Como ocurre prácticamente en cada coyuntura macroeconómica, en la de estos días están los optimistas, que ven un vaso medio lleno, y los pesimistas, que consideran que en realidad está medio vacío. Entre los primeros se ubicaron esta semana los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, al juzgar el cuadro de la Argentina actual. Del otro lado, curiosamente, se situó el ministro de Economía, Luis Caputo.


El titular del Palacio de Hacienda, según trascendió en los medios, habría dicho durante un encuentro privado con economistas del JP Morgan, que «la inflación continuará», lo cual contradice el entusiasmo con el que desde la Casa Rosada destacaron el descenso en el IPC de marzo, respecto del mes anterior.
Según la versión periodística, para Caputo la «única razón» por la que persistirá el elevado ritmo inflacionario «es que los argentinos están con esta tendencia a pensar que todo va a salir mal», a lo que se suma que los precios se fijaron a un tipo de cambio de 2.000 pesos, lo cual no ocurrió.


Por cierto, afirmar que el comportamiento de gran parte de los agentes económicos fue de remarcaciones preventivas y de especulación no parece compatibilizarse con el rumbo de libertad de mercados instalado desde diciembre pasado.


Más allá de las percepciones sobre la marcha de la economía, ya queda claro cuál es el horizonte al que pretenden arribar tanto el Gobierno nacional como los grandes centros de poder internacional. Para esos actores, un resultado «exitoso» dependerá, por un lado, del grado de avance que tengan en el Congreso Nacional las ambiciosas reformas propuestas por los libertarios, y por otro, de que se mantengan los actuales precios relativos.


Es decir, que se perpetúen los actuales niveles de salarios reales y de haberes jubilatorios tras sufrir enormes recortes, con la contrapartida de fuertes transferencias de ingresos en favor de los grupos empresarios más concentrados y oligopólicos.

Ajuste con consecuencias


Algunos datos revelan las consecuencias del ajuste, que aún parece lejos de haber concluido. Por ejemplo, los salarios se redujeron en términos reales un 25% en el mes de febrero, último dato disponible, con respecto a igual mes de 2023.


En el acumulado entre diciembre pasado y febrero de este año, la caída real fue del 19,2%. Adicionalmente, los 3,5 millones de haberes mínimos que otorga el sistema a adultos mayores fueron un 23% inferiores en marzo, comparados con los de diciembre.


Para evitar un deterioro aún mayor en el caso de jubilados y jubiladas, días atrás comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados la modificación de la ley para el cálculo de la movilidad previsional. Al respecto, el dictamen que firmamos los/las legisladores/as de Unión por la Patria (UxP) propone adicionar de forma permanente los 70.000 pesos del bono que se otorgó en los meses previos. A la vez, se propone actualizar los haberes según la inflación, pero con un agregado: conservar la actualización por la fórmula atada a la recaudación de la ANSES y los salarios.


En cuanto a la magra compensación de 12,5% que dispuso el Gobierno por la pérdida padecida en los últimos meses, UxP plantea que se estire hasta un 30% como un paliativo más ajustado a las necesidades del sector.


En definitiva, la suma de elogios del FMI, el Banco Mundial, los grupos empresarios locales y sus representantes políticos y mediáticos ante los «progresos impresionantes» en tan poco tiempo, coinciden, nada casualmente, con múltiples decisiones orientadas a hipotecar el futuro de la mayor parte de los argentinos y las argentinas. Como se puede ver particularmente con el inédito ataque a la educación pública y las importantes restricciones presupuestarias a las universidades.


La respuesta, seguramente masiva, se verá el próximo martes 23 en las calles, con la marcha federal que protestará, no solo en defensa de las instituciones de enseñanza y la formación de los jóvenes, sino también en rechazo de un modelo inequitativo y de exclusión social.