La jueza federal María Servini ordenó reanudar el peritaje sobre las llamadas del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su gobierno, en la causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo para torcer su voluntad en difusión de determinadas noticias, así como para eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Servini decidió continuar con el peritaje, aunque la Cámara Federal se había opuesto, hasta que ese dictamen de la Cámara esté firme. La jueza ya informó a la Dirección General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial.

El peritaje irá desde el 1 de enero del 2016 a el 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos de Macri, del ex jefe de asesores de Presidencia José Torello, del amigo de Macri Nicolás Caputo, del diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, del ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel;y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.

Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia se habían opuesto tras considerar que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo. Además, los camaristas adhirieron a los planteos de las defensas, las cuales habían opinado que el peritaje afectaba "derechos individuales".

El entrecruzamiento ordenado abarcaba el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle "de interlocutores comunes y frecuentes", en medio de sospechas sobre si a partir de diciembre de 2015 hubo presiones al Grupo Indalo, porque "se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno" de ese momento.

Ante la queja de los abogados defensores, la Cámara le había pedido a la jueza que delimite "los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes" para la causa que investiga.

Asimismo, le había reclamado a Servini que "ni bien se produzcan los primeros resultados" de las pericias, esa información fuera recibida "únicamente por el juzgado para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de Justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas".