Murió de coronavirus Dario Aguirre, quien se encontraba prófugo de la justicia por el abuso sexual de su hijastra de 3 años, y terminó internado en el Hospital de Campaña, donde lo descubrieron. Su situación era grave, y pasó a la triste fama de violador y de cobrar sueldos como empleado público sin trabajar por su condición de evadido. Tenía pedido de captura por la policía internacional. El año pasado debía iniciar el juicio pero Aguirre decidió fugarse antes del Debate Oral. Luego de un año y tres meses, la madre de la víctima lo encontró internado con COVID 19, en la unidad de terapia intensiva, y asistido con respirador artificial en el Hospital del Hogar Escuela.

El caso de Darío Aguirre, desnudó severas falencias del sistema judicial, la policía y la propia administración pública. El abusador no solo estaba activo como personal de Salud, sino que percibía mensualmente su sueldo, el que extraía a través de los cajeros automáticos. Para que esto ocurra, debía asistir a su lugar trabajo, y certificar su presencia. Algo imposible, porque se encontraba evadido. No cumplía con su obligación laboral. Nunca fue intimado por el Departamento de Personal. Por el tiempo de ausencia, debió ser cesanteado. No hay dudas que tuvo cierta complacencia o, lo que es peor, protección.
Hubo sospechas de por qué no fue hallado si buscaba periódicamente sus salarios. Pudo haber extraído el dinero desde cualquier punto del país, pero sorprende que su cuenta no haya sido bloqueada. Tampoco que no haya sido capturado cada vez que cobraba, por los registros de extracción en la zona. El Estado terminaría ayudando a Aguirre a sobrevivir hasta hoy como un prófugo hasta que se enfermó de COVID-19 y horas atrás se produjo su deceso. El IOSCOR, como afiliado, le estaba cubriendo su tratamiento. Diario1588