Brote psicótico. Confusión. Ruptura de la realidad temporal. Delirios o alucinaciones. Este parece haber sido el diagnóstico de Santiago “Chano” Moreno Carpentier. ¿La respuesta esperable? Un equipo de salud mental interdisciplinario para atender a la persona en crisis e incluso brindar contención a la familia, y evaluar el mejor procedimiento en el caso concreto. Eso, clarito, es lo que dispone la Ley Nacional de Salud Mental 26,657. Pero no es lo que sucedió.

En lugar de uniformados de blanco, acudieron policías de azul que resolvieron la situación de crisis disparando en el abdomen a la persona que sufría el episodio de salud mental. En lugar de un abordaje comprensivo para el brote psicótico, Chano terminó en terapia intensiva producto de la intervención estatal (equivocada). Y no termina ahí. ¡En lugar de poner los ojos sobre el policía que disparó, la fiscalía interviniente inició acciones contra Chano por resistencia a la autoridad y lesiones! Se infra-criminaliza el gatillo fácil que dejó en terapia intensiva a quien debía proteger. Se sobre-criminaliza a quien no podía comprender lo que hacía por estar sufriendo un brote psicótico. Selectividad penal pura y dura.


Ojalá fuera el final del caso, pero se sumaron los dichos de Berni, quien parece no estar al tanto de la legislación vigente en salud mental, y consideró, en cambio, que el problema es que el policía tenía un arma de fuego reglamentaria y no una Taser. Las Taser han probado ser letales. Y de seguro no están contempladas como tratamiento ante episodios de salud mental.

¿Qué hacer? diría Lenin. Nada mejor que mirar al país del norte, Estados Unidos, donde estos episodios de gatillo fácil como forma de resolver problemas de salud mental ocupan continuamente las tapas de los diarios. Allí, cansadxs de que las policías intervengan en tareas para las que no están ni pueden estar preparadas, una campaña masiva desde las calles está demandando desfinanciar a la policía (Defund the police!).

La propuesta es simple. Las policías están hoy al mando de intervenir frente a personas en situación de calle (¿recuerdan la UCEP?); ¿qué canales y herramientas puede usar la policía para abordar la problemática de una persona sin hogar? ¿No sería mejor transferir los fondos asignados para este tipo de operativos al Ministerio de Desarrollo Social y las direcciones avocadas a políticas de vivienda?

Los ejemplos siguen. Las policías están también a cargo de intervenir en casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal. ¿Cuál es la intervención? Sobre-criminalizar: detener a la persona, iniciar un expediente, llenar los juzgados de causas que distraen del problema del narcotráfico y el delito complejo. ¿Qué tal con probar quitar el dinero previsto para estas intervenciones y asignarlo a planes de educación sobre uso responsable en el consumo de estupefacientes y tratamientos bajo consentimiento informado para aquellxs con consumo problemático?

Y el caso que nos trae a cuenta. ¿Cómo sería quitarle a la policía las funciones de intervención en casos de salud mental y derivar ese financiamiento a los magros fondos que tienen las dependencias de salud mental (pese a que la Ley de Salud Mental preveía un aumento exponencial de esos montos)?

A cada jugadorx lo suyo. Las policías están formadas para responder con poder punitivo. Ni la falta de vivienda, ni el consumo de estupefacientes, ni la salud mental (solo para empezar) pueden resolverse con control penal. La consigna de desfinanciar a las policías puede devolverles la capacidad de ocuparse de aquello para lo que están capacitadas, mientras que problemas sociales y sanitarios son reconducidos a aquellxs profesionales que saben como actuar. Conteniendo en vez de disparando. Y para eso, no se precisan Taser.