Una vez más, la Justicia prorrogó el desalojo de la toma de Guernica, la más grande y emblemática de la provincia de Buenos Aires. En este caso sin nueva fecha. El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, aceptó el pedido de prórroga que llevaron a una audiencia virtual el miércoles al mediodía tanto el gobierno provincial como la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas que defiende a las familias de la toma.

El desalojo estaba previsto para la mañana del jueves. En el predio se preparaban para una vigilia y para ponerle el cuerpo a la resistencia.


La audiencia

Los abogados pidieron 90 días de prórroga. En tanto, el gobierno provincial solicitó al Juez de Garantías N°8 de La Plata, Rizzo, que el operativo pase al miércoles 14 de octubre. La audiencia había sido solicitada por el gobierno provincial para informar respecto de los avances del plan de contingencia aprobado por el juzgado, de acuerdo a un comunicado oficial.

La comisión interministerial que pidió la prórroga está conformada por los ministros de Desarrollo de la Comunidad; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. También participaron de la audiencia el defensor del pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino; organismos de Derechos Humanos, el fiscal Juan Condomí Alcorta y algunos de los que dicen ser propietarios del predio en cuestión.

El pedido del gobierno bonaerense se fundamenta en dos hechos "nuevos" de "alta relevancia a los efectos de resolver el conflicto". El comunicado subraya "el importante nivel de adhesión" a la propuesta de "desocupación voluntaria" en las últimas 48 horas, abarcando al "casi 20 por ciento de las familias". Por otra parte, destaca el lanzamiento del Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat por parte del gobernador Axel Kicillof que se propone "sentar las bases de una respuesta de fondo a la deficiencia habitacional".


Distintos funcionarios hicieron declaraciones este miércoles. Tanto la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, afirmaron que muchas familias habían abandonado la toma (alrededor de unas 200) tras firmar un acta según la cual se comprometían a dejar el lugar a cambio de recibir una respuesta a su problema habitacional. Este fue planteado desde el gobierno como el estadío siguiente al censo que se desarrolló en el lugar. Pero por su parte, delegados y delegadas de la toma y las organizaciones que acompañan la lucha manifestaban su malestar ante el accionar del gobierno provincial, en una conferencia de prensa que brindaron mientras esperaban los resultados de la audiencia, en el Obelisco. El desalojo era inminente y se preparaban para una caravana, un abrazo simbólico, una vigilia, cortes, movilizaciones y la resistencia.