El exPersonal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 de Rosario durante la última dictadura, Carlos Antonio Sfulcini, murió el 3 de octubre pasado y la noticia se conoció por un aviso fúnebre. Había sido condenado a 20 años de prisión por el secuestro, torturas y homicidio del militante comunista Rubén “Tito” Messiez, pero la Cámara de Casación Penal revocó los dos últimos delitos y quedó en libertad.

Abogado y docente, Sfulcini se desempeñó como espía civil del Destacamento 121 de Inteligencia dependiente Segundo Cuerpo de Ejército en 1977 y 1978.

Otro PCI de la última dictadura, Eduardo “Tucu” Costanzo, declaró ante la Justicia que fue uno de los que participó del secuestro de Messiez, ocurrido el 22 de agosto de 1977 en el centro de Rosario.

En diciembre de 2013, el Tribunal Oral Federal N°1 lo condenó a 20 años de prisión por el secuestro, las torturas y el posterior homicidio de Messiez en el juicio oral del segundo tramo de la causa denominada “Guerrieri II”.

Sin embargo, tres años después Casación revocó parcialmente ese fallo y sólo dejó en pie los cargos por la privación ilegítima de la libertad, por lo que ordenó al TOF1 dictar una nueva sentencia y lo dejó en libertad.

El 24 de marzo de 2017, el Espacio Juicio y Castigo organizó un escrache en su domicilio de España al 300, al considerar la resolución como “una trampa jurídica”.

También fue a juicio por el secuestro y asesinato de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurrido sobre el final de la dictadura, en el que resultó absuelto al igual que el resto de los PCI acusados.

Sfulcini murió en su domicilio el 3 de octubre pasado. La noticia se conoció por dos avisos fúnebres, uno publicado por la familia y otro por el consorcio del edificio en el que residía, que lo recordó como “tan estimado propietario e integrante del Consejo de Administración”.

En democracia, Sfulcini fue director de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1284, que fue creada en 1987 a pedido del Batallón 121 de Inteligencia. Al ser procesado en 2004 por delitos de lesa humanidad, el Ministerio de Educación lo separó del cargo.

En 2013 el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe suspendió su afiliación, durante un proceso de purga de asociados que tuvieron participación durante el terrorismo de Estado.