Los interventores de la Caja Municipal de Préstamos de la Comuna capitalina denunciaron ante la fiscal Sonia Meza a los que fueron responsables del organismo durante el gobierno de Fabián Ríos. La acusación se dio bajo las figuras de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, sustracción y ocultamiento de registros y documentos a cargo de su persona en interés público, emisión de cheques sin provisión de fondos, delitos que no son excarcelables.  Un golpe de consideración, si se tiene en cuenta la exposición pública que tuvo en los últimos días el ex Intendente, acusando a propios y extraños de corrupción y connivencia. Lo que está claro es que sin respaldo y con todos los sectores del peronismo en su contra, Ríos enfrenta su momento más difícil. En las últimas horas, encabezó una dura ofensiva a través de su pareja, siempre vía Twitter, contra Colombi y Valdés.

 

Fabián Ríos pareciera no dar pie con bola. Después del arrebato puritano que tuvo en las redes sociales días atrás, acusando a propios (Camau y Pichetto) y extraños (Ricardo Colombi y el juez Federal, Fresneda) de corrupción, connivencia, entre otros accionares non sanctos, se conoció la presentación de una nueva denuncia penal por hechos sucedidos durante su gobierno a cargo del Municipio de la Capital correntina. En sí, una paradoja. Una denuncia de hace dos semanas que tramitara ante la jueza Norma Beatriz Agrasso.

 

Fue el interventor y subinterventor de la Caja Municipal de Préstamos, David Moulin y Juan Carlos Aquino, respectivamente, quienes presentaron en las últimas horas ante la fiscal de Instrucción de turno una muy grave acusación contra los responsables del organismo municipal de la gestión Ríos.

El Libertador tuvo acceso exclusivo a la documental en la que se acusa a los ex funcionarios, Rubén Oscar Kriskovich y José Simón Monti y demás responsables que surjan de la investigación bajo las figuras de asociación ilícita, fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, sustracción y ocultamiento de registros, así como de documentos a cargo de su persona en interés público, además de emitir cheques sin provisión de fondos.

 

 

 

 



UNA "BOMBA" QUE PODRÍA DETONAR EN BREVE: Fuentes tribunalicias reconocen como latente la posibilidad de la aparición de un arrepentido, lo cual -de concretarse- podría llevar la investigación hacía arriba. La figura de la asociación ilícita y la posibilidad de entorpecer la investigación podría complicar a los responsables. 

 

 

 

 

En la presentación se hizo hincapié en el perjuicio que conllevaron estos supuestos delitos a escala institucional, "por causar dichos actos una elevada lesión patrimonial y moral a la Caja Municipal y al Municipio de la ciudad de Corrientes; es decir, al erario público y a la dignidad de la administración, así como al patrimonio de los particulares damnificados", remarcaron en el escrito.

 

MILLONES

 

Según describieron en la denuncia, la administración Ríos "omitiendo cumplir con normas constituciones y legales expresas y sin contar con la autorización legal exigida para el caso, contrajo deuda con el sector privado en nombre del ente autárquico y comprometiendo su patrimonio".



En detalle, al menos 115.000.000 de pesos fueron registrados por la Intervención de la Caja -en auditoría al 28 de febrero de 2018 (a valores históricos y sin cálculo de intereses)- por medio de préstamos de dinero obtenidos de personas privadas, humanas y jurídicas, consumados por medio de la realización de convenios de mutuo, emisión de cheques de pago diferido en contraprestación a dinero recibido de particulares por medio de transferencias bancarias y otros medios como cheques, de acuerdo a lo especificado por los denunciantes.



Moulin y Aquino subrayaron además que, cuando no se cumplió con la obligación de devolver el dinero a los mutuantes o prestamistas, suscribieron convenios de reconocimiento de deuda y refinanciación, "inclusive con dos días de anticipación a la fecha de toma de posesión del cargo de las nuevas autoridades municipales electas (el 10 de diciembre de 2017), ya que suscribieron dicho tipo de convenios hasta el día 7 de diciembre de 2017, certificando incluso las firmas insertas en tales convenios hasta el día 15 de diciembre de 2017, cuando ya no eran autoridades del ente".

Sobre esta situación, dejaron en claro que las operaciones de préstamo o mutuo, denominadas operaciones de crédito en la normativa vigente, para que sean válidamente realizadas por un organismo del sector público, deben ser previa y expresamente autorizadas por un acto jurídico administrativo específico (Concejo Deliberante), previa sustanciación del procedimiento que al efecto establecen las normas de administración financiera (Ley Nº 5.571, de Administración Financiera de la Provincia).



Este desbarajuste administrativo institucional que recae sobre el gobierno municipal de Fabián Ríos fue advertido no bien asumieron las nuevas autoridades, quienes cuestionaron los desmanejos sucedidos, donde consideraron que en la Caja Municipal de Préstamos (durante los años de gestión K), como entidad autárquica, se olvidaron de las previsiones estatutarias a las que se encuentra sometida mediante la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nº 5.571.

La parte denunciante aseveró que al asumir Tassano al frente del Ejecutivo comunal, los integrantes de su equipo técnico constataron la imposibilidad de poder hacer frente a los pasivos existentes con los recursos corrientes del organismo, habiendo sido los pasivos que se encontraban impagos, originados en la gestión anterior, "sin que estuvieran legal y debidamente previstos los recursos correspondientes para atenderlos". A la vez, se dio la particular situación en la que comenzaron a recibir reclamos de particulares sobre deudas impagas, así como la notificación de juicios ejecutivos por intermedio de los respectivos mandamientos de intimación de pago y embargo, juicios ejecutivos (todo ello adjuntado con copia de la acción de lesividad que acompañó la presentación realizada a principios de la semana).

 

LA NECESIDAD DE INTERVENIR

 

Se debe recordar que ante esta coyuntura, mediante Resolución N° 12/2017, el Departamento Ejecutivo Municipal dispuso la intervención del ente, ordenando la remoción del Directorio y nombrando un interventor para normalizar la situación. Dicha intervención fue prorrogada por Ordenanza N° 6.596, en 2018, sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad.   

Fue así que se constató, por una parte, el déficit operativo de la entidad, "puesto que los gastos de funcionamiento eran notablemente superiores a los ingresos obtenidos por el desarrollo de sus actividades y advirtieron que no existía previsión legal ni contable de los recursos necesarios para atender los pasivos impagos originados en la gestión anterior de la CMP.



Ante la irregularidad de la situación, a fin de obtener mayor conocimiento y ordenar los pasivos del organismo, la Intervención convocó (mediante Resolución Nº 10/2017) a la presentación de acreencias de la Caja, del Fondo Fiduciario de Garantía de la Obra Pública y del Fideicomiso de Administración y Financiero Santa Catalina, instando a quienes invocaran su titularidad, a la presentación de todos los títulos, documentos y convenios que avalaran la causa. Al procedimiento concurrieron 32 presuntos acreedores, con reclamos que alcanzaron la suma de 115.000.000 de pesos.



"La Intervención no encontró hasta el día de la fecha, en los protocolos obligatorios de registro de la Caja Municipal ni del Municipio establecidos en la Ley Nº 3.460, respaldo legal alguno de los documentos presentados y exhibidos por los pretensos acreedores, como ser actos de autorización legal a los funcionarios para contraer endeudamiento por medio de convenios de mutuo o préstamo y/o emisión de instrumentos de pago ni dictámenes legales, ni contables relativos a la viabilidad legal y económico financiera para afrontar dichos compromisos, o concediendo autorización para la celebración y suscripción de dichos convenios ni de los títulos de crédito o cheques diferidos, ni por supuesto, las copias de dichos convenios y/o contratos que debía conservar la Caja Municipal de Préstamos", remarcaron para dejar sobre relieve la comisión de un desfase evidente en el ente público. El Libertador