El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, pidió al tribunal que fije fecha de debate “sin más dilaciones” para el juicio oral en que la exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, y el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, se encuentran imputados por presunto lavado de dinero y otros delitos contra la administración pública.

El fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, instó a ese tribunal a fijar fecha de audiencias del juicio por presunto lavado de activos y otros delitos contra la exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional por Juntos por el Cambio, Aída Ayala, el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo, y otras quince personas.

Se trata de la segunda causa elevada a juicio contra la exjefa comunal de la capital chaqueña, ya que también se encuentra pendiente de juzgamiento en otra causa en la que se le imputa el delito de fraude en perjuicio de la administración pública cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, bajo la presidencia de Mauricio Macri.

En el escrito presentado el 10 de marzo último, el fiscal Carniel señaló que ya transcurrió más de un año de la audiencia preliminar y que están dadas las condiciones para avanzar con el juicio oral. Sin embargo, hasta el momento el TOF no fijó la fecha de debate en un caso que reviste gran trascendencia institucional ya que involucra a una de las dirigentes más importantes de los últimos años en la política chaqueña. Por ello, el funcionario fiscal solicitó que se fije fecha de debate “sin más dilaciones”.

La acusación

La ex intendenta está acusada como coautora de los delitos de presunto lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las mismas imputaciones apuntan al otrora poderoso líder de los trabajadores municipales de la capital chaqueña.

La causa se inició en 2018 a partir de un presunto negociado pergeñado durante la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia para beneficiar a la empresa PIMP SA con la recolección de residuos en la capital chaqueña. Junto con Ayala y Sampayo serán juzgados Daniel Alejandro Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija; y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Martínez, entre otros.

El resto de los que enfrentarán el juicio son: Mónica Centurión, Fátima Rigassio (pareja de Daniel Fischer), la contadora Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia y Diego Martínez Guarino (hijos del empresario Pedro Martínez), Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiroz, Eulalio Bouza, Elsa Martínez y Enrique Baumwollspinner.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal de primera instancia Patricio Sabadini señaló que Ayala, como intendenta de Resistencia, “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.

“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.

Vale recordar que por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo un orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que existían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la cámara baja.