El veto de Javier Milei al presupuesto universitario ocasionó todo tipo de reacciones en el arco universitario, que se volcó masivamente en varias ciudades del país para expresar su descontento con la disposición adoptada en el Congreso.
Por ejemplo, en Rosario se sintió fuerte el ruidazo estudiantil, que tuvo lugar en la Plaza San Martín, minutos después de la votación en Diputados, para denunciar un nuevo ataque del Gobierno contra la universidad pública.
Pero este hecho no fue el único en un miércoles movido para el arco político y universitario nacional. En las inmediaciones de donde se decidía todo se produjeron serios incidentes, con las fuerzas de seguridad como principales protagonistas, ejerciendo el aparato represor del Estado contra quienes osaban reclamar por sus derechos.
El malestar y la bronca de los manifestantes que le reclamaban al Congreso que no avalara el veto del desfinanciamiento universitario del presidente de Javier Milei escaló cuando los aliados del oficialismo ratificaron la medida presidencial en la Cámara Baja.
En ese sentido, hubo golpes y corridas entre quienes estaban protestando y seguidores libertarios que se hicieron presentes en el lugar. Un local de comida rápida que estaba en las cercanías tuvo que cerrar sus puertas ante los enfrentamientos.
???? ASÍ LA POLICÍA AGREDIÓ AL EQUIPO DE CRÓNICA EN LAS INMEDIACIONES DEL CONGRESO pic.twitter.com/dRXPNjlYYd
— Crónica (@cronica) October 9, 2024
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Además, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires atacó a quienes protestaban, entre ellos estudiantes, jubilados y trabajadores, e incluso agredió a camarógrafos y periodistas de canales de televisión que habían ido a cubrir el suceso. Asimismo, detuvo a personas que se encontraban en la vereda, sin motivo alguno.
Palos y gases lacrimógenos fueron los elementos utilizados por las fuerzas para doblegar las manifestaciones, consiguiendo su objetivo por los efectos nocivos de las sustancias lanzadas, dificultando la visibilidad y respiración de los manifestantes.
Como queda reflejado una vez más, la violencia política e institucional es la modalidad elegida por este Gobierno para legitimar sus políticas de hambre, encontrando en la represión el método para barrer con cualquier opinión contraria a sus intereses, sin importarle el grupo social que se encuentre levantando la voz. Prácticas neofascistas que desnudan la forma de «aprobar» leyes y hacerlas respetar, a espaldas del pueblo, con manejos espurios, vallando el lugar donde se da el visto bueno a la entrega del país.