La norma busca capacitar en la detección de indicadores de violencia infantil con campañas públicas semestrales de concientización e información sobre la forma de denunciar con identidad protegida.



La ley Lucio (el 13/4/23), que lleva el nombre del niño cuya historia conocimos por medios periodísticos, torturado de manera aberrante y asesinado en La Pampa a sus 5 años el 26 de noviembre de 2021 por su madre y la pareja, ya condenadas a prisión perpetua por homicidio calificado.

El niño, al cuidado del linaje paterno, fue entregado por la Justicia de Familia al cuidado de la madre, y murió meses después, sin que nadie lo protegiera… ni los médicos que lo atendieron en urgencias al menos en 5 centros de salud, ni los docentes del Jardín de Infantes al que concurría, ni la policía alertada por el llamado de los vecinos.

Se investigan las responsabilidades por la omisión de los sistemas educativo y de salud. Se denunció a la jueza de familia por incumplimiento de sus funciones a pesar de que el padre de Lucio había denunciado la violencia física y psicológica que padecía el niño. También se anunciaron demandas al Estado ante organismos internacionales.

El cuerpito de Lucio habló de su calvario: la autopsia reveló violencia física reciente y de larga data (quemaduras, mordeduras, abuso sexual, politraumatismos, fracturas, hemorragia interna). Él mismo había gritado su sufrimiento con sus dibujitos del Jardín: personas sin ojos y dibujadas hasta solo la cintura.

Cómo pudo suceder que el dolor de Lucio fuera invisible

Nuestro país cuenta con normas defensoras de los derechos humanos, y en especial de los niños. También hay tratados internacionales con nivel constitucional que protegen de los malos tratos. El más importante de ellos es la Convención de los Derechos del Niño que nos obliga a tenerle una consideración primordial. Además, hay una ley específica de protección de la infancia que impone medidas especiales frente a vulneración de derechos. La ley de Violencia Familiar también permite una intervención judicial protectora y el Código Nacional Civil y Comercial regula la prevención judicial del daño y su continuación o agravamiento.

Entonces, si ya hay leyes que amparan contra la violencia, ¿Por qué la Ley Lucio? Porque nos encontramos con una necesidad imperiosa de reducir de alguna manera la violencia contra la infancia.

La ley busca capacitar en derechos del niño/a y detección de indicadores de violencia, en forma obligatoria para los que se desempeñan en el Estado, y con campañas públicas semestrales de concientización e información sobre la forma de denunciar con identidad protegida del denunciante.

Al brindar conocimientos en protección del niño, se persigue que las personas adquieran habilidades para actuar con el objetivo de generar resortes que acompañen ese cambio que se busca. La idea es lograr un hábito protector, de sensibilidad y solidaridad y llamar la atención sobre la sociedad que queremos tener, de la cual los niños/as son sus semillas.

La ley Lucio es semejante a la ley Micaela, para capacitar en violencia de género. ¿Quién más tendrá que morir para comprender que el niño/a necesita, a tiempo, una familia amorosa que lo haga feliz, que lo cuide y que lo forme para el futuro?

Si el niño/a sobreviviera a la violencia, podría ser un adulto dañado física o psicológicamente, una víctima sin recursos o un victimario al acecho que aprendió a ejercer la violencia.

Ahora tenemos una herramienta más para erradicar la violencia, pero necesitamos más ojos atentos en protección del niño/a.

(*) Graciela Ignacio es profesora de Derecho de Familia de la carrera de Abogacía de la UADE.