Nuevamente, la declaración de Emergencia Agropecuaria para Corrientes corre hacia un callejón sin salida a menos de una semana de que su amparo caduque formalmente. Hecha la ley hecha la trampa, reza el dicho popular, que se ajusta como anillo al dedo al «tire y afloje» al que los productores correntinos deben, una y otra vez, supeditarse ante un escenario político que no termina por elevar, como interés superior, por sobre las diferencias partidarias, a la protección de la producción agraria.


A 120 horas de concluir el auxilio que la ley prevé para los productores arrastrados a la crisis y la incertidumbre tras tres años de déficit sin pausa en la provisión de aguas naturales, los trámites no se han iniciado, ni se ha convocado a la audiencia de partes que en el seno de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, deben iniciarlos.


En los cinco días a contar a partir de este lunes 26, el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de la Producción, deberá convocar a todos los representantes de los sectores agropecuarios, y coordinar agenda con otros titulares ministeriales y funcionarios bancarios, para decidir si dar quórum o no al pedido de los productores.


Pero el trámite no termina ahí. Luego, deberá elevarlo al Estado nacional donde deberá ser homologado para que a partir de ahí se publique en el Boletín Oficial de la Nación, como se señala insistentemente a los productores en la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que puedan acceder a los beneficios que aún no han sido determinados.


Ante este escenario, desde distintos sectores de la producción local se insiste: «Esto ya no puede seguir así».


Los productores remarcan que los trámites fiscales «son privados» y que los representantes del Gobierno, en los distintos niveles del Estado, deben dejar «de jugar con los tiempos de gestión».


Remarcan que el campo «no debe ser rehén de la política electoral que usa la necesidad del sector agrario» para generar «demoras» en «la Provincia o en la Nación», con el objetivo de beneficiar a «un palo u otro» según «su propia conveniencia».


«Nos encontramos, una vez más, en el mismo punto, suponiendo que, en un escenario ideal, el trámite se completará en una semana, a más tardar de miércoles a viernes, pero siempre al borde de la ley, lo que obligará a nuestros estudios contables a prepararse para jornadas de trabajo intenso y de fricción, ante los mismos organismos públicos, para acceder a beneficios que, en general siguen siendo poco satisfactorios», subrayan.