El expresidente de Brasil está ante un complicado entramado judicial y político pero hará todo lo que esté a su alcance para volver a ser candidato y acabar con la aventura golpista que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff.
Desde que el Tribunal Regional Federal de la 4ª región ratificó la condena impuesta por el juez Sérgio Moro al expresidente Lula –e inclusive aumentó la pena, de nueve años y medio para doce años y un mes de prisión– por el caso del departamento tríplex de Guarujá, la política brasileña está pendiente de dos preguntas: ¿Lula irá finalmente preso? ¿Podrá ser candidato a presidente? Las respuestas no necesariamente están vinculadas, ya que Lula podría salvarse al menos por ahora de la cárcel y, sin embargo, ser impedido de participar en las próximas elecciones, o bien podría ser detenido y, aun así, ser candidato desde la cárcel, mientras agota los recursos de apelación que aún le quedan por hacer. La legislación brasileña y su sistema judicial son complejos al límite de la racionalidad y, en el caso de Lula, por encima de lo que dice la ley, muchas veces se impone la política.
Por eso, la decisión del Supremo Tribunal Federal está lejos de ser un punto final a esta historia, pero no por ello deja de ser importante. Lula no irá preso el lunes y esta ha sido, desde que comenzó el acoso judicial en contra de sus aspiraciones presidenciales, la primera victoria importante de sus abogados.
El pasado 24 de enero, cuando se cumplía un año del accidente cerebrovascular que le quitó la vida a su esposa Marisa Letícia –cuando hay odio de por medio, es difícil creer en las coincidencias–, el TRF-4 de Porto Alegre ratificó la condena contra Lula y aumentó la pena que le había impuesto el juez Moro. Como la decisión fue unánime, el único recurso que su defensa podría presentar ante este tribunal es lo que aquí se conoce como “embargos de declaración”, un tipo de cuestionamiento que permite explotar las contradicciones, ambigüedades o imprecisiones de la sentencia.
Sus abogados lo hicieron el 20 de febrero, al límite del plazo legal, cuestionando 38 omisiones, 16 contradicciones y 5 ambigüedades del fallo y, por ello, pidiendo la nulidad de la condena y la absolución del expresidente. El tribunal fijó una audiencia para el próximo lunes, en la que, teniendo en cuenta los antecedentes de sus integrantes, es casi seguro que rechazarán todos los cuestionamientos y ratificarán su decisión. ¿Y Lula iría preso?
La Constitución y las leyes
Muchos juristas consideran que la Constitución dice que no. En su artículo 5, inciso LVII, la carta magna brasileña dice que nadie será considerado culpable hasta que la sentencia condenatoria se encuentre firme, y a Lula aún le quedan recursos ante el Superior Tribunal de Justicia –especie de Casación– y el Supremo Tribunal Federal –Corte Suprema–, de modo que su sentencia, aunque el TRF-4 descartara los embargos de declaración, no estaría firme. El problema es que, en 2016, en otro caso, el Supremo decidió que los condenados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir la condena mientras se resuelven sus recursos ante los tribunales superiores. La decisión, tomada por una ajustada mayoría de 6 a 5, viene siendo desde entonces cuestionada por su inconstitucionalidad, y algunos de los jueces de la Corte que entonces la apoyaron han cambiado de opinión, pero el tema nunca volvió a ser tratado en el plenario de la Corte y su presidenta, Carmen Lúcia, se niega a ponerlo en el orden del día, lo cual viene generando duras peleas en el tribunal. La polémica, que ya existía, cobró ahora una relevancia política especial por el caso de Lula, pero un eventual cambio en la jurisprudencia de la Corte también beneficiaría a otros condenados por las causas de la operación “lava-jato”.
Como la resistencia de Carmen Lúcia impide que el tema se resuelva antes de la decisión del TRF-4, los abogados de Lula, ni bien fue marcada la fecha de la audiencia para resolver los embargos de declaración, utilizaron otro recurso para tratar de impedir su prisión: un habeas corpus preventivo. Fue lo que la Corte comenzó a juzgar este jueves. El recurso de emergencia, algo similar a un amparo, plantea la inconstitucionalidad de la prisión en segunda instancia y argumenta que existe un “riesgo inminente” de que el expresidente sea preso, afectando no sólo sus derechos civiles, sino también políticos, ya que es precandidato a la presidencia y lidera ampliamente todas las encuestas.
En la sesión, la Corte brasileña vivía un clima tenso. Un día antes, una pelea durísima entre los jueces Luís Roberto Barroso y Gilmar Mendes había sido el comentario de todo el país. “Déjeme afuera de sus malos sentimientos –le dijo Barroso a Mendes en plena audiencia del máximo tribunal, en vivo por televisión–. Usted es una persona horrible. Una mezcla del mal con el atraso y una pizca de psicopatía”. La sesión fue interrumpida antes de que se fueran a los golpes.
Aún en medio de esa tensión, la sesión comenzó con el análisis preliminar de admisibilidad del habeas corpus de Lula y, sorprendentemente para muchos, la votación fue 7 a 3 a favor del expresidente. Entonces, antes de pasar a la cuestión de fondo –ya declarado admisible, el habeas corpus podía ser concedido o rechazado–, los jueces se enredaron en una discusión insólita: algunos –inclusive la presidenta del tribunal, que días atrás recibió a Michel Temer en su casa– querían suspender la sesión hasta el 4 de abril, dejando la decisión en el aire. De esa forma, el habeas corpus perdería efectividad, ya que Lula podría ser encarcelado antes de que la Corte decidiera.
El abogado de Lula pidió entonces una medida cautelar para que su defendido no pudiera ir a la cárcel hasta la decisión final sobre el habeas corpus, pero Carmen Lúcia no quería, apoyada entre otros por Barroso y Fachin, relator del caso. Lo más insólito de la pelea entre Barroso y Gilmar, que era favorable a beneficiar al expresidente, es que Barroso es considerado un juez “progresista” y Gilmar es el magistrado más a la derecha del tribunal y siempre tuvo vínculos políticos con el PSDB del expresidente Cardoso, hoy oficialista. Él mismo subrayó esa cuestión al decir que todos sabían lo que piensa de Lula y del PT, a pesar de lo cual no aceptaría negar derechos civiles a sus adversarios políticos. Quien acabó poniendo contra la pared a la presidenta de la Corte fue la ministra Rosa Weber, visiblemente enojada. Dijo que se quedaría hasta las dos de la mañana si fuese necesario para juzgar el habeas corpus, y que, si sus colegas no tenían ganas de terminar su trabajo ese día o tenían “otros compromisos”, era inadmisible no conceder la medida cautelar, porque un ciudadano sería perjudicado apenas porque los jueces no tienen tiempo para tomar una decisión en el plazo necesario. Su posición venció y, con la cautelar aprobada, Lula no irá preso el lunes.
Una victoria para Lula
Fue una victoria para el expresidente, pero el camino que le queda por recorrer aún es largo y estará contaminado de presiones políticas. No está claro cuál será el resultado de la votación en el STF el próximo 4 de abril, y si el habeas corpus finalmente es rechazado, podría ir preso ese mismo día. Luego, en la cárcel o en libertad, tendrá grandes dificultades para revertir la condena en las dos instancias que le quedan, el STJ y el STF, que, al igual que el TRF-4, no se han mostrado hasta ahora muy proclives a revocar las decisiones del todopoderoso juez Moro, ni a contrariar los deseos del gobierno, que quiere a Lula preso porque, si es candidato, ganaría las elecciones y acabaría con la aventura golpista que comenzó con la destitución de Dilma Rousseff.
Y ahí viene la última batalla. La ley de la “ficha limpia” prohíbe que un ciudadano condenado por un tribunal colegiado –sin importar en cuál instancia– por una determinada serie de crímenes sea candidato. Preso o en libertad, Lula registrará su candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT) el próximo 15 de agosto, que seguramente será impugnada con base en esa ley. Sus abogados rechazarán la impugnación y cuestionarán la constitucionalidad de la norma, entre otros motivos, también con base en el artículo 5, inciso LVII, de la Constitución: impedir su candidatura sería imponerle una pena restrictiva de sus derechos políticos sin una condena firme.
Será otra batalla judicial, en otro fuero, la justicia electoral. Y puede inclusive suceder que llegue el día de la elección y aún no se haya resuelto, de modo que Lula podría ganar las elecciones y que luego sean anuladas. O bien podría hacer campaña hasta el límite del plazo legal para cambiar de candidato y entonces indicar un substituto, como Juan Domingo Perón con Héctor Cámpora en 1973, aunque no está claro si eso alcanzaría para ganarlas.
Esta historia recién empieza.