A partir de un convenio firmado entre Garavano y Lorenzetti, el máximo tribunal tendrá acceso a bases de datos personales del Gobierno, de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor, entre otras. El argumento oficial es que se busca acelerar las investigaciones.



Pese a haber quedado en el ojo de la tormenta por el reciente fallo en relación al beneficio del 2x1 para genocidas, la Corte Suprema ampliará su poder a partir de un convenio con el Gobierno que le dará control total sobre las escuchas telefónicas. A partir de ahora, no sólo manejará las pinchaduras legales sino que tendrá acceso a distintas bases de datos del Gobierno: tanto de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor, como a bases de datos personales. También se firmaron convenios con la UIF y la AFIP.

 

Así, mediante un convenio entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, el proyecto que busca darle más poder y herramientas a la ex "Ojota", como se conoce a la dirección de la Corte Suprema que controla la Oficina de Captación de Comunicaciones, según informó el diario La Nación.

 

Un “comité de expertos” conformado por jueces y fiscales federales dio el visto bueno para esta modificación en el manejo de las escuchas, con el argumento de solucionar los problemas y dilaciones en las investigaciones de delitos complejos, como lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Integran el comité, entre otros, los jueces federales Ariel Lijo, Claudio Bonadio y Sergio Torres; los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano; el fiscal de Casación Raúl Pleé, y el camarista de Casación Mariano Borinsky.

 

El avance del convenio está en manos de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, conducida por Juan Félix Marteau, y por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial, controlante de la ex "Ojota" y comandada por el camarista Martín Irurzun.

 

Cabe recordar que Irurzun fue el juez a cargo de la causa en cuyo marco se dio la filtración de la escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual fue “premiado” por el gobierno de Mauricio Macri con la prórroga de su mandato.