Con el veto a la ley anti tarifazos, la suba en los servicios públicos se mantiene con perspectivas a profundizarse. Tras la aprobación de la norma en el Congreso, el macrismo hizo oídos sordos a los reclamos y, con el argumento del costo fiscal e inconstitucionalidad de una ley debatida en el Parlamento, echó por tierra la iniciativa con un veto total firmado antes de la aprobación.

 

El costo de estos tarifazos se traslada a los bolsillos de los trabajadores, que vieron cómo su salario se depreció en los últimos años. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, el pago de servicios públicos implica un 21% de los ingresos familiares, un 15% más que en 2015, cuando sólo había que destinar el 6% del salario para el pago de tarifas.

 

En 2017, en la mesa salarial, el Ministerio de Trabajo determinó que el salario mínimo vital y móvil pasará a los $10.000 a partir de julio de este año. En base a ese ingreso, un trabajador debe destinar unos $2100 sólo para afrontar las tarifas, contra los $600 necesarios con el esquema de 2015. Son $1500 de diferencia entre la época sin tarifazos y la de los aumentos.

 

Con esos $2100, un trabajador – en el mejor de los casos, dado que muchas veces un solo salario es todo el ingreso familiar – debe sacrificar por mes entre cinco y seis salidas a comer; el servicio de televisión por cable; tres cuotas a un gimnasio; dos planes libres de celulares; doce pizzas – como gusta medir el Gobierno – o 10 docenas de empanadas, por ejemplo.

 

Cada uno de esos recortes implica la posibilidad de contar con los $2100 que se necesitan para afrontar los pagos de los servicios públicos. Sin embargo, no han faltado los casos en que los usuarios recibieron facturas mucho más abultadas, que superan ese monto.

 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el salario promedio de los argentinos es un poco superior al mínimo, vital y móvil, los números cambian. Según la "Evolución de la distribución del ingreso" medida por el INDEC, el 59,5% de la población urbana recibe ingresos, "tanto laborales como no laborales", por $12.503 mensuales.

 

En base a un salario promedio, los servicios demandan $2625.63, el 21% de los ingresos, contra $750.18 necesarios hace dos años atrás. Una diferencia de $1875.45. Aquí se achica aún más el ocio, ya que deberán sacrificarse seis salidas, televisión por cable y Netflix, casi tres planes libres de telefonía celular, quince pizzas y más de trece docenas de empanadas.

 

Si bien el ocio es el ítem prioritario a la hora de recortar, hay gastos básicos que se ven afectados por los tarifazos. Para un salario mínimo, los $2100 que demanda el pago de tarifas, implican 84 litros menos de leche al mes o 67 kilos menos de pan.

 

Las cifras, por supuesto, no son aisladas en un contexto más general de gastos, donde las familias deben afrontar un alquiler promedio de $7 mil, según un informe de Reporte Inmobiliario para la Ciudad. Entre la vivienda y los $2100 que un trabajador debería destinar para el pago de tarifas, sólo quedan $900 del salario mínimo vital y móvil para otros gastos, como comida.