Enfurecido por los acampes a pocas cuadras del Obelisco, el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta amenaza con represión policial. Y añade una demanda al Gobierno nacional: que le saquen “los planes” a los manifestantes. Con olímpica ignorancia hace extensiva la palabra “planes” a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pontifica: “los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”. “Esa gente” son las manifestantes que participan acompañadas por criaturas. Cuesta responder tanta barbarie y desconocimiento, vamos por partes.

La intención de Larreta es criminalizar por partida doble la protesta social. Con represión y con pérdida de derechos. Como el mismo Alcalde resalta de modo quizá involuntario, habrá criaturas entre las personas sancionadas. Lo acompañan con matices (irrelevantes dentro del espectro gorila) la ex ministra Patricia Bullrich y el gobernador jujeño Gerardo Morales.

HRL desconoce que la AUH es un derecho, institucionalizado legalmente y no un plan… No puede ser arrebatado por decisión unilateral de autoridad alguna.
La alusión a la escolaridad es perversa, raya con la psicopatía. Retrata bien al emisor; no a las instituciones en debate. La condicionalidad no impide que los chicos falten alguna vez a clase, solo les exige regularidad.

El Jefe de Gobierno escatima detalles acerca de cómo haría para identificar a los planeros que tiene en la mira. ¿Decenas de fotógrafos y camarógrafos privados haciendo de buchones? ¿Huestes policiales dedicadas a esos fines?

La ocupación del espacio público forma parte del sistema democrático argentino. Es un recurso, empodera a quien sabe usarlo. A menudo afecta derechos de terceras personas, en muchas ocasiones trabajadores como los acampantes.

Repetida en el centro de la ciudad, aviva broncas, frustraciones, complica o hasta emponzoña la vida cotidiana. Larreta lo sabe, se monta en esa furia, hace demagogia punitiva imaginando apoyos amplios en la opinión pública. Es factible que los consiga.

En la Argentina, la revuelta callejera es expansiva. Facciones distintas han ocupado calles, plazas o rutas. El peronismo, la izquierda trotskista (como el ejemplo que nos ocupa). También lo hicieron Juan Carlos Blumberg, las patronales agropecuarias, los antivacunas. Nadie se priva.

La protesta suele ser efectiva en relación directa a su visibilidad y a su lesividad. Un lector de La Nación proponía, días atrás, designar algún sitio para protestar y autorizar su uso permanente. La idea es (en el mejor de los casos) candorosa: un reclamo confinado nace inerme. Los derechos “no terminan donde empiezan los derechos de los demás”. He ahí otro simplismo o pavada de autoridad. Los derechos no encastran ni armonizan siempre. Más bien, no encastran casi nunca: colisionan, motivan conflictos, tensiones, son objeto de disputa. El eventual abuso de los manifestantes es una cuestión política que esta nota deja de lado. Reclamar es un derecho, argentino por antonomasia.

El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta replicó a la provocación de Rodríguez Larreta. No se dispondrá de las prestaciones sociales para disciplinar a los manifestantes. La diferenciación es tan necesaria como correcta.

Días atrás cometió una injusticia, inconsecuente, que recibió felicitaciones de Patricia Bullrich. "Dio de baja" privando de planes sociales a manifestantes que supuestamente, atacaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner arrojando proyectiles contra su despacho. Lo hizo tras haber visto algunas filmaciones sin que mediara condena penal ni siquiera un trámite administrativo. Desconoció la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Dictó algo más parecido a un bando militar que a una resolución oficial en un régimen republicano. Quitó de un plumazo ingresos mínimos a familias humildes.

En el elenco oficial abundan amigos y admiradores del Papa Francisco. También abogados garantistas, empezando por el presidente Alberto Fernández. Desde ambos colectivos deberían persuadir al ministro para que retractara la injusticia que contradice su réplica a Larreta. Claro que no es lo mismo castigar a tres personas que a decenas de miles pero lo ideal es conservar la coherencia.

La supuesta confusión del Jefe de Gobierno es deliberada, ideológica, muy extendida. Se impone entonces deslindar conceptos. Los derechos sociales institucionalizados son cualitativamente superiores a contingentes planes o subsidios revocables: no quedan a tiro de la voluntad, el arbitrio, la discrecionalidad o el capricho (táchese lo que no corresponda en cada caso) de los funcionarios. A nadie se le ocurriría dar de baja a un jubilado por haber arrojado piedras o acampado en una avenida… Si se admite una ironía: ni el ex megaministro Domingo Cavallo habría osado hacérselo a Norma Plá.

Los gobiernos kirchneristas institucionalizaron jubilaciones cuasi universales, para amas de casa, AUH solo por mencionar los más obvios.

Ni Juan Zabaleta ni el Gobierno, más allá de la pertinencia o intencionalidad de los reclamos que afrontan, están en condiciones de garantizar lo que proponen: “transformar planes en trabajo genuino”. No para cientos de miles de argentinos en el corto plazo (el único en el que vivimos todos). No para proveerles un ingreso digno que pelee mano a mano contra la inflación. Repensar la política social del Gobierno es un imperativo. Advertir que su caja de herramientas “atrasa” no solucionaría todos los problemas pero sería un buen comienzo.

Plantarse contra la doble criminalización que impulsa Juntos por el Cambio vale también como primer paso, meritorio pero insuficiente.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, había piquetes para regalar. Kirchner inauguró una consigna con su marca: “ni palos ni planes”. “Nunca voy a reprimir” se comprometió ante sus ministros: nada de “palos”. Con los “planes” permitió alguna laxitud: no es lo mismo pegar que abrir la mano del Estado. Se sostuvieron un tiempo, el crecimiento y la creación de empleo ayudaron a reencauzar las demandas.

El ejemplo merece ser recordado y tomado en cuenta (en esta época diferente y menos propicia) mientras Rodríguez Larreta alisa el terreno para desatar vindicta policial contra la protesta, atizando el odio social. Derecha explícita a todo trapo, cometida por una extraña variante de "paloma".