Esta semana la represión social fue transversal. En la Estación Constitución la Policía Federal reprimió a usuarios del tren Roca con balas de goma y palos. En el Obelisco la Policía de la Ciudad reprimió una pequeña asamblea que se cobró la vida de un manifestante: Facundo Molares. Las consecuencias de la mano dura y la maldita Policía.



No es la primera campaña electoral que está atravesada por discursos punitivistas. Por el contrario, son los escenarios privilegiados para los políticos de los partidos mayoritarios que nada bueno tienen para acercar a los sectores populares. Solo pueden ofrecer demagogia punitivista, que busca presentar “soluciones” para una parte de la crisis social: la violencia callejera. Sin embargo, a las causas de fondo de esta crisis social solo le brindan una salida: el control social por parte de las fuerzas represivas del Estado.

La particularidad de esta campaña, es que la demagogia punitivista fue casi lo único que ofrecieron la mayoría de los candidatos. Este primer tramo rumbo a las presidenciales, dejó expuesto que Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y la Libertad Avanza ni siquiera pudieron acudir a las mentiras de campaña prometiendo mejorar las condiciones de vida de las mayorías, por el contrario. Los planes que tiene el FMI para la Argentina -aceptados por las coaliciones mayoritarias y que sólo la izquierda rechaza activamente-, incluye un ajuste mayor en las partidas presupuestarias, tarifazos y devaluación. Medidas que solo incrementan la desigualdad social y la pobreza. Planes, que como en todo los países donde el FMI los aplicó, se encontró con las respuestas de las masas, como en Ecuador o Grecia.

En este marco hay que leer lo que pasó esta semana. El crimen de la niña de 11 años en la localidad de Lanús conmocionó a la población en general, y al pueblo trabajador y sectores populares que viven de cerca esta realidad. La descomposición social a la que lleva la pobreza, explica sólo en parte por qué pasan estos aberrantes hechos. La otra es que las fuerzas policiales son parte del entramado del pequeño y gran delito. Son estas fuerzas armadas por el Estado las que tienen la impunidad de liberar zonas para que se lleve adelante sus negocios criminales, así como reclutar jóvenes de los barrios populares para cometer los delitos como lo denunciaron los propios vecinos de Lanús en distintos medios. Luciano Arruga es el caso más conocido de un joven que fue hostigado sistemáticamente por parte de la Policía de La Matanza para que roben para la Comisaria. En octubre de 2014 la familia se enteró de que el adolescente, que había desaparecido en 2009, estuvo todo ese tiempo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.

Así lo explicó días pasados el diputado nacional, Nicolás del Caño, a propósito del crimen de Morena: "Yo creo que en primer lugar hay que dar cuenta de esta situación estructural. Primero que la policía en muchos casos está implicada en el gran delito, que inclusive deja zonas liberadas. También, obviamente, esto tiene que ver con que hay una degradación social impresionante a la que nos han traído. Para mucha gente la vida no vale nada en estas condiciones porque no hay un futuro”. El diputado del PTS-Frente de Izquierda agregó que la propuesta de las coaliciones mayoritarias no es generar empleo genuino y aportó otro dato: “Cuando vamos a Rosario nos dicen que muchos pibes cobran más plata siendo soldadito de los narcos que siendo obreros metalúrgicos. Entonces tenés que generar empleo genuino, por eso decimos reducción de la jornada de trabajo".

Horacio Rodriguez Larreta salió a proclamar la eficiencia de su gestión: “No es solo proclamarlo, gritarlo, decirlo. Hay que actuar, fortalecer a la Policía, equiparla con tecnología, capacitarla. Voy a hacer lo que ya hice y hay que aislar a los capos narcos en las cárceles y avanzar con la Ley de Extinción de Dominio”, aseguró el jefe de gobierno porteño luego del crimen de Morena. Además se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores y remitió al proyecto de Régimen Penal Juvenil presentado por Diego Santilli. “Significa que un chico que mata tiene una consecuencia. Por un lado la reparación, de algo que es irreparable, y por otro que tiene que haber una consecuencia, un aprendizaje”, argumentó. Patricia Bullrich se manifestó en una línea similar a Larreta: "El 10 de diciembre entran al Congreso todas las leyes penales necesarias en nuestro país, el nuevo Código Penal, las leyes que van a regir la conducta de los menores, es decir, la Ley penal juvenil que ya la presentamos y lo vamos a volver a presentar".

Por su parte la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda), sobre los discursos punitivistas que volvieron a escucharse luego del crimen de Morena agregó: "Argentina hoy tiene el índice más alto de cantidad de personas detenidas que ha tenido en su historia y las leyes las han endurecido. ¿Por qué no se cambió la situación que decían que iban a mejorar con eso? ¿No te parece que tiene algo que ver que han sumido a más de la mitad de la población en la pobreza? ¿Si los pibes se revientan y su vida no vale nada, por qué va a valer algo la vida del otro? Pueden seguir planteando que lo van a arreglar cambiando papelitos, pero no es así. Por ejemplo en Rosario, ¿de dónde sale la venta de drogas? Sale de los puertos privados. Nadie habla de que hay que estatizar los puertos. Nosotros tenemos muchas medidas para discutir. Con lo que no estamos de acuerdo es con la demagogia".

El gobernador de Buenos Aires, quien tiene en su gabinete a Sergio Berni (responsable del encubrimiento de la muerte de la desaparición y muerte de Facundo Castro) se pronunció en contra de los discursos de mano dura de sus rivales en la campaña electoral. En diálogo con C5N, Axel Kickoff, además, destacó lo actuado por Sergio Massa cuando era intendente del municipio de Tigre, donde aplicó la mano dura y dio vía libre a la policía local.

Un día más tarde de los hechos ocurridos en Lanús, después de que hubiera un acuerdo tácito entre los candidatos de los bloques mayoritarios que habían instalado nuevamente las políticas de mano dura, los gobiernos de la Ciudad y Nación actuaron represivamente ante dos situaciones distintas pero que ambas expresan el enorme malestar social.

La Policía Federal, a cargo del gobierno nacional y dirigida por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, reprimió con palos a usuarios del tren Roca que protestaban ante una nueva cancelación del servicio. Uno de los pasajeros quedó ensangrentado mientras las cámaras mostraban que le pegaron porque sí.

Casi en simultáneo, en el centro porteño la Policía de la Ciudad -a cargo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- reprimió con violencia una manifestación pacífica que estaba finalizando y que ni siquiera cortaba el tránsito. Comienzan a golpear a los manifestantes para llevarlos detenidos. Entre ellos estaban varias mujeres que fueron arrojadas al piso y aplastadas sus caras contra las baldosas. Facundo Molares, fue otro de los detenidos con la misma modalidad. Lo tiran al piso boca abajo. Su cabeza también fue aplastada contra el piso de la Plazoleta del Obelisco, hasta que Susi Maresca, la fotoperiodista que filmaba la represión, se dio cuenta de que Facundo no respondía a sus preguntas. Entonces empezó a gritar: “Está morado, dalo vuelta”. Maresca contó que “tardaron un rato hasta que lo dieron vuelta, para mí ya había fallecido porque tenía los ojos hacia afuera, pasaron diez minutos y nadie sabía hacerle asistencia de auxilio, la ambulancia tardó casi media hora. Facundo no me había podido responder porque lo estaban asfixiando, así fueron los hechos”.

La Policía de la Ciudad justificó su accionar afirmando que el MTR Votamos Luchar y Rebelión Popular, las dos organizaciones que estaban realizando la asamblea, habían querido “prender fuego una urna”. Sin embargo, Delia, una compañera de Molares, aseguró que antes de iniciar el acto hablaron con la Policía y le anticiparon que no cortarían la avenida Corrientes ni tampoco prenderían fuego ninguna urna, y que sólo harían una asamblea para expresar su rechazo a las elecciones del domingo.

Patricia Bullrich, luego que se conociera la represión en el Obelisco y cuando todavía el gobierno de la Ciudad demoraba en dar a conocer la muerte del manifestante, salió a decir que "Yo compito con Larreta, pero en esto estoy al lado de él". En una entrevista radial sostuvo: “Hay que tener una decisión y llevarla adelante sin miedo al costo”, dijo en referencia a los piquetes y cortes de calles por parte de los sectores populares y agregó: “Hay que dar vuelta esta cultura y animarse. Yo siempre tuve el coraje de hacer las cosas con decisión”. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, quién demoró mucho más en hablar sobre lo ocurrido, salió a respaldar a su Policía: “Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite”.

Myriam Bregman, desde la concentración en repudio al asesinato del manifestante por parte de la Policía de la Ciudad sostuvo: "El discurso estigmatizador del reclamo social termina en casos como el de Facundo Molares". Mientras que Sergio Massa, ministro de Ecómia y precandidato presidencial, dijo que el asesinato policial de Facundo Molares fue "un incidente en el Obelisco". Esto generó repudio en redes sociales y malestar en sectores afines al propio oficialismo.

En tanto, sobre lo que estaba ocurriendo en la línea Roca -trabajadores ferroviarios tercerizados volvieron a reclamar el pase a planta permanente realizando un corte de vías- el presidente Alberto Fernández publicó en sus redes sociales: “Rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas”.

La campaña de mano dura contra los pobres

Estas campañas de la lucha “contra la inseguridad” es una bandera de la derecha. A la cabeza se encuentra Patricia Bullrich, quien ha usado esa política como estandarte identitario. Pero sería injusto decir que solo es una campaña de la derecha. Las llamadas Leyes Blumberg fueron votadas en abril del año 2004, luego que Juan Carlos Blumberg encabezara una movilización multitudinaria exigiendo un endurecimiento de las penas, a raíz del secuestro y brutal asesinato de su hijo.

Además, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó una serie de medidas para endurecer el Código Penal y darle más atributos a las policías. Durante los gobiernos kirchneristas no solo se modificaron leyes penales sino que también se aumentó como nunca antes los presupuestos en seguridad. En el 2016, ya bajo el macrismo, se modificó el procedimiento judicial para los casos de flagrancia, con votos del peronismo. Esta ley permite a las fuerzas de seguridad que detengan a alguien a quién le suponen que está llevando adelante un delito. Una medida que, obviamente, solo se aplica a los pobres y jóvenes de los barrios populares. Bajo esta normativa irrumpieron en la Pu Lof de Cushamen para reprimir y luego asesinar a Santiago Maldonado.

Este viernes, a 48 horas de las PASO, dos noticias mostraron que funcionarios de los distintos estamentos del Estado colaboran en la impunidad de las fuerzas represivas y colaboran con los políticos manoduristas: el juez federal de Rawson decidió sobreseer a cuatro gendarmes que actuaron en la represión del 1° de agosto de 2017 en Chubut que terminó con la vida de Maldonado; publicaron un primer resultado de la autopsia sobre Facundo Molaresdonde buscan encubrir responsabilidad policial.

Las campañas securitistas está dirigida a fortalecer y legitimar el aparato represivo del Estado ante la hipótesis de un incremento de la protesta social, como comenzó a mostrar Jujuy, de trabajadores, y del “mundo precario” frente a una crisis social que, más temprano que tarde saldrá a expresarse en las calles.