A cuatro años de la intervención al SOMU, transcurrida esa imposición, continúan detectándose irregularidades que apuntan a la figura de la delegada judicial Gladys González (ex diputada y actual senadora), quien admitió que el único fin buscaba apresar a Omar “Caballo” Suárez. Era, además, el fiel cumplimiento de las directivas de poner tras las rejas al sindicalista preferido de Cristina Kirchner y un claro mensaje de Mauricio Macri intentando someter al sindicalismo argentino. Para ello, también, manipuló los convenios colectivos de trabajo para obligarlos a encolumnarse detrás del gobierno del PRO.



En el SOMU se emplearon –según denuncian- a referentes y dirigentes del PRO de Avellaneda que estaban obligados a dejar el “diezmo” en beneficio de una Fundación del PRO. Entre otras irregularidades detalladas a continuación.

 

Se cumplieron cuatro años de la intervención al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. En efecto el 18 de febrero de 2016, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como miembro del Poder Ejecutivo acordaron la citada intervención para el saneamiento de las presuntas irregularidades que se habrían detectado en la organización gremial.



En virtud de la resolución judicial se designaron tres interventores, recayendo la delicada tarea en la diputada en ejercicio de su cargo licenciada Gladys González, el señor Jorge Alonso y el doctor Santiago Viola, los cuales al no haberse dispuesto un sistema de mayorías, debían adoptar las decisiones por unanimidad.



Quizás sin saberlo, los nombrados habían dado comienzo a una práctica que se fue extendiendo, consistente en judicializar la política para que a través del sistema judicial y la organización mediática, la opinión pública se formara conceptos que muchas veces distan de la realidad que trasunta el expediente y condicionan de alguna manera el accionar judicial para obtener réditos en la esfera de la conducción en forma rápida y contundente, sin tener en cuenta que con ese accionar se pueden conculcar principios de rango constitucional, siendo el más evidente el de la presunción de inocencia, consagrando la percepción que todos los ciudadanos están en “libertad condicional” aunque ello no sea percibido hasta que se torna en una tangible realidad.

 



 

Omar “Caballo” Suárez el sindicalista preferido de Cristina, había sido elegido para iniciar la concreción del lawfare, que luego se extendería a otros sindicatos, como herramienta amedrentadora y disciplinaria del poder sindical.



Se debía mostrar al sindicalismo argentino lo que pasaba con los que no se encolumnaran detrás del gobierno o pretendieran enfrentarlo. Casi en forma inmediata otros gremios se reunieron con Gladys González, la persona que representaba al Ejecutivo, directamente al ex presidente Macri, y aceptaron condicionamientos ante el miedo a ser intervenidos.



El fin último de esa acción era obtener la ruptura de los convenios laborales y el retroceso en las condiciones de trabajo en cuanto a los beneficios sociales y salariales de los trabajadores para obtener una reducción de los costos empresariales contestes con las características de los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional.



Luego de adoptar las primeras medidas conservatorias de los gremios para asegurar el patrimonio y el normal desenvolvimiento de la institución, comenzaron a producirse en el seno de la referida Comisión Interventora serias y profundas desavenencias por la adopción de medidas que, de concretarse, podrían generar daños irreparables para el personal marítimo. Era prístino que Gladys González venía a representar los intereses de los empresarios y del gobierno, para modificar convenios colectivos de trabajo en detrimento de los trabajadores, en connivencia con su primo hermano Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, y el ex ministro Guillermo Dietrich.



Las rispideces fueron en aumento, a lo cuatro meses, luego de innumerables discusiones y ante la presión del gobierno de firmar una paritaria sin siquiera haber participado de la discusión con la cámara empresaria, por parte de la Comisión Interventora, los interventores Santiago Viola y Jorge Alonso, presentan sendos informes de todas las irregularidades que ellos aprecian con relación al accionar de Gladys González y ponen su renuncia a disposición del juez Federal, en términos reales, “o la diputada o nosotros” o “se vota por mayoría las decisiones”, fue la conversación con el juez Federal.



Esos extensos escritos se extraviaron, lo cual más tarde generaría la correspondiente denuncia penal por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez y referida por otros motivos por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la Dra. Romilda Servini, por parte de los abogados del sindicalista detenido. Ese informe se publicó en la Revista Puerto en junio de 2016 momento en el cual se hizo una entrevista al Sr. Jorge Alonso donde todo queda palmariamente expuesto en la frase: “La modificación de los convenios colectivos, en perjuicio de los trabajadores, se aparta del criterio que sostengo, que consiste en mantenerlos hasta que el gremio haya sido normalizado y sean las autoridades elegidas en una elección pluralista, las que resuelvan sobre esa delicada cuestión”, corroborada por el Dr. Santiago Viola, que como prestigioso abogado, no consentiría los exabruptos de la ex diputada, situación que motivo de inmediato la respuesta de Gladys González “le hice una denuncia penal al ex interventor”, cosa que nunca sucedió.



En definitiva, queda como única interventora Gladys González, la cual pese a las instrucciones recibidas no puede llevar adelante la reconversión del sindicato. Es conveniente recordar que la actual senadora cuenta en su haber innumerables denuncias en su contra, tras su paso por el SOMU y en ACUMAR.



Ante la imposibilidad de obtener los resultados esperados y su debilitamiento por un importante faltante en el patrimonio del SOMU que incluyó dinero, vajillas, televisores, computadoras, cafeteras y mobiliario en general, sin perjuicio del incendio del hotel en Puerto Madryn, comenzó a planificar su retirada.



Es importante resaltar que este estaba asegurado, pero la compañía no efectuó pago alguno porque el informe del liquidador del siniestro expresó que fue intencional.



Es inevitable formular una pregunta la cual hoy carece de respuesta. ¿Tal vez ante la imposibilidad de venta surgió la idea de incendiarlo para cobrar el seguro y así disponer del dinero?

La ambición y el desquicio era tal que se retiró antes del incendio todo el mobiliario y el ganado, los bomberos así lo consignan en el informe del siniestro.



El personal que se contrató eran todos militantes del PRO de Avellaneda, hay denuncias que sus sueldos eran demasiado altos y que debían contribuir con el 10% a una fundación del PRO.

Se contrató a la empleada doméstica del ministro Triaca, Sandra Heredia, lo cual también motivo un escándalo de dominio público, cuando esta declaro que las cajas navideñas del SOMU eran descargadas en la quinta del ministro por Alejandro “Serrucho” Gómez.



El conjunto de hechos generó que se decidiera su reemplazo por el doctor Alejandro Bertonasco, a quien se le encomendó la tarea de continuar con la intervención y normalizar el sindicato con la elección de autoridades representativas de las bases que sustentan la actividad marítima.



Su labor tropezó con los desaciertos de su antecesora, los cuales resultaron difíciles de sortear, lo cual sumado a la necesidad de organizar los padrones electorales, determinó el desdoblamiento de la tarea, quedando a cargo de la intervención el contador Silvio Torres, vinculado al ex ministro Jorge Triaca por lazos económicos y familiares y la normalización eleccionaria al mentado Dr. Bertonasco, quien luego de estructurar y manipular los padrones, convocó a una elección, no exenta de incidentes, que consagró al actual secretario general Raúl Durdos quien al día de la fecha no puede presentar los balances de su gestión por carecer de la documentación de la intervención, la cual no pudo ser encontrada en los lugares que debería haberse guardado de conservar un adecuado orden.



La modalidad de la intervención con los fines que fue pergeñada y llevada a cabo, se encontraba condenada al fracaso, tal como fuera advertida por los renunciantes, quienes en solo cuatro meses de gestión marcaron los errores que no fueron corregidos, sino agravados por hechos posteriores.

El balance fue negativo, el sindicato volvió a sus afiliados, en medio de denuncias de fraude, pero no la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre y dos empresas vinculadas al gremio, las cuales permanecen aún intervenidas sin resolución judicial. La Mutual en una situación jurídica incierta en perjuicio de sus beneficiarios.



No se resolvieron los problemas al retirar a las autoridades y se privó de la libertad a una persona que solo se encuentra procesada sin condena alguna y mucho menos pasada en autoridad de cosa juzgada. La injerencia del Poder Ejecutivo fue total, Maxi Montenegro, periodista en “Animales sueltos”, dijo que el ex presidente Macri admitió intervenir en la justicia para meter preso al “Caballo” Suárez. También participó de la maniobra el periodista Daniel Santoro, con sus notas periodísticas parciales (nota de Infobae denunciando un pequeño arsenal en las oficinas del gremio, el que nunca existió) y por indicación del gobierno, acompañaba a Gladys González a las audiencias televisivas y le marcaba lo que tenía que decir, había que dejar en claro que el sindicalismo es una mafia y que el gobierno de Macri estaba para combatirla.



Basta atenerse a los dichos de la ahora senadora: “el objetivo que tenemos es que en efecto el Caballo vaya preso”.



Ello dista mucho de la labor de un interventor judicial, dado que su función debe ser objetiva, recabar información y elevarla a la justicia, administrar el gremio mientras dura la intervención y prepararlo para convocar a elecciones.



Todo lleva a pensar que la justicia debería actuar en relación a los hechos probados y adoptar en tiempo y forma las medidas procesales oportunas ajustadas a derecho y en salvaguarda del bien más preciado del ser humano que es la libertad.