Las familias que se asentaron el viernes en el terreno mantienen la postura de no retirarse. Personal de la comisaría 18 y el GTO vigilan el lugar para evitar que construyan casas sólidas. A metros, otros okupas aseguran que tienen encaminado un acuerdo con el dueño.

 



Las familias okupas del barrio 17 de Agosto se mantienen firmes allí en el terreno tomado el viernes pasado por calle El Trébol, entre Paul Groussac y Alejandro Dumas. De esta manera, tras varios días asentados en el predio, la presencia policial se reforzó en la zona con personal de la comisaría 18 y agentes del GTO.



Si bien hasta el domingo los patrullajes eran frecuentes, desde ayer se instaló una guardia permanente a la vera del terreno tomado. Más allá de esto, varias de las personas que habitan allí aseguraron ayer a El Litoral que “no hubo ningún inconveniente con la Policía y los que dicen ser los propietarios tampoco aparecieron más”.



Por otra parte, según lo comentado por los okupas, fueron notificados de una medida judicial que impide momentáneamente el ingreso de materiales y nuevos elementos al predio. De esta manera, como sucede habitualmente ante casos de usurpaciones de tierras, buscan evitar que el asentamiento crezca con construcciones más sólidas.



Aunque aún las decenas de familias que habitan allí no intentaron ingresar ladrillos ni cemento, algunos sí reforzaron los refugios con lonas y plásticos, aunque la mayoría continúa instalado en carpas que utilizan más que nada para pasar la noche.



En cuanto al devenir del proceso judicial, los okupas se mantienen firmes en su postura de no abandonar el terreno y aseguran que se encuentran abiertos para dialogar y llegar a un acuerdo con los dueños para adquirir los lotes en cuotas, una cuestión que uno de los propietarios desestimó poco después de la toma.



Ante algunos rumores de un posible desalojo o la posibilidad de que el mediador de la policía actúe para llegar a un acuerdo, El Litoral consultó al ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio Ortega. Al respecto, el funcionario indicó que “el negociador no va a dialogar con las familias porque hay un proceso judicial en curso y nosotros debemos respetar eso”.



De esta manera, la denuncia presentada el viernes pasado por el dueño de al menos una parte del predio obliga a obedecer lo que la Justicia defina a partir de ahora. Aunque se desconocen los plazos que puede demandar una decisión definitiva, el propietario aseguró que buscará una respuesta rápida para que las familias liberen el lugar.

 

Acuerdo



A unos 100 metros del predio donde hay varias decenas de familias desde el viernes, otro grupo de personas se instaló en dos espacios verdes, a media cuadra de la avenida Cazadores Correntinos. El Litoral se acercó ayer al lugar y dialogó con algunos de los okupas que se encontraban allí instalados en carpas.



Consultados sobre la situación, comentaron que ellos habitaban en el mismo barrio o en cercanías y que no cuentan con un lugar para vivir.



Además, según indicaron, podrían llegar a un acuerdo con el dueño del terreno en cuestión. “El propietario dijo que iba a hacer una presentación y que nos iba a vender el lugar”, dijo uno de los hombres allí. Aparentemente, el dueño se habría comprometido a mensurar esas porciones de tierra, dividir los lotes y ponerse de acuerdo con los okupas para que éstos les paguen una cuota mensual. “Nosotros estamos de acuerdo, no tenemos problemas en pagar pero necesitamos un lugar donde quedarnos”, expresó otra persona.



Allí, asentaron algunos postes en el suelo e improvisaron una precaria casilla con plásticos. Además, en otro terreno adyacente quemaron el pasto y en otro sector hubo familias haciendo trabajos de desmalezamiento en los últimos días.



Hace unas dos semanas, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia había advertido que se encontraban en alerta ante la posibilidad de que se repitan casos como estos, tras lo ocurrido en las 550 Viviendas del Pirayuí, un intento de toma que finalmente fue desactivado.