La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció un intento del Gobierno para condonar casi la totalidad de la deuda que ya supera los 4.000 millones de pesos del Correo Argentino con el Estado, acusó a esa empresa de intentar una nueva judicial para "dejar impune" su esa situación.

 

El Correo había planteado que desconocía la legitimidad de la fiscal de Cámara para pedir un peritaje sobre sus libros contables, luego de que Boquín advirtiera que la firma había estado retirando fondos, lo que implicaba un "vaciamiento", en pleno expediente concursal, y había utilizado dinero para distintos tipos de operaciones de las controlantes Socma y Sideco, de la familia Macri, según publicó el diario Página 12.



A través de un escrito presentado en la causa, Boquín ratificó sus facultades y advirtió que la jueza Marta Ciruli le entregó la confección del peritaje a las mismas sindicaturas que habían intentado "obstaculizarlo", que ya favorecieron al Correo en informes anteriores y que están imputadas penalmente, en lugar de entregárselo a un perito oficial designado para esta cuestión.

 

Si bien el Estado dio marcha atrás con la condonación, aún no se avino a un nuevo convenio y, en cambio, pidió una prórroga que aún tiene efecto. Luego, la fiscal advirtió que durante 2016 la jueza Ciruli había autorizado a la empresa a hacer retiros de dinero por 10 millones de pesos, "en beneficio de otras empresas del grupo" y en "perjuicio de las cuentas del concurso".

 

La fiscalía corroboró que parte del dinero se usó para pagos de oficinas, sueldos y cargas sociales, honorarios y gastos contables ligados a Sideco S.A, a su vez controlada por Socma SA. Unos 2 millones de pesos se habrían pagado a Socma por acciones vinculadas al mercado automotriz, de acuerdo a la denuncia.

 

En ese marco, Boquín pidió una pericia sobre libros contables del Correo ya que, según consideró, hay "irregularidades en cuanto a su composición, poca claridad sobre la necesidad o no de retirar fondos para afrontar gastos operativos".

 

"Pretender desconocerle a la fiscalía poder de actuación para lograr efectividad en las misiones y deberes funcionales que se le asignaron, implica un retroceso institucional inadmisible y contraría la ley con la única finalidad de dejar posiblemente impunes conductas como las denunciadas en mis anteriores dictámenes", advirtió.