La decisión se tomó debido a que la hipótesis más fuerte que se analiza hasta el momento:que la niña de 5 años, que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en un barrio de San Luis, no estaría en su provincia de origen.
A días de que se cumplan los seis meses de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en un barrio de sur de la ciudad de San Luis, la investigación pasó al fuero federal. Esto es porque la hipótesis más fuerte que se analiza hasta el momento es que la menor no estaría en la provincia.
Así, el juez de Instrucción Penal 2, Ariel Parrillis, remitió las actuaciones efectuadas y en trámite, a la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad de San Luis bajo la carátula “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación” por el posible delito de tráfico de personas.
El traspaso de la investigación al fuero federal se realizó “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”, según consta en el comunicado de Prensa del Poder Judicial.
No obstante, la justicia provincial continuará su tramitación otros procesos judiciales paralelos para averiguar la posible comisión de otros delitos no vinculados con la desaparición de la niña.
La desaparición Guadalupe Belén Lucero: cuáles fueron las medidas más importantes
No obstante, la oficina de prensa del Poder Judicial detalló cuáles fueron las medidas más importantes que se concretaron hasta ahora en la causa cuyo expediente ya cuenta con más de 80 cuerpos:
Se desarrollaron más de 180 líneas de investigación tanto en San Luis como en otras provincias que surgieron a partir de 185 denuncias recibidas a través de líneas telefónicas y declaraciones de personas.
Rastrillaje en lagos y perilagos: bomberos de la Policía de San Luis y Prefectura Naval de la Armada Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos provinciales. La investigación se realizó con ayuda de canes con especialidad en búsqueda de restos humanos, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto (ROV). Se rastrillaron un total de 1.500 sectores incluyendo domicilios.
Análisis de cámaras de seguridad: se estudiaron 3.000 horas de captaciones fílmicas de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas. El análisis se realizó mediante la tecnología BRIEFCAM que permite sintetizar registros fílmicos.
Se efectuó lectura de patentes sobre ruta y análisis genéticos sobre muestras biológicas (ADN), banco genético de ADN y declaraciones en Cámara Gesell.
Organismos involucrados: intervinieron de manera conjunta la Coordinadora del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), y por su intermedio las fuerzas de seguridad: Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional Argentina (GNA), del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos de la Procuración General de la Provincia (DIDC).
Los datos surgieron de las Líneas 134 “Alerta Sofía”, 145 “Programa Buscar”, Missing Children, Sistema de Emergencia 911, Agencia de Monitoreo y Sistema Federal de Búsqueda de Personas.
Las declaraciones se recibieron en Fiscalías y sedes policiales de todo el país y las denuncias en calidad de “corroborables” fueron investigadas por la Policía Federal y Policía de la Provincia de San Luis.
Se registraron más de 900 declaraciones y 465 allanamientos.
Peritajes de Tecnología: se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles (celulares, Tablet, notebook, pendrive) a través del programa PATHFINDER que permite procesar interceptaciones telefónicas a través del “barrido” de antenas de telefonía celular.
Se realizó un examen de comportamiento y entrecruzamiento de interlocutores con intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
También se solicitó información a Google LLC en relación a los dispositivos que se encontraban en un rango horario y de distancia determinados en el punto cero de la desaparición.
Se solicitó la colaboración de autoridades judiciales de Estados Unidos a través del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos y requerimientos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) con el objeto de obtener imágenes satelitales.
Las Fiscalías de Mendoza, Córdoba, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Salta realizaron allanamientos en dichos territorios, y constataron denuncias telefónicas y por redes sociales en Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Jujuy.
La República de Chile intervino a través de Gendarmería Nacional, por medio de la oficina de enlace ante Carabineros de Chile para realizar investigaciones en la Comuna de Rancagua (población Diego Portales) y en La Pintada, ciudad de Santiago de Chile.