Cualquier modelo de desarrollo implica una planificación estratégica, inversiones públicas que conduzcan a un círculo virtuoso, proyectos a largo plazo en sectores estratégicos y la reconversión de los excedentes. En el caso de los países del Mercosur, se trata de absorber las ganancias de la balanza comercial a través de la exportación de productos primarios y transformarlas en fondos de desarrollo sectorial. En definitiva, en mayor o menor medida, esto es diferente de lo que ocurre en los países del bloque -con excepción de Bolivia, como Estado Asociado – y es aún más notorio en Argentina bajo la irresponsable conducción de Milei, Caputo y compañía.

Cuando se recorta el «gasto» en contribuciones fundamentales a las condiciones de vida de la mayoría, lo que se está sembrando es un nuevo ciclo de pobreza, con mayores necesidades en un futuro próximo. Lo contrario también es cierto, como puede verse con la falta de inversión en derechos sociales y colectivos en el llamado modelo escandinavo del siglo XX.

Si este debate se realiza con honestidad intelectual, sin asumir argumentos racistas o xenófobos contra nosotros los latinoamericanos (del tipo: sí, pero en Suecia funciona porque los europeos son más «evolucionados»), deberíamos estudiar los modelos de desarrollo y éxito de diferentes países y tratar de aplicarlos a los Estados miembros del Mercosur y a los aliados preferenciales de los BRICS. Y por cierto, siempre es bueno recordar el dantesco hecho de que Argentina fue aceptada en los BRICS y se negó a ingresar después de que el ultraliberal a la cabeza del LLA asumiera el poder.

La administración del presidente Javier Milei, con su programa económico basado en la austeridad y la reconversión estructural, ha desencadenado un deterioro significativo en las condiciones de vida de millones de argentinos. El informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no solo evidencia un alarmante retroceso en el acceso a servicios básicos, sino que también resalta cómo las políticas del gobierno están profundizando las desigualdades sociales y económicas en el país.

Como estudioso de la economía política internacional y brasileño vinculado desde hace décadas a la República Argentina, puedo afirmarlo sin lugar a dudas. Todos los indicadores de posibilidades de desarrollo están presentes en Argentina. En otras palabras, lo más importante es acertar en el arreglo estratégico y no seguir el camino del «subdesarrollo desigual y asociado», donde sectores privilegiados internos (como el capital rentista y agro-mineral exportador) determinan el rumbo del país a través de mecanismos poco democráticos.

 Un retroceso en servicios esenciales

Uno de los indicadores más preocupantes del informe del INDEC es el acceso al agua corriente, un servicio esencial para garantizar la salud y el bienestar de la población. Según el estudio, en el primer semestre de 2024, 211.000 hogares argentinos carecían de acceso al agua corriente, afectando a aproximadamente 790.000 personas. Este número representa un aumento del 0,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

El acceso a las cloacas sigue un patrón similar. Miles de hogares carecen de conexión a este sistema, lo que expone a la población a riesgos sanitarios significativos. La falta de inversiones en infraestructura básica está erosionando la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, muchas de las cuales ya enfrentan desafíos relacionados con la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Además, el informe revela que un 45,5% de los hogares no tiene acceso regular a servicios fundamentales como gas, electricidad y cloacas, un aumento en comparación con el 45,2% registrado el año pasado. Aunque el incremento pueda parecer pequeño, su impacto es significativo, ya que refleja un empobrecimiento progresivo y estructural de amplios sectores de la sociedad argentina.

Recortes presupuestarios: una estrategia de austeridad extrema

El programa de austeridad de La Libertad Avanza, el partido de Milei, ha priorizado la reducción del gasto público en áreas clave. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado a servicios esenciales como agua y saneamiento se redujo en un 79% entre enero y octubre de 2024. El sector de vivienda y urbanismo sufrió un recorte aún mayor, del 86%, dejando a miles de familias sin acceso a programas de asistencia habitacional.

Otros sectores críticos también han sido severamente afectados. Los fondos para educación disminuyeron un 50%, limitando el acceso a recursos y oportunidades para las nuevas generaciones. En salud, la reducción fue del 36%, lo que pone en riesgo la capacidad del sistema sanitario para responder a las necesidades de la población. El área de desarrollo y asistencia social, crucial en un contexto de crisis económica, experimentó un recorte del 61%.

Un modelo económico en el centro de la polémica

El enfoque del gobierno de Milei está basado en un modelo de «disciplina social» y reestructuración, que busca achicar el tamaño del Estado y reducir su participación en la economía. Sin embargo, estas medidas han generado un fuerte rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad y organismos internacionales, quienes advierten que la austeridad extrema podría llevar a una crisis humanitaria.

El deterioro de la calidad de vida no solo afecta a los sectores más pobres, sino que también genera una pérdida de confianza en el gobierno y en las instituciones. Las políticas de recortes han incrementado la desigualdad, debilitando el tejido social y agravando problemas preexistentes como la falta de acceso a vivienda digna y servicios básicos.

 ¿Cuál camino a seguir?

Frente a esta situación, los expertos en economía y desarrollo social coinciden en que es necesario replantear el enfoque económico del gobierno. La inversión en infraestructura básica, salud, educación y programas sociales no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión para garantizar el bienestar de la población y la sostenibilidad a largo plazo.

Si bien la disciplina fiscal es un objetivo algo legítimo, el costo social de las medidas actuales es demasiado alto. Sin un cambio en la dirección de las políticas públicas, Argentina corre el riesgo de profundizar su crisis estructural, con consecuencias devastadoras para las generaciones futuras.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío crítico: equilibrar sus ambiciones de reestructuración económica con la necesidad urgente de proteger los derechos básicos y la dignidad de su población. Sin medidas inmediatas que prioricen a las personas por encima de los números, el deterioro de las condiciones de vida continuará marcando el rumbo del país hacia un futuro incierto.

Un ejemplo práctico sería buscar una o varias líneas de financiación de proyectos en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD, también llamado Banco de los BRICS), en áreas específicas que puedan mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Un país que antaño se enorgullecía de sus proyectos de saneamiento podría volver a ampliar sus redes de saneamiento y tratamiento integral del agua. Es perfectamente posible, y con excelentes condiciones de pago, sin necesidad de aumentar el endeudamiento en dólares con el FMI.

Estamos dando sólo un ejemplo; podría haber varios. Porque la planificación a mediano plazo y la estructuración de metas para crear condiciones de desarrollo económico con bienestar social tienen efectos mucho más duraderos que la «bicicleta financiera» y otras maniobras de la City porteña.

Un país se construye con inteligencia colectiva y no con la astucia obtenida en las cuevas cambiarias y otros arreglos poco republicanos.

 

* Bruno Lima Rocha (blimarocha@gmail.com) es periodista, doctor en ciencia política, profesor de relaciones internacionales e investigador en economía política internacional. Es asociado al ECMES (ecmes.eu) donde escribe a respecto de BRICS y desarrollo en el Sur Global