“Termina la inequidad social de ser ocupantes y les otorga legitimidad”, dice Glibota.
La semana entrante, mediante el convenio firmado entre el ministro Gustavo Martínez y el rector de UNCAus, Omar Judis, se finalizó el trabajo de registración de cerca de 2.000 familias que recibirán sus RUBH y se pondrá fin a un carácter de ilegalidad para vecinos que ahora tendrán certeza sobre sus casas y terrenos.

Viviana Glibota, informó que  unas 2.000 familias de distintos barrios recibirán sus RUBH, “son registros habitacionales y mediante la política desarrollada por el ministro Gustavo Martínez y el apoyo logístico de Omar Judis se pondrá fin a la inequidad y zozobra con que vivían estas familias, calificados como ocupantes de tierras que a partir de esta documentación serán considerados ante los organismos provinciales tenedores legítimos”, especificó.

“La situación de la tenencia de la tierra, para la familia, es una cuestión imprescindible y que le otorga seguridad – indicó  Glibota – ya que en algunos casos detectamos que hasta tres generaciones de una familia  habitaron el mismo predio, donde construyeron su vivienda y, jamás lograron la atención gubernamental para solucionar una cuestión que vincula lo social, la ausencia total de políticas de estado municipal para poner fin a estas inequidades y otorgar certidumbre a esas familias que la casa que construyeron con mucho esfuerzo, no les será quitada o rematada por nadie”.

Recordó Glibota, que “hace poco tiempo hemos vivido una dolorosa situación con ocupantes, cuyas casas fueron destruidas por una topadora, cuestión que tiene la legalidad de los papeles, pero no la necesaria sensibilidad del gobernante para atender y negar esta situación de las ocupaciones ilegales que son una realidad y se multiplican por la falta de políticas activas”.

En ese sentido consideró: “No se puede continuar mirando hacia el costado con la problemática de tierras y solo realizando actos protocolares y mediáticos cada tanto, que se acercan más a justificaciones en la entrega de tierra, cuando hay expedientes que superan los 30 años de espera en los organismos”, planteó.