El poderío político de Gustavo Valdés pareciera llegar a su fin. El caso Loan, aún sin resolución, conmocionó a todo el país y mostró al gobernador de Corrientes sin capacidad de reacción. Obras faraónicas en la capital provincial, falta de respuestas a los incendios e inundaciones y un abandono total de los pueblos del interior desnudan las grandes falencias de un modelo que luce agotado.











La desaparición del niño Loan Danilo Peña no tiene antecedentes cercanos en Corrientes. El caso Schaerer, ocurrido en 2003, se asocia más bien a una venganza contra su padre, Juan Pedro Schaerer, funcionario del ex gobernador “Tato” Romero Feris.





El caso del niño de 5 años que se perdió del patio de la casa de su abuela en el pequeño paraje de 9 de Julio desató una crisis de efectos aún incalculables y que puso en el ojo de la tormenta al gobierno de Valdés, incluyendo a la policía y a la justicia.





Desde el inicio, la investigación presentó serios problemas. Un comisario de nombre Walter Maciel fue acusado de plantar pruebas, desviar la investigación y encubrir a los responsables del rapto. También salió a la luz una vieja denuncia de abuso y traslados por inconducta, y la desobediencia de una orden judicial para cerrar los anillos de seguridad, como establecen los protocolos en casos de extravíos de personas.





La gravísima situación que atraviesa la provincia de Corrientes escaló a nivel nacional. Muy preocupado por el desenlace del caso, el presidente Javier Milei apuntó contra la justicia correntina. Una alta fuente de la Casa Rosada sostuvo que “él sigue enojado con la justicia correntina que, para él, no colaboró lo suficiente”. El presidente está convencido de que, en un primer momento, los funcionarios judiciales correntinos retacearon información valiosa de la investigación. “A Patricia no la dejaron participar” y “recién accedieron al expediente una semana más tarde”, agregó.





En una entrevista brindada al canal TN, Milei embistió contra la justicia de Corrientes, de históricos lazos con el poder político provincial. Allí manifestó que “no permitieron que fuerzas federales participaran del proceso, aún así nunca se le quitó el hombro”. Y agregó que “para sacarse el problema de encima” delegaron la causa al fuero federal.





De manera incomprensible e impulsiva, en plena escalada del escándalo Valdés expresó a través de su cuenta de X que “se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”. Y agregó que “Laudelina (tía de Loan) declaró ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”.



El nivel de escándalo fue tan grande, que la ministra Bullrich llegó a viajar a la localidad de Goya y participó de los rastrillajes junto a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, pero no tuvo anuncios para dar. Desde el entorno de la ministra de Seguridad de la Nación no ocultron su malestar con el gobernador correntino. “Patrícia sabía horas antes sobre la teoría del accidente. Valdés se adelantó, fue impulsivo, y le salió mal”, afirmaron en relación al testimonio de Laudelina Peña, quien sostuvo que el niño fue atropellado por Carlos Guido Pérez, capitán de navío retirado.



Ante el avance de las especulaciones respecto a los desmanejos del caso, el fiscal provincial Gustavo Robineau contó los detalles de cómo surgió la declaración de Laudelina en la madrugada de un sábado. El funcionario judicial manifestó que tenía la obligación de tomar la denuncia por la urgencia que señalaba el abogado de la tía de Loan, José Codazzi, y defendió su accionar al sostener que no fue una intromisión en la actuación de la justicia federal, fuero al que después se giraron las actuaciones.



Lo cierto es que, a 136 días de su desaparición, el caso Loan está cada vez más empantanado y las especulaciones relacionadas con las oscuras garras del poder correntino son innumerables.



Haber estado tanto tiempo en el foco de la prensa nacional fue una verdadera pesadilla para Valdés.



El letrado Fabián Améndola, del equipo de Fernando Burlando, quienes se desempeñaron como abogados de la familia de Loan al comienzo de la investigación, había denunciado que el abogado Codazzi “tiene relaciones con el Gobernador de Corrientes” y resaltó que “acá hay muchas cosas extrañas. Que hayan llevado a Laudelina a Corrientes y luego la hayan llevado a un hotel es un movimiento extraño”.



Las acusaciones de Améndola coincidieron con las de Burlando, quien había señalado en su momento la existencia de una posible complicidad entre la familia de Loan y las autoridades políticas, policiales y judiciales de Corrientes. El abogado mediático denunció “las interferencias de poderes que son ajenas del Poder Judicial”. En esa línea había apuntado contra el mal desempeño de la Justicia correntina: “La gente se queja mucho por la interferencia, que no les importe la familia, que no les importe Loan y entorpezcan la investigación y pongan trabas” remarcó.



Lo cierto es que José Codazzi, figura clave en este caso, es un abogado con presuntos fuertes vínculos con el gobierno provincial y la justicia correntina. Su participación en el caso generó grandes controversias atento a que su supuesta estrecha relación con Valdés despertó sospecha sobre una posible complicidad en los altos niveles del gobierno correntino.



El caso Loan escaló a niveles impensados e interpeló directamente al gobernador y a su estructura de poder. La desaparición del niño correntino generó ira e indignación de un pueblo que se movilizó masivamente, tal es así que se multiplicaron marchas en diferentes localidades de la provincia de Corrientes para pedir por la aparición con vida de Loan con durísimas críticas al gobierno provincial. La manifestación más importante tuvo lugar frente a la mismísima Casa de Gobierno en donde un numeroso grupo de personas pedían “que se vayan todos”.



Los delincuentes se adueñaron de las calles

Corrientes padece graves problemas de inseguridad producto de la falta de inversión por parte de un gobierno ausente. El caso Loan dejó al descubierto la incapacidad de la justicia correntina para dar certeza sobre el paradero de un niño desaparecido que aún sigue siendo buscando en todo el país y la región. Lo cierto es que la mayoría de los argentino advierten que en Corrientes pasan muchas cosas raras.



En las redes sociales de los correntinos abundan relatos de casos que ponen de manifiesto que las calles de Corrientes capital son de los delincuentes. Se puede observar la impotencia que genera el hecho de no poder caminar tranquilamente por sus barrios, y el fastidio que despierta saber que los delincuentes solo estarán detenidos un par de horas para luego volver a ser dueños de las calles.



Meses atrás, el diario correntino Época daba cuenta de que en la Primera Circunscripción judicial hay solo siete fiscales de investigación y hay 80.000 denuncias por año. Es decir, si se lo divide proporcionalmente, cada fiscal debería investigar unos 11.400 casos por año. Esto equivale a 950 expedientes judiciales por mes, unos 31 por día. Algo materialmente imposible, puesto que los fiscales no podrían siquiera tener vacaciones ni descanso semanal ni feriados. Y ni así les alcanzaría el tiempo.



La falta de reacción permanente

Todavía permanecen grabadas en las retinas de los argentinos aquellas imágenes dantescas de los incendios que padeció Corrientes a fines de 2021 y principios de 2022.







Si bien los primeros focos activos de incendio se desataron en la primera semana de enero, las alertas desde Nación a la provincia, así como los ofrecimientos para enviar asistencia comenzaron el 19 de noviembre, debido a que Corrientes “se encontraba dentro de las áreas más críticas del país en cuanto a las condiciones de peligro de incendio”, según lo detallaba un documento del Ministerio de Ambiente.



Desde esa cartera nacional, se advertía una situación de gran complejidad “dado factores como índices de ignición, sequedad de la vegetación, actividad de focos de calor, estado de la vegetación y fenómenos meteorológicos esperados”.



Lo cierto es que el 23 de enero, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego había enviado una nota formal al ingeniero Roberto Rojas, director de Recursos Forestales de la Provincia de Corrientes, donde ofrecía “apoyo terrestre para combate de incendios forestales con brigadas de combate”. En el correo electrónico remitido al funcionario correntino se precisaba que, en caso de que la provincia requiera dicho apoyo, “un lugar para alojar a esta brigada (dormitorios, lugares para aseo personal, cocina, etc) y la comida para esos días de estadía en la provincia”.



Desde Corrientes subestimaron la situación y el resultado fue conocido por todos. Según los analistas del Ministerio de Ambiente de la Nación se habrían incendiado más de 1 millón de hectáreas entre enero y marzo de 2022. La superficie arrasada por el fuego representa el 12% de la provincia.



Las pérdidas económicas fueron calculadas en más de $69.000 millones por el impacto en la ganadería, arroz, forestación, yerba mate y cítricos. Este cálculo no contempla el daño irreparable que afectó a la biodiversidad.



Corrientes pasó del infierno de sufrir incendios devastadores (y evitables) a inundaciones sin control en tan sólo 2 años.



Este año, varias ciudades de la provincia litoraleña recibieron intensas lluvias y quedaron bajo agua. Esta situación dejó en evidencia las limitaciones de la planificación de obras del Modelo Correntino que lleva dos períodos con Gustavo Valdés al frente.



Queda claro que la provincia comandada por el referente radical no cuenta con un plan hídrico. Tampoco existe una planificación territorial y habitacional que permita tener, en principio, un plan de evacuación efectivo y prevenir situaciones de peligro en las viviendas. Por aquellos días, la postal era de casas derrumbadas y calles convertidas en ríos.



La capital correntina es una de las capitales del país con más asentamientos, 60 en total, sin ningún tipo de planificación habitacional. A nivel provincial, el panorama es desolador, puesto que el Instituto de la Vivienda de Corrientes (IN.VI.CO.) carece de un plan de viviendas sociales.



Obras faraónicas sin ningún sentido

El gobierno de Valdés ha ejecutado una larga de lista de obras, muchas de ellas polémicas, de las cuales se desconocen sus costos.



Uno de los casos más resonantes es el de la remodelación de la fachada de la Casa de Gobierno. Las tareas comenzaron en agosto de 2020 y finalizaron en diciembre de 2021. Al día de hoy, aún se desconoce el presupuesto de los trabajos, ya que no hay datos públicos ni respondieron los pedidos de acceso a la información pública.







Se trata de las obras de restauración que también comprendían el centro histórico de la capital provincial junto con la plaza 25 de Mayo y los edificios de los alrededores.



Otros de los grandes agujeros negros de la obra pública son los Parques Industriales. “Corrientes tiene una fuerza increíble y un suelo bendito por Dios y estamos poniendo todo el esfuerzo para ser una gran provincia industrial y lograr el futuro que todos queremos”, manifestaba un Valdés necesitado por refundar su gobierno en el mes de julio en un acto de entrega de proyectos ejecutivos de construcción de Parques Industriales a los municipios de Monte Caseros, Mocoretá, Alvear, Curuzú Cuatiá, La Cruz, San Carlos y Santo Tomé.



Lo cierto es que al día de la fecha, Corrientes cuenta con 14 Parques Industriales que se convirtieron en grandes predios con cerco perimetral sin energía, por lo que la radicación de industrias es nula.



Escándalo con las vacunas del dengue

El dengue fue otro de los grandes problemas para la gestión de Valdés. No sólo por la propagación del virus sino también por las sospechas de negociados en torno a la vacuna.



En mayo de este año se conoció una denuncia que daba cuenta de que la obra social correntina le habría “salvado” un lote de vacunas que se estaban por vencer a un empresario amigo del mandamás correntino.



Desde el portal La Política Online, apuntaron contra el empresario “Juanci” Castro, quien controla el negocio farmacéutico en Corrientes y es dueño de la cadena de farmacias Farmar.



Fuentes de la oposición correntina denunciaron que Valdés salvó a su amigo de un mal negocio con las vacunas del dengue. Las versiones indican que con el riesgo de un pérdida económica de grandes dimensiones por la falta de venta de vacunas, habría aparecido la mano salvadora del gobierno correntino.



De acuerdo a lo publicado por LPO, Castro controla políticamente el IOSCor y ejerce como intermediario de todos los negocios del organismo, incluidos los que involucran a sus rivales farmacéuticos. Además, aseguran que la obra social tendría un convenio de prioridad para que todos los afiliados tengan que comprar únicamente en Farmar. El resto de las farmacias solo pueden acceder a “cupos” de venta.



Castro también estuvo en la mira haber recibido, presuntamente, millonarios préstamos del gobierno correntino para stockearse de medicamentos que después vendía al IOSCor.



Correntinos ven a Misiones como el modelo a seguir

Meses atrás retumbaron las declaraciones radiales del intendente de la localidad de Gobernador Virasoro. “Los correntinos sentimos un poquito de envidia sana de que la provincia de Misiones tuvo un crecimiento importante en infraestructura. Es algo que analizamos con otras provincias, como Chaco y Entre Ríos”, había afirmado Emiliano Fernández en Radio News.







El intendente de Virasoro expresó su admiración por el modelo de gestión estratégica de Misiones y destacó su infraestructura y servicios como un ejemplo a seguir.



En dicha entrevista, el jefe comunal manifestó que muchos habitantes de Virasoro y norte de Corrientes buscan atención médica en Misiones, debido a la superior calidad de su infraestructura. “A muchos virasoreños y correntinos del norte les duele ver que tengan que irse a otra provincia para tener servicios de salud de calidad como los que presta el Hospital Madariaga (emplazado en el Parque de la Salud de Posadas)”, sostuvo Fernández.



En materia habitacional, el intendente de Virasoro reconoció que Misiones superó a Corrientes en los niveles de construcción. “Vemos que los niveles de construcción de vivienda son mejores que los de Corrientes. En los últimos años, nos dimos cuenta de los avances que tuvo en comparación con la nuestra”, manifestó al respecto.



A los halagos de Emiliano Fernández, que ve a Misiones como un modelo eficiente y efectivo a seguir, se suman las recientes opiniones de sectores de la sociedad correntina, todavía conmocionados por el caso Loan, que han expresado su admiración por el perfil vanguardista de la justicia misionera tras la creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos, una unidad fundamental perseguir delitos como la pedofilia, el tráfico de menores, el grooming, y otros tipos de delitos que atentan contra las infancias. Con el caso Loan empantanado y lejos de resolverse, un gran número de correntinos sostienen que una fiscalía de las características como la que se creó en Misiones, sería una herramienta de gran utilidad para resolver este tipo de casos.



Por Nicolas Marchiori

MisionesOnLine