Fue durante la inauguración de una sede judicial en Santo Tomé. “Defendemos nuestro presupuesto con la convicción de que es una atribución constitucional”, dijo durante el acto oficial uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El gobernador recortó casi un 30% los recursos judiciales para 2024.



El Superior Tribunal de Justicia (STJ) inauguró nuevas dependencias de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral en la localidad de Santo Tomé, sobre la costa del río Uruguay.



En ese marco dos de los cinco jueces del STJ pusieron de relieve la importancia de los recursos y mucho más en la coyuntura. “Tenemos un presupuesto muy ajustado y se vienen tiempos difíciles, es decir, tuvimos que atravesar, una situación de pandemia y demás, pero tenemos muy claro el objetivo”, dijo el Presidente de la Corte provincial.



Luego añadió: “Hay una continuidad de las políticas que se han implementado, que han sido acertadas y que han sido importantes para el Poder Judicial” afirmó, y agregó; “estamos muy convencidos de los objetivos centrales que tenemos como política pública dentro del Poder Judicial, y una de ellas tiene que ver con lograr la infraestructura adecuada para lograr ambientes de trabajo acordes con la dignidad, y no solo del trabajador judicial, sino también del usuario, del destinatario”.



Por su parte, otro de los jueces integrantes de la corte provincial remarcó: “Defendemos nuestro presupuesto con la convicción de que es una atribución constitucional y que el mismo responde a nuestras necesidades y lo hacemos con total honestidad intelectual para cumplir las distintas leyes y el fin que posee el propio Poder Judicial. Lo único que estamos haciendo –dijo- es lograr los objetivos para prestar un verdadero servicio en favor del Poder Judicial, revirtiendo esa mala imagen que algunos nos endilgan”.



El pasado miércoles 06 de diciembre la cámara de diputados de la provincia sancionó la Ley de Presupuesto 2024 que recorta en un 27% el dinero pedido por el Poder Judicial. Con lo cual además de complicar el funcionamiento del servicio de Justicia en la provincia, generará como ocurre desde hace años, que el último trimestre del próximo año el Poder Judicial quede sin recursos y dependa directamente de los envíos del Poder Ejecutivo provincial.