por la recesión. La no homologación de acuerdos paritarios puede generar consecuencias similares al intento de apagar un incendio con nafta, porque multiplicaría los ya abundantes frentes de conflicto. Lo sucedido con los choferes de transporte colectivo y con los camioneros, ambos pendientes puede ser un claro indicio de lo anterior. Aunque no lo admita públicamente, el Gobierno sabe que está jugando con fuego.



Muchas cartas están echadas. Y lo que suceda en las próximas semanas será crucial para determinar cuál será el terreno de la disputa. ¿Será la calle?