El acuerdo que permitió la firma del Pacto Fiscal incluyó concesiones de parte del gobierno central y compromisos de todos los distritos, amén de arreglos particulares. Y una gran ganadora: María Eugenia Vidal.

 

En el tira y afloje entre Nación y provincias que dio lugar al pomposo Acuerdo para un Nuevo Federalismo, ambas partes tuvieron que ceder: demandas contra el Estado federal, en el caso de las provincias, y compensaciones del Tesoro para los distritos, a fin de que no pierdan recursos por los pagos hacia Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano.

 

El entendimiento también reflejó un cambio en la propuesta oficial sobre el recálculo de las jubilaciones: ahora se estudia instrumentar una fórmula “polinómica” que asegure que crezcan “por encima” de la inflación trimestral tal como se planteaba hace una semana.

 

Las provincias también se comprometieron a bajar gradualmente impuestos distorsivos, como ingresos brutos y sellos. Y, también, a revisar los regímenes previsionales locales: hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Anses.

 

Es el caso de Misiones. El gobernador Hugo Passalaqua admitió que “más que el tema previsional en nuestra provincia pesan más los cambios en ingresos brutos. Sí vamos a tener compensaciones de Hacienda por el tema jubilaciones”. Optó por no abundar ante la consulta de este diario sobre los pedidos de Nación para adecuarse al régimen federal.

 

El propio Mauricio Macri, en el mensaje final del acuerdo, dijo que “tenemos que estudiar cambios en el sistema previsional para terminar con las jubilaciones de privilegio, para algunos no saquen ventajas a costa de otros”. Es que hay provincias donde los empleados estatales se jubilan a los 50 años y tienen otros privilegios particulares.

 

En la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada posterior a la firma del pacto fiscal, este diario quiso saber de los gobernadores presentes -Passalacqua, Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Gerardo Morales (Jujuy)- sobre las exigencias de Nación para sus cajas previsionales, pero Frigerio retuvo el micrófono -antes había admitido que Buenos Aires obtendrá hacia 2019 la friolera de $65 mil millones a cambio de retirar la demanda por el Fondo del Conurbano en la Corte Suprema- y dijo que “me anticipo a contestar las preguntas: no hubo ninguna cesión especifica de las provincias. Vamos a manejarnos con las provincias que no tienen las cajas transferidas, financiando aquellos componentes del déficit armonizados con la política de Anses”.



Algunos representantes de provincias admitieron, por lo bajo, que aunque en la letra del acuerdo no estaba contemplado que tengan que armonizar los regímenes provinciales a los de Nación, hubo sugerencias. En cambio, destacaron que las cajas seguirán estando bajo la órbita provincial, luego de las versiones que daban cuenta que pretendían ser absorbidas por la Anses.

 

Tras la conferencia, la gobernadora fueguina Rosana Bertone admitió que su administración ya promovió normativas para equiparar las jubilaciones provinciales a la normativa federal. “Ya lo modificamos, hemos subido las edades (jubilatorias). Ahora cada uno cada uno tiene que afrontar sus cajas de jubilaciones.

 

En Tierra del Fuego tenemos un déficit de $2 mil millones, queremos que la caja y las jubilaciones de estatales sigan en la provincia, pero hay que hacerlo más sustentable en el tiempo, corregir bien las cosas y hacer más modificaciones que tiendan a esa sustentabilidad, pero para ello tengo que reunir consenso político”.

 

Acerca del proyecto oficial para cambiar la movilidad jubilatoria, que en principio sugería un ajuste por inflación trimestral, ayer el ministro Rogelio Frigerio admitió que la fórmula “estará por encima de la inflación”, sin dar detalles

 

Un funcionario consultado anoche por este medio dijo que “los jubilados van a tener algo más que la inflación. La fórmula está, es compleja, es una forma polinómica, matemática pura”; de lo que aún no hay precisiones es sobre si tendrá en cuenta la recaudación de un tributo en particular.

 

En este sentido, el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, argumentó el cambio. “Como se va a derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias (por la compensación a la Provincia por el Fondo del Conurbano), las jubilaciones hubieran mostrado una fuerte caída en 2018. De ahí la necesidad de moverse hacia una fórmula que tome el índice de precios para preservar el valor real”, apuntó. Respecto de la anulación de jubilaciones de privilegio, reconoció que “hay derechos adquiridos, pero para adelante tenemos que avanzar entre Nación y provincias en correcciones por lo que perciben ex funcionarios públicos y de la justicia”.

 

El bono 2018, en cambio, es la zanahoria que le ha dado Nación a las provincias para que resignen los juicios contra el Estado federal por reasignación de recursos.

 

Pese a que las provincias desistieron de seguir haciendo juicios, hubo arreglos particulares para -al decir de Bertone- quitar esa “espada de Damocles sobre la espalda” de las cuentas provinciales que significaba la demanda bonaerense por el Fondo. Fue el caso de Santa Fe que, con fallo favorable de la Corte en su demanda por $51 mil millones, se llevó el compromiso de Nación de que antes del 31 de marzo “tendrá acordado el monto y la modalidad de pago” de esa deuda.

 

El vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, regresó al anochecer a Casa Rosada para una audiencia privada con el ministro Rogelio Frigerio. La idea, dicen en su entorno, es seguir negociando: la provincia tienen una sentencia de la Corte Suprema a favor en el reclamo por la deuda de Coparticipación y 14 juicios entablados con Nación por montos retroactivos de $40 mil millones. No descartan un ulterior acuerdo, pero por ello piden una compensación justa. “Las puertas siguen abiertas para el acuerdo. Alberto (Rodríguez Saá) vuelve la semana próxima al país”, esgrimen.

 

Otro de los apartados del acuerdo es que promueve metas para la estandarización de los subsidios públicos: en 2019 para la energía eléctrica y en 2021 para el transporte; lo que se busca es que el precio del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires no reciba más aportes estatales que, por ejemplo, en Córdoba.

 

Y también, en un título que semeja a la década del 90, se invita a las partes a consensuar una “nueva ley de modernización del Estado” que impulse “una administración pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, transparencia y calidad de servicio”. Esta iniciativa se conoce en medio de versiones sobre recortes de contratos en distintas dependencias estatales hacia fin de año para achicar el gasto.

 

La gran ganadora del pacto fiscal fue la administración de María Eugenia Vidal, que podrá disponer en 2018 de $40 mil millones y de $65 mil millones en 2019, ajustados por inflación, para volcar a obras públicas y planes de asistencia en el Conurbano. La compensación termina por un lado con el Fondo del Conurbano con la derogación del artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias, y por otro, activa un mecanismo de “transferencias automáticas” hacia el resto de las provincias que venían cobrando por ese tributo nacido en 1991.

 

Las partes se comprometieron a que dentro de 30 días los gobiernos nacionales y provinciales elevarán a sus propias legislaturas los proyectos para modificar las leyes necesarias para dar cumplimiento al entendimiento. Es que, por caso, Vidal dijo que retirará la demanda presentada en el máximo tribunal una vez que el paquete de leyes sea sancionado y refrendado por la legislatura local. Cada jurisdicción, irremediablemente, deberá hacer lo mismo.