Autoridades policiales argentinas y colombianas rastrean el dinero generado por cobros de tasas por préstamos ilegales.



La investigación iniciada en Curuzú Cuatiá por el delito de usura por parte de prestamistas con el sistema “gota a gota” derivaría en operaciones en Colombia y Brasil, donde estarían radicados los principales líderes de una organización sospechada de cometer delitos financieros y contra las personas.

 

Así lo dieron a conocer autoridades de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad de la Nación que explicaron los pormenores de la causa activada a partir de las averiguaciones iniciadas por la fiscal curuzucuateña María Alejandra Talamona.

 

Los resultados de estas averiguaciones fueron dadas a conocer ayer en la sede del Cuerpo de Policía Montada de PFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Martín Vega, el titular del Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, quien activó la causa judicial en diciembre del año pasado.

 

El magistrado correntino explicó detalles de la causa junto a la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia; los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Coordinación, Formación y Carrera, Alberto Föhrig, y el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta.

 

En ese marco, la máxima autoridad de la Policía Federal Argentina explicó que la investigación llegaría hasta Colombia, donde se sospecha que están los jefes de la organización que tiene ramificaciones en otros países de Sudamérica.

 

Respecto del origen del dinero, Roncaglia sostuvo: “Tenemos elementos para sospechar que este sistema de préstamo es un nuevo método de inversión de las organizaciones de narcotráfico”, y así informó que las averiguaciones continúan en colaboración con fuerzas de seguridad de otros países, especialmente de Colombia.

 

Sostuvo en relación a ello que “estas organizaciones actúan en Argentina, Paraguay y Brasil, según como cambie la situación económica”.

 

“Está probado que todo el dinero que se recaudaba por medio de estos préstamos usurarios y que se cobraban con agresiones a personas muy pobres, se enviaba en bajas cantidades nominales a Colombia”, sostuvo Roncaglia.

 

“PITUFEO” COLOMBIANO

 

El sistema conocido en Argentina como “sistema de préstamos gota a gota”es llamado en Colombia como “pitufeo”. “Se trata de una gran cantidad de personas que manejan pocos montos de dinero en un sistema piramidal”, explicaron las autoridades en conferencia de prensa.

 

Esta modalidad de usura “pone en riesgo no sólo el patrimonio de los eventuales damnificados, sino también su integridad física en caso de incumplimiento. Este mecanismo especula con las necesidades urgentes de los clientes, que reciben a sola firma el préstamo en efectivo, sin necesidad de presentar aval o garantía alguna”, explicaron las autoridades de la PFA.

 

Esta organización “se hallaba al margen de los lineamientos legales y no poseía la capacidad de cursar una demanda, por lo que en caso de falta de pago utilizaba acciones violentas como extorsiones, daños a sus bienes, amenazas físicas y de muerte a familiares, para exigir y recuperar la inversión realizada”, ahondaron.

 

En la investigación activada en Curuzú Cuatiá se pudo establecer que la tasa de interés de los préstamos podía llegar a quintuplicar a la de las entidades financieras o tarjetas de crédito, con cancelación exigible en cuotas diarias, semanales o mensuales.

 

Para lograr sus fines, la banda criminal utilizaba como fachada, locales de venta de muebles en cuotas y operaba con una estructura piramidal.

 

La organización estaba compuesta por un responsable principal, un inversionista radicado en Colombia, poseedor del capital destinado a los préstamos.

 

El segundo escalón estaba integrado por los encargados de las regiones -Corrientes, Bahía Blanca y Concordia- en distintos países, y luego otros en localidades, quienes tenían a su cargo la recaudación del dinero y el control de los cobradores.

 

Por debajo estaban los liquidadores, quienes se encargaban de negociar los préstamos, y la cadena de mando continuaba hacia abajo con los encargados de realizar los cobros, y son éstos los que están sospechados de actuar violentamente, amenazar de muerte y causar daños a quienes estaban imposibilitados de hacer frente a las tasas usurarias aplicadas en los préstamos.

 

Esta modalidad de préstamos sería utilizada principalmente por el crimen organizado. “El narcotráfico tiene el problema de tener mucho dinero en efectivo que necesitan incorporarlo al sistema legal, por lo que necesariamente deben recurrir a profesionales para lavarlo. Y sospechamos que este mecanismo (de préstamos) es utilizado para invertir y obtener más dinero”, explicó Roncaglia.

 

Respecto del origen del dinero, se sospecha que sería originado en Colombia y luego “el dinero en efectivo provenía de Brasil’, desde donde se enviaba a Argentina.

 

De esta forma existía un líder radicado en Bahía Blanca y otros en Concordia y Corrientes, que coordinaban las acciones de personas con menor responsabilidad. En esta pirámide, debajo de los jefes regionales existirían otros que se encargarían de coordinar los grupos encargados de conseguir clientes para realizar los préstamos de dinero.

 

El jefe de la fuerza de seguridad que realizó las averiguaciones y los allanamientos, aclaró que la investigación iniciada en Curuzú Cuatiá es inicial, pero que ya están en contacto con la Policía de Colombia para avanzar.

 

Remarcó que el circuito del dinero comenzaba en el país cafetero y la hipótesis es que se originaba en actividades del narcotráfico. Los responsables de la organización enviaban remesas de dinero a Argentina donde otros cómplices las utilizaban para realizar préstamos.

 

MEGAOPERATIVO

 

El 5 de diciembre pasado, la fiscal de Instrucción María Alejandra Talamona pidió el inicio de dos causas judiciales vinculadas con agresiones a clientes que habían accedido a créditos por la modalidad “gota a gota”. Fue luego de que usureros de nacionalidad colombiana amenazaran a un comerciante que no podía pagarles un microcrédito, y al que le habían destrozado el negocio. Fue así que el juez Martín Vega solicitó a la Unidad Regional III que se ejecuten tres allanamientos en esa ciudad.

 

Durante los operativos se detuvo a dos hombres de esa nacionalidad y se estableció que uno de ellos ingresó al país de manera ilegal.

 

En los procedimientos se encontraron documentos que indicarían que los sospechosos enviaban el dinero a Colombia en pequeños montos, además de teléfonos y computadoras.

 

De esta manera, la causa por amenazas y por usura derivó en la detección de actividades de lavado de dinero.

 

Debido a la complejidad de la actividad delictiva se pidió la colaboración de la Policía Federal Argentina.

 

Luego de diez meses de investigación, el 2 de octubre pasado el juez Vega ordenó 50 allanamientos para la detención de 69 personas -70 hombres y 25 mujeres-, entre las que se hallan 81 colombianos, 8 venezolanos y 6 argentinos.

 

Además fueron vinculadas a la causa otras 26 personas que no fueron apresadas, pero son investigadas.

 

Los allanamientos fueron en la capital correntina y en las localidades de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Goya y Bella Vista. En Entre Ríos hubo operativos en cinco ciudades y uno en la provincia de Buenos Aires.s