El viraje brusco en materia de derechos humanos y sociales emprendido por el gobierno de Mauricio Macri, que de manera perceptible se viene dando desde el comienzo de su gestión, tuvo su demostración más simbólica y contundente en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilita el beneficio del 2x1 en las penas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
A estas alturas, hablar de la independencia de poderes en nuestro país es pecar de ingenuo: la corporación judicial ya dio sobradas muestras de su alineación incondicional a la política de avance sobre los derechos que vertebran ese cuerpo difuso que, a modo de mejor definición, el Gobierno presenta como una oposición descerebrada, fanática, atada a un modelo populista de corrupción salvaje que anula cualquier intento de avance en el sentido de la producción encarnada en inversiones extranjeras y abandono del Estado de sus funciones elementales. El aberrante encarcelamiento de Milagro Sala, que además de ignorar toda norma jurídica y ética contradice abiertamente la visión de los organismos internacionales, la persecución contra Cristina Fernández y miembros de su Gobierno, y la catarata de fallos contrarios a los sectores del trabajo y sociales plantean sin claroscuros la idea de una justicia concebida como una oficina más en el organigrama de un Ejecutivo que- no debe olvidarse- debutó tratando de meter dos jueces por decreto, en una maniobra en la que debió dar marcha atrás ante la indignación de sus propios aliados políticos.
Sin embargo, planteadas así las cosas, la justicia venía oficiando de empleado coyuntural del macrismo, allanándole el camino para su avance político con decisiones pensadas para sacar de juego a adversarios en el corto plazo o, con mayor amplitud, para apuntalar el relato oficial de un pasado inmediato que oficia de lastre y que se encarna, como ya se dijo, en figuras puntuales de peso a las que es necesario aniquilar a cualquier costo.
Ahora, la justicia dio un paso más, atacando al núcleo constitutivo simbólico de esa oposición: los premisos juicio y castigo para los partícipes del aparato genocida, que los organismos de derechos humanos sostienen de manera inclaudicable desde el advenimiento democrático.
Para ello, la Corte Suprema echó mano a una ley derogada en 2001 y que planteaba el cómputo de los años que median entre el delito y la sentencia para beneficiar a un represor que revistaba en un grupo de tareas, condenado por cinco casos de secuestro y torturas.
Con su fallo, la Corte Suprema se sitúa en el rol de demoledor ideológico oficial, consecuente con la interpretación de la Dictadura que hacen tanto el Gobierno como sus aliados: que el terrorismo de Estado no existió, y que los crímenes de lesa humanidad fueron apenas excesos cometidos en medio de un guerra sucia en la que ambos bandos perpetraron atrocidades. La exégesis de esta visión, recogida por la corporación de la justicia, es la que permitió a los supremos llegar a un fallo con el que se venía amagando hace tiempo, con una seguidilla de avances sonoros y retiradas tácticas que incluyó un intento de premiar con prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, detenido en el penal de Ezeiza, finalmente anulada (en el otro extremo, la revista Barcelona fue condenada a indemnizar a Cecilia Pando, defensora de la Dictadura y negadora de sus crímenes, por una publicación humorística considerada injuriosa).
La pata de Dios
Con el tiempo, al ir dimensionándose en su total magnitud los alcances de la Dictadura, se concluyó que esta jamás hubiera sido posible sin la complicidad de actores sociales ajenos a las Fuerzas Armadas, y así comenzamos a hablar de golpe cívico- militar. Grupos económicos, empresarios, medios de comunicación y políticos jugaron un papel importante proveyendo de aval discursivo y de cooperación operativa a los genocidas.
Uno de los actores fundamentales en esa trama, por su condición de legitimador moral de la represión, fue la Iglesia católica, que se encargó muy bien de absolver para el cielo los crímenes cometidos en la tierra por los genocidas.
Quizás nostálgica de su pasado de capellán de gobiernos de facto, la Conferencia Episcopal Argentina convocó a una “reconciliación” para “sanar las heridas” producidas durante la Dictadura. En el léxico de la Iglesia, reconciliación equivale a indulto, a borrón y cuenta nueva. La reconciliación de la Iglesia es unidireccional y apunta sólo al lavado de conciencia de los represores, ya que lo único que puede subsanar, al menos en parte, el dolor de sus víctimas es la Justicia que, a diferencia de la divina, se dispensa en la tierra. La convocatoria de la Iglesia adscribe abiertamente a la Teoría de los Dos Demonios, equiparando a un aparato terrorista ilegal con las víctimas de sus acciones, buscando una hipotética reconciliación entre partícipes pares que jamás existieron. Tampoco explica muy bien la Iglesia cuál sería la finalidad de la recopilación de testimonios “...de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad" y la omisión tiende a la desconfianza, porque no debe olvidarse que institucionalmente la Iglesia colaboró con la delación de las actividades de perseguidos, muchas de ellas declaradas en la confesión.
En todo caso, dos pilares más salieron a jugar sus cartas en la relectura de la historia que el neoliberalismo de Macri necesita para sostenerse, y que no le pueden proveer únicamente sus filósofos de medio tiempo y sus asesores en felicidad.