El titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos de la Nación se excusó de concurrir a la reunión por supuestos "problemas de agenda", luego de pelearse a los gritos con la senadora Liliana Fellner hace dos semanas.

 

Tampoco respondieron a la invitación el presidente de Radio y Televisión Argentina S.E, Miguel Pereira, y la directora Ejecutiva de Radio Nacional, Ana Gerschenson.

 

De acuerdo a lo informado por el diputado Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria), presidente de la comisión de Libertad de Expresión, recibió "una notificación de la no concurrencia de los tres funcionarios".

 

Al abrir la ronda de exposiciones, María Itumelia Torres, de Radio Nacional Iguazú, sostuvo que los trabajadores despedidos "tenían todo el derecho de permanecer en sus cargos" hasta la apertura de un sumario, ya que no se trataba de "cargos políticos", tal como argumentó Lombardi en el Senado, sino que los empleados estaban bajo la modalidad de planta permanente.

 

"Son cargos que ganamos con nuestros antecedentes", aclaró Torres, quien además explicó que, cuando se decidió el recambio de autoridades por la asunción del nuevo gobierno, los trabajadores en cuestión habían firmado en conformidad para ser trasladados de las direcciones a otros puestos, y automáticamente se les quitó lo que cobraban por el cargo de director.

 

"Es mentira que nos resistíamos y que nos atrincheramos en los cargos", retrucó, y también negó que por ocupar esos puestos jerárquicos hayan percibido sueldos de "100 mil pesos" como denunció Lombardi durante su presentación en el Senado. "Ese es otro agravio", advirtió.

 

Además, reveló que muchos despidos se efectuaron de manera "irregular": según su relato, algunos trabajadores no recibieron la debida carta documento, y otros se enteraron cuando se encontraban con certificado médico. "Estamos ante una persecución política e ideológica", alertó Torres.

 

Señaló además que los directores que asumieron en Radio Nacional con la llegada de su nueva titular, Ana Gerschenson, lo hicieron mediante "contratos basura" y "con absoluto desconocimiento de sus funciones y de a quiénes debían responder".

 

"Tenemos mucha preocupación. El Congreso es uno de los tres poderes del Estado y los funcionarios deben concurrir a dar explicaciones", lamentó el presidente de la comisión, Remo Carlotto.