El gobernador Domingo Peppo pensó que lo mejor para él sería el exilio de un par de días en Washington donde podría ser ocasional disertante sobre “transparencia” pero una agenda tan breve inexorablemente termina. Regresar para él es adentrarse en su hora más difícil. El hecho mismo de viajar en medio de lo que constituye la mayor crisis política desde que el Frente Chaco Merece Más gobierna expone la orfandad en que está sumido.

 

Quedarse en la capital chaqueña intentando capear el temporal político que representa la serie de allanamientos realizados en la ciudad de Resistencia hubiera sido lo correcto, pero el gobernador quedó sin círculo de consulta. A esta altura de los acontecimientos, Domingo Peppo está solo y podría interpretarse que no sabe qué hacer.

 

Hubo nerviosas consultas en las horas previas al regreso para saber si volver al Chaco no implicada de alguna forma enfrentarse con la posibilidad de ver incluido su propio nombre en la extensa investigación que lleva adelante el fiscal federal Patricio Sabadini.

 

Más allá de los hechos que investiga el fiscal, Peppo es responsable de las proporciones que alcanzó  este trance. El gobernador desoyó dos alertas importantes que le hubieran permitido tomar decisiones políticas drásticas pero evitar que la cuestión llegara a niveles de crisis política que embarullan aún más el agitado inicio de año en la provincia.

 

Sobre el fin de la feria judicial tuvo noticias de que una investigación que había arrancado por el subsecretario de Comercio, Roberto Lugo, iba a terminar alcanzando a su secretario general, Horacio Rey.

 

La segunda, el propio Rey se presentó “espontáneamente” semanas antes de los allanamientos –en el mes de febrero- con una copia de su declaración jurada patrimonial para intentar desactivar la causa. Si el secretario general de la Gobernación se movía ejerciendo su defensa, era imposible que el gobernador no lo supiera.

 

Peppo sin embargo no reaccionó. Si hubiera tomado las decisiones que ahora le arrancó el complejo cuadro político-judicial hubiera apartado pudo haber adelantado la crisis para que no impactara en el mismo momento en que confluyen las negociaciones salariales que prácticamente todo el sector público rechaza.

 

Claudia Soledad Varela, encabeza un par de los más activos polirrubros que en 2014 denunció el Centro Mandela como proveedores del entonces ministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo. Aquella investigación logró sacarse de la escena de los medios a fuerza de pautas públicas y privadas.

 

El dinero fluía -denunció la investigación de ese Centro- con una modalidad que no era nueva, pero que había traspasado varios límites. Los polirrubros contrataban con el estado a cambio de facturar alto, recibir casi de inmediato los pagos y retirar en efectivo los montos contratados prácticamente al día siguiente de los depósitos oficiales.

 

La continuidad de Lugo en el gobierno después del final del mandato de la dupla Jorge Capitanich-Juan Carlos Bacileff Ivanoff permitió que el juego siguiera. Robertito ya no era ministro, pero la llegada de Horacio Rey posibilitaba ampliar las fronteras de esos negocios y hacerlo más que millonario. Ya no eran sólo compras del ministerio de Desarrollo Social –con una práctica que todavía continúa- ahora el manejo era también a través de la pauta oficial.

 

Rey era Domingo Peppo, su alter ego. El vicegobernador en las sombras. El tejido de su poder llegaba a la antesala del despacho oficial del entrepiso. Su esposa, Susana Fernández, manejaba la agenda del gobernador. Era hasta ahora que fue relevada, secretaria privada del primer mandatario.

 

Esa proximidad, que atraviesa lo político y se encarama en lo amistoso y familiar justifica la preocupación de nuevo círculo de proximidad del gobierno que está reconstruyéndose. ¿Puede llegar la investigación a Domingo Peppo?

 

Hay que repasar que con el gobernador habiendo decidido volar a Washington para hablar sobre “transparencia”, dejó “precisas” instrucciones, según comunicó el ministro Martín Nievas para que hubiera colaboración con la investigación y que no hubiera encubrimiento para nadie.

 

Puede entenderse la actitud del “empresario” publicitario Facundo Gil que –como el gobierno- dijo que iba a colaborar y luego fue sorprendido borrando información. Gil está investigado, su empresa Brandom S.R.L. también.

 

Pero ¿cómo explicar que la cúpula de la empresa estatal ECOM -el presidente Leandro Flaschka, el vicepresidente Luis Eiman y el director Sergio Gramajo- tuviera la misma actitud? Ni siquiera estaban mencionados en la investigación. Ni ellos ni la empresa informática del Estado. ¿A quién comprometía la información que se estaba eliminando. A ellos mismos, a los investigados o a otros que podrían caer en la pesquisa si información sigue subiendo?

 

Igualmente hay que saber que nada va a ocurrir en esta etapa inicial que deba preocupar a Domingo Peppo en lo personal. Falta desentrañar la gran cantidad de información que se secuestró. Pero este arranque está circunscripto a las personas y empresas investigadas y que aparecieron detalladas en el Oficio que libró la juez Zunilda Niremperger a la Prefectura para que proceda con los allanamientos.

 

¿Sólo el círculo íntimo del gobernador sabía del caso y decidió ignorarlo? No parece. Nadia García Amud habló de la existencia de corrupción entre los compañeros cuando concurrió a la primera sesión del Parlamento en la que el gobernador iba a dar su mensaje.

 

Tampoco parece coincidencia que Gustavo Martínez hubiera apuntado los cañones unos días antes contra el propio Horacio Rey, cuando señaló que el peronismo estaba padeciendo un vacío de poder y denunciaba operaciones a través de las redes sociales “para perseguir compañeros”. Rey ya no está, se fue justo una semana antes del Congreso Provincial del PJ que tendrá lugar Machagai.

 

Aunque todavía hay un detalle, antes de viajar, el Consejo Provincial del partido prorrogó sus propios mandatos, entre ellos el de Rey como “secretario de Finanzas”. Como funcionario del gobierno presentó la renuncia, como autoridad partidaria no.

 

El Congreso deberá respaldar o no la conducción de Peppo. Falta que el gobernador regrese y se ponga a gobernar para medir cuál es el impacto que el escándalo tuvo sobre él. Dependerá de las medidas que tome, deberá armar un nuevo círculo de confianza. Una nueva mesa chica, pero ahora además debe oxigenar de verdad su gabinete. Ya no puede haber intocables, sobre todo cuando el propio ministro de Finanzas, Cristian Ocampo, parece estar alcanzado también por los datos que puedan surgir de la investigación. Sólo por tomar uno, el domicilio del estudio contable del ministro de Hacienda, es el mismo en el que nació la sociedad anónima FINZA que encabeza la pareja de Roberto Lugo, Mónica Yaczuk. Las dos (la empresa y la empresaria) están investigadas por la Justicia Federal.

 

Tras la derrota electoral del 22 de octubre no se animó a pedir renuncias. Ahora no tiene más remedio. El gabinete completo debería dimitir y permitir que una nueva composición revele cuál será el nuevo rumbo.